LA FISCALÍA DE ESTADO FRENÓ LOS JUICIOS CONTRA DEUDORES DE EX DIPOS

La fiscal de Estado de la provincia de Santa Fe, Irmgard Lepeniés, instruyó ayer a los apoderados judiciales oficiales que iniciaron juicios contra deudores de la Dipos residual a suspender esos procesos hasta tanto se concluyan los estudios y análisis ordenados para determinar la procedencia jurídica de tales procesos. Lepeniés adoptó este criterio jurídico a partir de una presentación de la Defensoría del Pueblo de la provincia. La medida en cuestión afecta a miles de usuarios de la ex empresa de servicios sanitarios -sólo en Rosario la cifra asciende a 10 mil- a quienes el Estado provincial les había iniciado juicios para cobrar deudas que corresponden a varios años atrás y que por ende se estima están prescriptas.

La Defensoría del Pueblo recibió innumerables quejas de los usuarios, razón por la cual resolvió el martes 25 de noviembre pasado presentarse ante la Fiscalía de Estado provincial argumentando por qué debían suspenderse las acciones judiciales. El principal argumento esgrimido se basa en que las deudas en consideración corresponden a períodos que, según jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (caso Filcrosa), han prescripto ya que datan de antes de 1995.

El defensor del Pueblo, Carlos Bermúdez, tuvo en cuenta en su presentación otros elementos para solicitar la suspensión de los juicios. Uno de ellos es que los reclamos mencionados se han iniciado en forma masiva, sin tener en cuenta tanto los casos sociales como las prescripciones que pueden haber ocurrido.

Para la Defensoría del Pueblo de Santa Fe “las exigencias de la provincia han generado un comprensible estado de incertidumbre entre los usuarios afectados, por cuanto se inician recurriendo a una argumentación que podría contradecir lo previsto en el Código Civil y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de prescripción que, en el caso en cuestión, es de cinco años”.

Distintas organizaciones no gubernamentales señalaron que era fundamental garantizar el cumplimiento del principio de legalidad por parte de la administración pública. En ese sentido la Defensoría recalcó en su presentación que “no es un tema menor la posibilidad de evitarle a la provincia erogaciones producto de eventuales juicios que entablen los usuarios” demanados por las deudas contraídas con la Dipos antes de 1995, cuando en las postrimerías del primer gobierno de Carlos Reutemann la empresa estatal fue concesionada a Aguas Provinciales.

Los reclamos de los usuarios fueron unánimes. En ese marco el jueves pasado un grupo de ciudadanos demandados por Fiscalía de Estado por deudas con Dipos Residual se hizo presente en la sede local de la gobernación donde exigieron el retiro de los más de 10.000 juicios entablados por entender que esas deudas se hallan prescriptas de acuerdo a lo fijado por el Código Civil de la Nación. Allí se reunieron con el titular de la Asociación Civil La Comuna, Carlos Comi, quien advirtió que “se está aconsejando a los demandados esperar, pero con esto solo se logra consolidar el derecho de la provincia al vencerse el plazo en que los ciudadanos tienen para oponer la excepción de prescripción, que debe ser inexorablemente interpuesta en los 10 días posteriores a recibir la demanda”.

La decisión de la Fiscalía de Estado de suspender los juicios por deudas con la Dipos residual abre un compás de espera a los efectos de considerar la validez jurídica de los reclamos de la provincia.