LA DIPUTADA STUBRIN PROPONE LA CREACIÓN DE UNA CONADEP SOBRE LA INUNDACIÓN DEL SALADO
El proyecto, que lleva la firma ademas de los diputados Jesús Rodriguez., Alberto Piccinini, Noel Breard, Ricardo Vázquez, Nilda Garréy Aldo Neri , explicita en sus fundamentos que “ tiene como fin reeditar aquella valiosa experiencia que comenzó con el advenimiento democrático, y la investigación llevada adelante por lo que oportunamente se llamó CONADEP”.
“No es irrisorio pensar que los santafesinos necesitamos de una Comisión Investigadora para saber que ocurrió realmente aquellos días, sus causas, consecuencias y los efectos que aun hoy sufren miles de conciudadanos, y las secuelas que ha dejado en la población”, agrega la legisladora santafesina.
Mas adelante, la diputada Stubrin justifica la amplitud de la convocatoria “el proyecto pugna por ser lo más amplio posible en las facultades de esta Comisión, pero así también sus integrantes deben poseer la calidad humana recomendable para estos casos, actuando con la ecuanimidad máxima posible, evitando claro esta, no juzgar ni entorpecer el normal funcionamiento de la justicia, que hoy esta paralizada”.
Sistema Juridico: Los Jueces son nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa. No ha funcionado en forma correcta el Consejo de la Magistratura, por retiro de los Colegios Profesionales a su integración y que por este motivo, los nuevos jueces a partir de este último año, han debido pasar un exámen de oposición, a pedido de la colegiación profesional de abogados. La Corte esta integrada por miembros han sufrido cuestionamientos importantes en la forma de designación de sus vacantes forzadas con juicios políticos inconclusos por renuncias, en el último período, con una gran cercanía al gobernador, que les garantiza funcionalidad además en el Tribunal Electoral Provincial, que es presidido por el titular del Superior Tribunal. (Hay investigaciones periodisticas efectuadas en relación a la justicia en las provincias realizadas por el equipo de Jorge Lanata )
Sistema Político: El Senado esta integrado por 19 legisladores elegidos por sistema uninominal en cada uno de los departamentos provinciales. Lo preside el Vicegobernador. La Cámara de Diputados posee 50 miembros, de los cuales 28 se lleva el partido que gana las elecciones y 22 se divide la oposición, es decir posee mayoría que impide progresen los proyectos de las demás fuerzas políticas. Los integrantes del Tribunal de Cuentas son designados por el Gobernador con acuerdo de la Asamblea Legislativa, cuya ley se intenta modificar actualmente impidiendo que la integran abogados, que por tratarse de una ley de Administración y Control, debe indefectiblemente estar integrada por abogados además de contadores, para ejercer el control de legalidad, y promover juicios de responsabilidad de funcionarios, si correspondiere. En consecuencia, donde fracasan los organismos de control establecidos en la constitución provincial, nos merecemos los Santafesinos tener un control federal que lleve luz a este flagelo, y determine responsabilidades.
Debemos citar que luego de acaecido el desastre hídrico como lo dio en llamar el Poder Ejecutivo Provincial, se envió un proyecto de ley, mediante la cual se suspenden por ciento ochenta días hábiles todas las acciones judiciales administrativas, civiles (reparación de daños y perjuicios), que impiden el acceso a la justicia y se encuentra en contradicción con los más elementales principios jurídicos de la jurisdicción oportuna o tutela judicial efectiva, declarada por la CSJN, como requisito básico para los justiciables, su cercenamiento viola la Convención Americana de Derechos Humanos en su art. 21 y 25. Sintetizando como claramente salta del texto de la ley aquellas acciones derivadas o que tengan como causa la inundación ocurrida en la Provincia.
Por decreto provincial se les hizo entrega a miles de afectados de un subsidio no reintegrable de $ 1.200 y por estos días se promete que se sumaran $ 800 a dicho monto. Pero sin lugar a dudas, y nos consta por denuncia realizada por uno de los damnificados ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, hay desaparecidos, que no se han investigado sobre las denuncias de familiares, haciendonos pensar que podemos estar en presencia de muertos o desaparecidos que no se encuentran censados por la provincia, poniendo de relieve la necesidad de poner toda la sensibilidad posible de los funcionarios de todos los poderes del estado, en la búsqueda de la verdad objetiva.
Se realizó un Censo por demás dificultoso en el cual tomaron los datos 32 encuestadores a una población afectada cercana a los 125.000. Este censo no fue suficiente por que estos censistas muchas veces no pasaron por la casa inundada, o la personas no se encontraba en ese momento en el lugar, no llegando la asistencia al destinatario ó fuera del tiempo oportuno, en otros casos fueron observados por el Poder Ejecutivo sin darle el fundamento de tal accionar, y también existen casos de personas que cobraron el subsidio, sin a ver estado el agua cercana a su vivienda, podemos citar infinidad de casos y ejemplos combinados de este tipo.
A mediados del pasado mes de junio comenzó un censo residual para que se anoten aquellas personas que habían quedado afuera del primero, y se volvieron a repetir los problemas. Cerró este censo días atrás con la inscripción de mas de 20000 personas.
La otra cara de la inundación fue y es la solidaridad de todos los argentinos y de la comunidad internacional, que envió desde colchones y ropa hasta alimentos y fármacos para los mas afectados.
En este caso no puede descartarse el posible clientelismo político que puede darse a las donaciones que repartía el Ejercito Nacional a domicilios de particulares por orden de la Secretaria de Promoción Comunitaria. Los centenares de afectados que aun hoy no han recibido nada contra aquellos que llenaron sus domicilios con donaciones de todos los argentinos aprovechándose de la confusión creada en los primeros tramos del flagelo.
Un punto que no podemos olvidar es la triste desaparición de personas que según datos oficiales del Gobierno de la provincia, sólo se desencontraron o sólo son 23 los muertos por la tragedia hidrica.
Consideramos que este maltrato dado a todos los derechos de los ciudadanos de Santa Fe, no hace mas que reafirmar, que se han producido gravisimas violaciones a los derechos humanos cometidas en nuestro pasado reciente y necesitamos que la Justicia investigue y eventualmente sancione dichos actos.
Además con respecto a esta última su interés legítimo esta contemplado en la Constitución de la Nación Argentina reformada en 1994 a través del rango de ley máxima que se les han dado a una serie de pactos internacionales sobre derechos humanos, los que incluyen la jurisdicción obligatoria de un tribunal internacional, y que no necesita del agotamiento de las vías jurisdiccionales cuando existe mora, o los medios procesales son deficientes para la solución del caso.
Con relación a la sociedad civil, debe satisfacerse ese interés legítimo de intervenir activamente en el esclarecimiento de los trágicos episodios en los que desaparecieron muchas personas, sin que esa intervención interfiera con la actuación de los órganos constitucionales competentes para investigar o condenar estos hechos, o sea, los jueces.
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