LA INCREÍBLE HISTORIA DE LA VENTA DE LA CORDILLERA EN CATAMARCA

Un caso judicial radicado en el fuero federal de Catamarca destapó una historia increíble. El 19 de noviembre de 1985 se vendieron en una escribanía catamarqueña 1.288.662 hectáreas a favor de particulares de origen bonaerense, en su mayoría. El precio de la operación fue de 267.984 australes, poco más de 200.000 dólares al cambio de esa época.

Pero esas extensiones no sólo eran estancias, sino que se trataba de la propia Cordillera de los Andes, zona de frontera considerada de seguridad nacional y cuya venta está prohibida por ley, según denunció días pasados un consorcio de regantes (usuarios del agua) de la ciudad de Fiambalá. A raíz de esa demanda, el juez Federal Pedro Armando Navarro procedió ayer a desalambrar los campos linderos con la Cordillera catamarqueña (ver La Justicia…).

En esos campos que se “vendieron” —como si fuera una oferta al por mayor— quedaron incluidos la parte de la ruta internacional San Francisco (Argentina-Chile), y los picos montañosos Ojos del Salado (6879 metros sobre el nivel del mar), Pissis (6.882 metros), Tres Cruces (6.130 metros) y otros de atracción para el turismo internacional.

La venta se realizó en Catamarca cuando gobernaba Ramón Saadi, pero no intervino el Estado, sino que fue entre particulares.

La escribanía donde se radicó la venta es de una pariente política del ex gobernador: Nelly Zita Brizuela de Saadi.

“Es un contrato de compraventa totalmente oscuro, y ya planteamos su nulidad”, aseguró Julián Nando Quintar, patrocinante de los demandantes.

Sin embargo, la escribana Brizuela de Saadi dijo a Clarín que ella “se basó en los informes de la Dirección de Catastro y del Registro de Propiedad de la provincia”. Y aunque reconoció que se trata de zona de frontera, dijo que existía una autorización para la venta de un organismo oficial, que no precisó. En el acta de compraventa de esos terrenos a la que tuvo acceso Clarín, no figura dicha acta.

Los alcances legales de este nuevo caso de venta masiva de tierras aún no han sido precisados. En la demanda, los regantes plantearon una “extrema irregularidad”, porque consideran que la venta de tierras incluyó zonas de seguridad nacional, es decir que “se transgredieron las normas de reserva de la soberanía nacional, al autorizar el Estado provincial la actividad sin el consentimiento del Consejo de Defensa Nacional”.

Pero, según los denunciantes, la cadena de irregularidades no terminaría allí.

Por lo menos una parte de la escritura labrada en la escribanía Saadi habría servido de base para que un establecimiento comercial agropecuario, denominado Puna Nueva SA, se instalara recientemente en la zona cordillerana haciendo uso del beneficio del régimen de diferimientos impositivos.

Los regantes de Fiambalá se quejaron también ante la Justicia porque el emprendimiento, que se dedicaría a la cría y esquila de camélidos, habría desviado el agua de los ríos y arroyos cordilleranos, perjudicando gravemente producciones predominantes de la zona fiambalense (por ejemplo, la vid).

Pero los regantes, en su demanda, fueron más allá. Dijeron que en la precordillera “no hay cría de vicuñas, sino la muerte masiva de este animal”. En el expediente existe un acta de inspección ocular labrada por el juez de Paz de Fiambalá, Daniel Carrizo, que verificó en la zona precordillerana “que había osamentas o animales muertos, llamas o vicuñas, los que datan de tiempos recientes”. La inspección es de octubre de 2003.

La vicuña (vicugna) es una especie que fue incorporada recientemente a la categoría de “especie protegida” por entidades ambientalistas internacionales a las cuales Argentina se encuentra suscripta.

El animal es un camélido que puede medir de 80 a 90 centímetros, con un largo de 1,60 a 1,75 metro. Es de color marrón en la parte superior del lomo y los laterales; su pecho es blanco. La lana que se puede extraer de la vicuña está considerada la más fina del mundo y el precio no es nada despreciable en el mercado internacional, ya que puede oscilar entre los 300 y 500 dólares por kilogramo.

El conflicto judicial que conmueve a Catamarca es un emergente de la pelea por el agua, un bien escaso en todo el mundo y cuyo valor aumenta día a día.

Claro que también está la disputa por la propiedad de la tierra entre los grandes emprendimientos beneficiados con diferimientos impositivos y los pequeños productores en la precordillera.

“Aquí se están encerrando derechos posesorios de habitantes de Fiambalá que datan de 100 años atrás”, dijo Jorge Romero, administrador del consorcio de usuarios del agua de Fiambalá, impulsora de la demanda.

También se habla de contaminación ambiental, ya que los ríos al ser desviados por el Puna Nueva hacia zonas salitrosas, allí son contaminadas confluyendo en el río Chaschuil, que alimenta el sistema de riego para la producción agrícola de la ciudad de Fiambalá. “Las pérdidas de nuestras producciones son enormes”, se quejaron los regantes.

Con el conflicto abierto, el juez Navarro desalojó el lunes con la Gendarmería Nacional los emprendimientos cuestionados. El responsable de uno de ellos —Puna Nueva SA—, Juan Carlos Rodríguez, denunció en una conversación con Clarín “el avasallamiento cometido por una turba descontrolada, que afecta el derecho de propiedad”. También nego las acusaciones por la matanza de animales y acusó a los regantes “de haber montado una escena para perjudicarme”.