LA IGLESIA PIDE QUE SE CAMBIEN LOS PLANES JEFAS Y JEFES DE HOGAR

La Iglesia le pidió al Gobierno que reemplace progresivamente el plan para Jefas y Jefes de Hogar desocupados —una asignación mensual de $ 150— por un subsidio para madres de familias indigentes, cuyo monto dependa de la cantidad de hijos.

La aceptación del pedido implicaría el fin del principal programa social del Estado —hoy reciben la ayuda más de un millón y medio de hogares—, que fue creado en el peor momento de la crisis —febrero de 2002— a propuesta de la Mesa de Diálogo que propiciaron los propios obispos.

La propuesta persigue que el dinero se distribuya sólo entre los sectores más pobres —los indigentes están en la peor situación— y con un criterio de mayor equidad, al fijarse el monto de acuerdo con el número de hijos.

La iniciativa busca que baje la posibilidad de superposición de ayudas a una misma familia, cuyo jefe —al contar con mayores ingresos— puede perder el interés en acceder a un empleo, afectando la cultura del trabajo.

El nuevo plan fue presentado por Cáritas Argentina, la entidad oficial de la Iglesia para la ayuda a los más necesitados. Y constituye una respuesta a parte de las críticas que suscitó el plan vigente. Con todo, sus impulsores reconocen que el riesgo de clientelismo político disminuirá fuerte con un mayor control de los consejos multisectoriales municipales y provinciales que hoy monitorean los planes sociales.

“El plan para Jefas y Jefes de Hogar desocupados fue una muy buena acción para la emergencia, pero pasado el peor momento afloran los problemas y las deficiencias que demandan una solución”, dijo a Clarín el director de Cáritas, Eduardo Serantes, brazo derecho del presidente de la entidad, monseñor Jorge Casaretto.

Por eso, el mismo Serantes reveló que se propuso pasar de “un plan para desocupados a uno para indigentes”. Y precisó que el Gobierno “aún no tomó la decisión de aceptar o desechar” el nuevo plan. Aunque aclaró que “hay un muy buen diálogo” con las autoridades nacionales.

Desde el Gobierno, aseguran haber bajado la cantidad de planes Jefas y Jefes de más de dos millones a un millón seiscientos mil. Y aunque reconocen los obstáculos para terminar con el clientelismo, les adjudican a los planes un gran valor para combatir la pobreza y la desocupación.

Pese a eso, ayer había preocupación en el Gobierno por la investigación del fiscal Guillermo Marijuán, quien asegura que más de mil policías, gendarmes, prefectos y soldados cobraron planes sociales (ver página 4).

Más allá del Gobierno, el directivo de Cáritas pronostica que pueden surgir resistencias al cambio “entre algunos intendentes y gobernadores” que, a su juicio, son más proclives al manejo clientelístico de los planes que los funcionarios nacionales.

Serantes también aceptó que podría haber problemas con muchos dirigentes piqueteros que participaron en la adjudicación de los planes. Estos no sólo ponen el grito en el cielo cuando consideran que el número de beneficiarios es recortado, sino que piden que llegue a todos los desocupados, como era su objetivo inicial. “Habrá que establecer una etapa de transición”, contemporiza el director de Cáritas.

Serantes explicó que, pese a que la pobreza bajó algo, se mantendrá alta durante mucho tiempo. Y que, si bien el Gobierno destina mucho dinero a lo social, las partidas no son ilimitadas. “Frente a un problema estructural debemos ir hacia un plan que llegue a las familias más necesitadas, de acuerdo con el número de hijos y sin afectar la cultura del trabajo”, puntualizó.

Cuando se propuso el Plan Jefas y Jefes, se incluyó la creación de los consejos consultivos multisectoriales cada 25 mil habitantes como mecanismo de control. Formados por representantes del Estado, las cámaras empresariales, las centrales obreras, los principales cultos y ONG, aún no se logró que todos funcionen y bien.

Casaretto había reclamado hace unos meses que el plan exigiera —como era la idea— una contraprestación laboral porque “podría terminar fomentando la vagancia”. En las últimas semanas, el obispo de Humahuaca, Pedro Ol medo, dijo que el plan había “cumplido su ciclo”.

El Gobierno —anticipó Clarín el lunes— decidió incrementar en 700 millones el gasto social en el 2005, pasando de 6.100 millones de pesos a 6.800 millones. La suba se aplicará en un año electoral, durante el que la administración kirchnerista tendrá su primer test en las urnas. Lo cual lleva a pensar que difícilmente la propuesta de la Iglesia —en caso de ser aceptada— llegue a concretarse en los próximos meses.