LA HERMANA DE LEPRATTI PROMETE SEGUIR LUCHANDO

Celeste Lepratti no olvidará nunca el jueves 30 de diciembre de 2004. Ella estaba sola en el hall de Tribunales cuando una orden de la Corte Suprema de Santa Fe cerró el Palacio de Justicia y la expulsó a la calle, envuelta en un pelotón de policías. Una hora después se enteró -también en la vereda y rodeada de uniformes‑ que la jueza Alicia Doldán (Correccional 1º) había sobreseído al ex ministro de Gobierno, Lorenzo Domínguez y al ex subsecretario de Seguridad Pública, Enrique Alvarez, por la represión policial del 19 y 20 de diciembre de 2001 que dejó siete muertos en Rosario, entre ellos su hermano, Claudio Lepratti.

“Es increíble que estas personas estén absueltas de culpa y cargo, todavía no lo puedo asimilar. Es una burla”, dijo. Celeste no tiene dudas sobre la cadena de responsables políticos que desencadenó la masacre de diciembre trágico y tronchó la vida de su hermano “Pocho”, ejecutado en el techo de una escuela: “Parece que nadie es responsable de nada, incluso el principal responsable que era el gobernador Reutemann, a quien ni siquiera llamaron a declarar”, denunció.

Ella tomó la posta familiar que le dejó su padre, Orlando Lepratti, hace apenas diez días cuando el corazón le dijo basta. “Papá luchaba para que se haga justicia y nosotros vamos a seguir. La lucha sigue”, prometió.

Celeste se sorprendió cuando fue rodeada por una decena de policías en la planta baja de Tribunales. Había viajado desde Concepción del Uruguay para acompañar a los abogados de la Comisión Investigadora No Gubernamental de diciembre trágico.

Al grupo se había unido también María Martínez, esposa de Rubén Pereyra, otro de los muertos en la represión. “Eramos seis personas. Pero a las 10 de la mañana yo estaba sola en el hall de los Tribunales de Santa Fe y ya habían llegado algunos medios locales para cubrir la actividad, cuando varios policías nos pidieron que nos fuéramos del lugar, que teníamos que salir del edificio. Pregunté por qué y como única respuesta me dijeron que había una orden de la Corte Suprema, que no podíamos hacer ninguna conferencia de prensa y nos teníamos que ir del edificio.

‑¿Un desalojo por orden de la Corte?

‑Así es, un desalojo. Incluso, pudimos comprobar que se había reforzado la guardia policial que hay normalmente en Tribunales. La conferencia de prensa se realizó en la vereda. Y después, cuando los abogados de la Comisión No Gubernamental intentaron ingresar para presentar un escrito ante la jueza Doldán tuvimos dificultades. Pudimos entrar, pero con una custodia de diez policías que nos seguían a todos lados, nos acompañaron por el edificio, nos preguntaban dónde íbamos, con quién teníamos que hablar y también dijeron que la orden era de la Corte. Por eso, después nos recibió el (prosecretario de Gobierno de la Corte), doctor (Jorge) Freyre, quien admitió que él había transmitido la orden.

‑¿Un funcionario de la Corte reconoció que había ordenado el desalojo de ustedes y la permanencia en Tribunales con custodia policial? -preguntó el colega Coni Cherep, de LT10.

‑Exactamente. Por supuesto que alegó cuestiones de seguridad. Más tarde, nosotros pudimos ingresar para presentar el escrito (ante la jueza Doldán), pero uno de los periodistas se tuvo que quedar en la vereda porque a él no lo dejaban entrar. Decían que los medios nunca tuvieron este tipo de inconveniente, pero en este caso la orden era terminante: no lo dejaron entrar.

‑¿Cómo interpretan este operativo?

-Nos sentimos mal, con mucha bronca por lo que sucedió. Es increíble la manera en que nos trataron. El operativo ya estaba previsto antes de que llegáramos, a pesar de que éramos muy pocos: cuatro integrantes de la Comisión No Gubernamental, dos familiares de las víctimas: la esposa de Rubén Pereyra y yo y tres o cuatro periodistas.

‑Y luego se conoció el sobreseimiento de Domínguez y Alvarez

‑A la hora nos enteramos que la jueza Doldán había sobreseído a Domínguez y Alvarez. Es increíble, todavía no lo puedo asimilar. Una burla por todo lo que implica y cómo cercena esta lucha que ya lleva más de tres años. El fiscal (Ricardo) Favaretto pidió el sobreseimiento y la jueza Doldán lo concedió. Pero vamos a seguir reclamando justicia. En el caso de mi hermano sólo hay un policía detenido y la condena no está firme. Pero hubo otros seis crímenes en Rosario con balas de la policía y no hay ningún procesado. Y que ahora queden libres de culpa y cargo los responsables políticos de la masacre de diciembre de 2001 es increíble, no se puede creer. ¿Qué quiere decir? ¿Que sólo Esteban Velásquez, el policía detenido por el asesinato de mi hermano, tiene algún tipo de responsabilidad en esto? ¿Qué los demás muertos no importan? Parece que la Policía era acéfala, que no recibía órdenes. Qué nadie es responsable de nada, incluso, el principal responsable que era el gobernador Reutemann, a quien ni siquiera llamaron a declarar ni una sola vez -denunció Celeste Lepratti.

‑¿Tomó la posta que le dejó su padre?

‑Sí, papá luchó hasta su muerte (el 21 de diciembre de 2004) para que se haga justicia y nosotros tenemos que seguir. Toda la familia siempre estuvo presente, pero que ahora hay que continuar más que nunca.

‑Después de perder un hermano y un padre parece difícil seguir peleando cuando todo parece indicar que se selló una alianza para proteger a los responsables políticos.

‑Una alianza entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo que ya existía y que se prolongó en el tiempo. Pero más tarde que temprano tendrá que haber justicia en Santa Fe ‑concluyó.