LA FISCAL GRISELDA TESSIO APELÓ EL SOBRESEIMIENTO DE MAGUID
Ante la decisión adoptada por el juez, la fiscal federal Griselda Tessio planteó un recurso de nulidad, que fue denegado por Rodríguez. Posteriormente, apeló el sobreseimiento de estas personas y, por estas horas, se espera la decisión que tomará el magistrado con respecto a dicha apelación.
En caso de que Rodríguez se mantenga firme en su postura, a la fiscal Tessio le quedará la posibilidad de presentar un recurso de queja ante la Cámara Federal con sede en Rosario.
Al esgrimir los argumentos de su resolución, Rodríguez sostuvo que el accionar de Alberto Maguid no puede encuadrarse dentro de la figura de asociación ilícita, planteada en su momento por Tessio.
Para Rodríguez, “no se han reunido elementos de convicción suficientes que demuestren la existencia de un acuerdo voluntario previo por parte de tres o más sujetos, con convergencia intencional para la comisión de delitos y con permanencia comprobada”.
“De las consecuencias probatorias investigadas -insiste Rodríguez- no aparece acreditado ni aun en forma indiciaria, con el grado de certeza propio de la etapa por la que se atraviesa, que los imputados conformaran una asociación fuera de las sociedades compuestas y legalmente inscriptas… Si bien mantenían relaciones comerciales con UPCN Santa Fe, dichas transacciones se encontraban debidamente registradas y documentadas”.
VISIÓN DE LA FISCAL
Como se recordará, al pedir que se investigaran los hechos la fiscal Tessio planteó la posibilidad de que Maguid fuera presunto responsable de ejercer la “jefatura” de una “asociación ilícita para defraudar a la provincia de Santa Fe y evadir impuestos nacionales”.
Según Tessio, “surge claramente que se ha organizado una estructura con el fin de defraudar al Estado provincial ya que, utilizando fondos públicos…, se han inflado en forma desmedida los precios de los bienes que compraba UPCN -ropa de trabajo para empleados públicos-, utilizando como intermediarias a empresas cuyo objetivo era inflar los precios…”.
La fiscal remarcó que estas firmas vendían a UPCN material con remarcaciones de hasta el 300% de los valores que se conseguían en el mercado y que, además, evadían impuestos.
Un hecho que en su momento llamó la atención fue que se descubriera que uno de los presuntos propietarios de la firma Servycom fuera, en realidad, empleado del Camping de UPCN que cobraba un sueldo de 700 pesos. En su momento, Maguid reconoció aquella situación e informó que dicho empleado había sido sumariado y, posteriormente, había presentado su renuncia al gremio.
Con respecto a la relación entre UPCN y las firmas investigadas, el sindicalista dijo: “Compramos a empresas legalmente constituidas y reconocidas por las normas formales. Nosotros preguntamos si reúne los requisitos jurídicos y contables. No se nos ocurre preguntar quiénes son los socios de una SRL o una SA”.
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