LA IGLESIA NO CESA SU PUJA CON EL GOBIERNO
El Episcopado argentino exteriorizó ayer sus dudas sobre los alcances del decreto presidencial que desconoce a monseñor Antonio Baseotto como obispo castrense, mientras la Santa Sede lo analizaba minuciosamente para determinar si considera rescindido “unilateralmente” por parte del gobierno el concordato de 1957.
La Casa Rosada, en tanto, evitó confrontar públicamente con los hombres de la Iglesia y buscó viabilizar el conflicto por los “canales diplomáticos habituales” para que la Santa Sede nombre un obispo castrense “distinto de Baseotto”.
No obstante, consideró “poco probable” remitir una nota aclaratoria, o redactar un nuevo decreto, especificando que “no impide” a Baseotto ejercer su ministerio pastoral como pretende el Vaticano.
Ante esta negativa, era casi un hecho en Roma y en Buenos Aires que “el lunes o martes” la Santa Sede notificará “no en muy buenos términos” su malestar por la ruptura de los acuerdos preexistentes. El escrito vaticano reiteraría además lo dicho por el vocero papal, Joaquín Navarro Valls, en cuanto a una posible violación de la libertad religiosa en Argentina.
Los mayores reparos eclesiásticos están contenidos en el punto uno del decreto 220/05, que deja sin efecto “el acuerdo a Su Excelencia Reverendísima monseñor Antonio Baseotto como obispo castrense” y, en consecuencia, deroga el decreto 2.499, firmado el 1º de diciembre de 2002 por el entonces presidente Eduardo Duhalde.
Para los canonistas vaticanos, ese párrafo “violenta unilateralmente” el concordato suscripto en 1957 y certifica que Baseotto está “impedido” de ejercer sus tareas como obispo. “El decreto deja poca claridad sobre la libertad de monseñor Baseotto. ¿Qué tipo de actividades le restringe? En principio el decreto es muy amplio y parecería restringirle todo. Entonces, eso exige una aclaración diciendo exactamente que está garantizada la libertad de monseñor para expresarse”, dijo el vocero del Episcopado Jorge Oesterheld.
Tras indicar que “lo que quedó escrito es el decreto, y el decreto tiene que ir acompañado no solamente con algunas palabras, sino con cosas más concretas”, el portavoz episcopal estimó que “en el Vaticano están esperando definiciones más claras del alcance del decreto y por escrito sobre si está debidamente garantizada la libertad de monseñor Baseotto de actuar como obispo”.
Por su parte, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, consideró que “no sería muy saludable” seguir debatiendo sobre el cruce entre el gobierno y el Vaticano, aunque ratificó que para el Estado argentino el prelado “puede seguir ejerciendo su ministerio”.
Asimismo, señaló que “seguramente” la Cancillería se estaría ocupando de las precisiones y comunicaciones que demandaba la Santa Sede.
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