LA INCREÍBLE HISTORIA DE UNA DIPUTADA A LA QUE LE INVENTARON SU RENUNCIA

De un mes a esta parte la legislatura misionera tiene todos los condimentos necesarios como para que se escriba un buen culebrón. Amenazas de muerte, denuncias extorsivas, allanamientos en la Cámara de Diputados. Todo alrededor de una diputada a la que le sacaron la banca con una falsa renuncia, asunto que ahora debe resolver la Justicia.

La historia comenzó un martes 13, en abril, cuando la diputada peronista Elsa Irene Garayo, con mandato desde el 2001, comunicó que por una “cuestión de conciencia” abandonaba el bloque del PJ, para pasarse al del Frente Renovador, del gobernador Carlos Rovira.

Pero el Justicialismo Misionero todavía no digiere que Rovira le haya hecho probar el sabor de la derrota a su líder político, el senador Ramón Puerta. Y, mucho menos aún, que haya sido gracias al apoyo que le dio el presidente Néstor Kirchner.

En su afán por cercenar el poder de Rovira, los diputados del PJ hicieron hasta lo imposible por evitar perder a uno de los suyos. Porque, dicen ellos, “las bancas son del partido; no de los legisladores”. Comenzaron entonces las presiones sobre Garayo. Primero las amenazas. “Llamaban a mi celular y me decían: sos un cadáver político. No te vamos a dejar acceder a ningún puesto”, dijo Garayo a Clarín. En ese momento la diputada no le dio demasiada trascendencia al asunto. “Pensamos que solo eran llamados para intimidarla y que cesarían cuando se dieran cuenta que la suya era una decisión ya tomada”, explicó Roberto Chemes, su abogado.

Pero fue el jefe del bloque de PJ, René Oudín, quién subió el tono de la jugada. Según relata Garayo, el diputado la llamó y le dijo: “Te vamos a presentar la renuncia que firmaste en blanco hace tres años”.

“Esa es una vieja práctica política extorsiva que practican en la provincia tanto el PJ como la UCR. Le hacen firmar la renuncia al cargo a los candidatos en el momento en que son incorporados a las listas, es decir, cuando todavía ni siquiera saben si entraron”, contó Garayo.

Ante esa advertencia, el abogado de la diputada presentó una medida cautelar en el juzgado de primera instancia en lo Civil y Comercial N«ø 5, que decretó la “prohibición de innovar” y ordenó que la Cámara de Diputados “se abstenga de aceptar o rechazar la renuncia de Garayo”.

Pese a esa orden, en la sesión del 22 de abril la Cámara no solo trató sino que, además aceptó la supuesta renuncia de Garayo. Ella, presente en el recinto, pidió la palabra sin éxito.

Esa misma noche, el presidente del bloque de diputados del Frente Renovador consiguió una fotocopia de la falsa renuncia que el PJ presentó en la sesión. Y ahí advirtieron que no era la renuncia en blanco firmada por Garayo antes de asumir —tal vez porque la Justicia ya estaba advertida—, sino que se trataba de una renuncia “nueva”, que tenía su “firma falsificada”.

Con dos peritajes que aseguran que se trata de “una burda falsificación de firma”, un grupo de diputados del Frente entabló una denuncia penal. Al mismo tiempo Chemes presentó otra medida cautelar que determinó una nueva “prohibición de innovar y la restitución de Garayo a su banca”, cosa que la diputada logró con el apoyo de la Policía.

La Justicia intimó a La Legislatura a que le enviara la supuesta renuncia de Garayo. Como no lo hizo, se ordenaron dos allanamientos a la Cámara, pero hasta el día de hoy el papel no aparece.

Los diputados del PJ, preocupados por la actuación de la Justicia, buscaron una instancia legal que les fuera más favorable y presentaron un pedido extraordinario para que intervenga el Superior Tribunal de Justicia. En menos de 24 horas, ese Tribunal —de íntima relación con los peronistas— decretó la nulidad de todo lo actuado en el proceso judicial. Pero todavía no se expidió sobre la cuestión de fondo.

La banca de Garayo ya tiene nuevo dueño. Sin temor al escándalo, los diputados del PJ le tomaron juramento al suplente de Garayo, Edgardo Aquino.