LA IGLESIA RECLAMA POR PLANES SOCIALES

En un nuevo capítulo de la pulseada política por la redefinición de los programas sociales anunciados por el Gobierno, la Iglesia insistió en la necesidad “urgente” de abrir el padrón de beneficiarios a los pobres e indigentes que quedaron fuera del plan Jefes y Jefas de Hogar y exigió que se ampliara el plan Familias a todo el territorio nacional, lo que constituiría en la práctica institucionalizar la universalización de la ayuda social.

Se trata, según los últimos cálculos que hicieron los representantes de la Iglesia en el consejo contralor de políticas sociales, de más de 400.000 personas que viven por debajo de la línea de la pobreza y que aún no han logrado incorporarse a programas de asistencia social.

Actualmente, la Iglesia tiene mejor diálogo con el Gobierno y ve con buenos ojos la decisión del Presidente de crear por decreto un consejo consultivo nacional con la participación de la sociedad civil para controlar no sólo el plan Jefes y Jefas de Hogar sino todos los programas sociales. Pero los representantes de la Iglesia en la política social creen que hará falta promocionar mucho este decreto para que haya amplia participación civil en el control de planes. Además, insisten en la necesidad de universalizar el sistema de ayuda social para eliminar de plano el clientelismo político.

En este sentido, el director de Cáritas Argentina, Eduardo Serantes, expresó a LA NACION que “con la universalización de los planes sociales para aquellas personas indigentes se acabaría de inmediato el reparto clientelar de esos programas”.

El documento

Según Serantes, desde Cáritas, la Iglesia se encuentra elaborando un documento para ordenar la nueva política de transferencia de ingresos que será entregado al Gobierno. Allí se plantean tres temas centrales:

La apertura del padrón de beneficiarios a los excluidos, es decir, a las personas pobres o indigentes que actualmente no reciben ni el plan jefes y Jefas de Hogar, ni el Familias o el Programa de Emergencia Comunitaria (PEC). Con esto se tendería a universalizar el sistema porque tendrían cobertura las 400.000 personas que la Iglesia estima que hoy no tienen subsidio alguno. En los juzgados federales hay cientos de recursos de amparo presentados por personas indigentes que reclaman el ingreso al plan Jefes y Jefas de Hogar, que en su origen iba a ser un plan universal.

La extensión del plan Familias a todo el territorio nacional, ya que, según datos de Cáritas, hoy sólo se distribuye a 74 de los 2000 municipios del país. Esto alcanza a unas 240.000 personas y el Gobierno lo está ampliando para los beneficiarios del plan Jefes y Jefas que no pueden reinsertarse en el mercado laboral.

La Iglesia también insistirá en la necesidad de emplear en el corto plazo a los beneficiarios de planes asistenciales por medio de la capacitación en oficios. Esta tarea el Gobierno la desarrolla con el plan Manos a la Obra. Pero para Serantes resulta insuficiente: “Existen muchas dificultades para la creación de programas productivos”.

Ante estos reclamos, el Gobierno ha reiterado en más de una oportunidad que “no hay presupuesto suficiente para ampliar y universalizar los planes sociales”. Así lo destacaron varias veces tanto el viceministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, como la ministra, Alicia Kirchner. El plan Jefes y Jefas de Hogar insume un costo de 3500 millones de pesos al año y el Familias unos 500 millones de dólares.

No obstante, desde la Iglesia, destacan positivamente la decisión del Gobierno de crear por decreto un Consejo Consultivo Nacional que controla todos los planes. Desde este ámbito también la sociedad civil podrá diseñar y modificar la política social. Este era un antiguo reclamo de la Iglesia que Kirchner aceptó poner en práctica. Ahora, la Iglesia pretende que el Presidente haga lo mismo con el resto de los reclamos esgrimidos.