LA HIDROVÍA, FUERA DE TODO CONTROL

¿Cuál es la rentabilidad de Hidrovía SA, la empresa encargada de la prestación del servicio de dragado, balizamiento y señalización de los ríos Paraná y de la Plata? ¿Cuánto le debe el Estado nacional a la firma de capitales argentinos y belgas en concepto de indemnización? ¿Existe un control efectivo del servicio? A casi diez años de la adjudicación, la Sindicatura General de la Nación (Sigén) no halló respuestas a esas preguntas en su último informe sobre la prestación del servicio, de junio pasado, aunque sí produjo una serie de observaciones que encuadran a esa concesión en la matriz de lo actuado en materia de privatizaciones durante la década del 90. Ausencia de controles, falta de inspecciones, imposibilidad de determinar si la rentabilidad de la compañía es razonable y cuál es el impacto tarifario en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos fueron algunas de las conclusiones a las que arribaron los auditores de la Sigén tras revisar el contrato de Hidrovía SA con el Estado nacional. Y abren un gran interrogante respecto de la deuda que el Estado tendría con la empresa.

El convenio actualmente está bajo análisis del gobierno en la comisión encargada de la renegociaciones de los contratos de servicios públicos tras la salida de la convertibilidad.

Hidrovía SA se hizo cargo de la concesión del servicio de “modernización, ampliación, operación y mantenimiento de la vía navegable principal comprendida entre el kilómetro 584 del río Paraná y la zona de aguas profundas naturales del río de la Plata por el canal Emilio Mitre” el 20 de febrero de 1995. Los pliegos de la licitación habían sido aprobados en abril de 1993 pero entre una y otra fecha ya se realizaron modificaciones acerca del “precio máximo de referencia para las cotizaciones de la tarifa”, se incrementó el aporte estatal de 271 a 405 millones de dólares y se establecieron “aportes compensatorios del Estado a favor del concesionario” en casos de pérdida de tráfico “como consecuencia del funcionamiento de una vía navegable alternativa” que fue la del canal Martín García, estrechando el riesgo empresario.

CONCESIONES

Si antes de que Hidrovía SA se hiciera cargo de la concesión hubo cambios en las condiciones de los pliegos, lo que sobrevino con el servicio ya adjudicado no fue distinto. El 11 de setiembre de 1997 Carlos Menem firmó el decreto 918 para que el Ministerio de Economía renegociara los términos del contrato. El 3 de octubre de ese año, recuerda el informe de la Sigén, se firmó el acta acuerdo entre las partes.
La empresa se comprometía a partir de entonces a realizar el dragado en un tramo determinado del canal Punta Indio y a construir allí una zona de cruces. También debía realizar tareas experimentales de dragado para navegación de 36 y 28 pies de calado y a reparar la draga Capitán Núñez. El Estado, por su parte, aumentaba el subsidio anual que le otorgó a la compañía privada a 40 millones de dólares, autorizaba el incremento de la tarifa básica en un 25 por ciento y se comprometía al pago de 11 millones de dólares para reparar, justamente, la draga Capitán Núñez. En 1998, por medio de una resolución, Economía redujo un 7 por ciento el incremento tarifario.
Pero no hay dos sin tres. En diciembre de 2002, el gobierno interino de Eduardo Duhalde volvió a modificar las condiciones de la concesión como consecuencia del cambio de reglas de juego que arrojó como escenario la brutal devaluación de la moneda argentina. Entonces se fijó como valor de la tarifa internacional que Hidrovía SA cobra a quienes usan el canal 1,65 dólar (al comienzo del contrato era de 0,97 dólar), lo cual “representa un incremento del valor en dólares (sin computar el efecto de la devaluación) de alrededor del 45 por ciento”, calcularon los especialistas de la Sigén. La tarifa de cabotaje se estableció en el mismo valor pero en pesos.

DESCONTROL

“No se obtuvieron informes económico-financieros que analizaran los valores de rentabilidad y tasa interna de retorno obtenidos por el concesionario”, señala el informe de la Sindicatura General de la Nación en sus “observaciones”. “Si bien fueron suministrados diversos cuadros conteniendo índices financieros y datos sobre el rubro del balance, no surge en dicho marco –subraya el documento– la existencia de análisis efectuados por la autoridad de control (…) ni se expresa juicio alguno con relación a la ecuación económico-financiera, tal como surge de la ley 17520 modificada por el artículo 57º de la ley 23696, el cual expresa que «las concesiones deberán asegurar que la eventual rentabilidad no exceda una relación razonable entre las inversiones efectivamente realizadas por el concesionario y la utilidad neta obtenida por la concesión»”.

Aunque parezca increíble, en casi diez años de la adjudicación del servicio, el Estado argentino no sabe cuánto obtiene la empresa en concepto de ganancias y, por lo tanto, carece de parámetros para determinar si ese porcentaje es razonable o no.
También llamó la atención de los síndicos, en relación a los costos de la explotación, la compulsión de la concesionaria por destinar dinero al pago de honorarios y alquileres, rubros que en tres años consumieron unos 140 millones de pesos. “Se visualizaron significativos montos (en el orden de los 48 millones de pesos anuales durante el período 1998-2000) imputados a los rubros Honorarios y Alquileres en los estados contables de Hidrovía SA”, destaca el análisis, “no habiéndose obtenido informe circunstanciado sobre su composición y razonabilidad”.

Los especialistas de la Sigén dejaron constancia, también, de la demora de la concesionaria en la entrega de información económica y financiera que permita al Estado “el desempeño de las funciones de contralor”, a la vez que remarcaron que, “en relación a los aspectos técnicos, los procedimientos de control utilizados para cada actividad no se encuentran en un manual formalmente aprobado”.

“Respecto de las inspecciones de dragado –enumera el informe en materia de hallazgos– a la fecha de la presente auditoría (vale recordar que es de junio de 2004) no se están realizando por parte de inspectores de la Subsecretaría de Vías Navegables. Tampoco se encuentra formalmente instrumentada –continúa el documento– la realización de inspecciones periódicas a los efectos de verificar el mantenimiento técnico de los equipos e instalaciones en tierra entregados al concesionario”.
Por supuesto, la Sigén no obvió destacar que “aún no se haya constituido el órgano de control” para la hidrovía, creado por decreto hace once años, en 1993, un viejo reclamo de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) cuyos afiliados revistan en la Subsecretaría de Vías Navegables.

LO QUE DEBE LA EMPRESA

Una de las observaciones realizadas por la Sigén que más llama la atención es la referida a la deuda que el Estado nacional mantiene con la concesionaria Hidrovía SA. El informe señala que a mediados de 2001 –en plena crisis– se “habría” dejado de abonar a la empresa el subsidio “y otros conceptos” acordados en la renegociación de 1997. “No obstante –sostienen los auditores de la Sigén– no consta una estimación precisa de la deuda exigible y los montos que se mencionan en distintos informes serían calculados por el concesionario, sin constancia de verificación por parte del área” competente.

Y, lo que sigue, es lo mejor: “En un informe de fecha 11/9/2002 se señala una deuda aproximada de 59 millones de pesos sin intereses al 31 de diciembre de 2001”, dice el documento, y explica que en otro expediente, también de 2002, consta una deuda del Estado con la empresa de 44.689.396 pesos “incluyendo intereses”, basadas “en facturas presentadas por la concesionaria”. Pero hay más: en el mismo expediente, revela la Sigén, pero dieciséis fojas más adelante “se informa que la deuda al 31 de diciembre de 2001 sin intereses sería de 44.689.396 dólares”. Es decir, la misma cifra pero en vez de en pesos en la moneda estadounidense.

En un tercer expediente, sigue el informe, “se muestra una deuda al 31 de diciembre de 2001 de 22.948.563 dólares, y un total” a la misma fecha “de 58.518.870 dólares”. Conclusión: nadie sabe cuánto le debe pagar el Estado a Hidrovía –además de todo lo que ya le dio– en concepto de indemnización por diversos rubros.

COMPENSACIONES

En materia de compensaciones del Estado a la empresa, el documento elaborado por la Sigén en base a trabajos propios y otros de la Auditoría General de la Nación (AGN) y de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Economía, recuerda que el gobierno, al dejar de pagar a Hidrovía SA el subsidio durante 2002 y 2003 (40 millones de dólares anuales), estableció en el acta acuerdo firmada con la empresa un incremento de la tarifa (se la llevó a 1,65 dólar la internacional y el mismo valor en pesos para la de cabotaje) en compensación por esa deuda.
Pero eso también trajo un inconveniente al “no establecer con claridad la forma en que se determinará el importe cubierto por ese mecanismo”. Así lo explica la Sigén: “Dado que la tarifa internacional se aplica en dólares, el aumento dispuesto podría derivar en una compensación mayor a la deuda por subsidio”. Por esa razón, sigue el documento, “no es posible determinar con exactitud el monto del pasivo asumido por el Estado nacional ni el monto que representa la compensación tarifaria otorgada”.