“LA INFORMACIÓN HACE FALTA PARA LA VIDA COTIDIANA”

-¿Por qué considera necesario impulsar el debate sobre el libre acceso a la información pública?.

-Es un tema que en Santa Fe se viene trabajando hace tiempo, tanto a nivel provincial como municipal (donde se vetó una iniciativa de ese tipo), pero sin éxito. Desde la Asociación por los Derechos Civiles es uno de los temas que consideramos prioritarios en la agenda de derechos civiles en la Argentina hoy. A nivel nacional, después de cuatro años y dos medias sanciones, perdió estado parlamentario y volvimos a cero. Con lo cual Argentina es uno de los pocos países en el mundo democrático que hoy no tiene una ley de ese tipo. Hay 65 países que la tienen, entre ellos la mayoría de América Latina. Y lo mismo pasa en las provincias.

-¿Y dan los resultados esperados?-En realidad, la ley no es el final del camino, sino el comienzo. Es un instrumento fundamental para que los ciudadanos puedan ejercer el derecho a la información, pero hacen falta otras cuestiones fundamentales. Una es que la ciudadanía lo ejerza. Y eso es algo que lleva tiempo: hay una cultura del secreto que no sólo tiene que ver con que el Estado no provee información, sino también con que la ciudadanía no es completamente consciente de que tiene derecho a reclamarla, incluso en los tribunales. Hay que aprender a usar este derecho. Nosotros estamos trabajando mucho en capacitación de ONG, por ejemplo. Y el otro desafío es que el Estado se arme para dar información. Que archive la información, la organice y se organice para proveerla. -¿Qué es lo que consigue la ley?-La ley establece una especie de bloqueo de todas las posibles negativas. Cuando un ciudadano pide información, habitualmente las burocracias lo que le contestan es “¿y para qué la quiere?”. La ley dice: no hace falta decir para qué. O le contestan: “Se la vamos a dar, pero espere”. Y pasan cinco años sin que se la den. Bueno, la ley establece un plazo. -Aquí en la provincia, precisamente, se trabó por la pretensión de imponer el interés legítimo, el “para qué la quiere”.-Es inadmisible cualquier restricción, excepto las que refieran a seguridad nacional, secretos de Estado o cuestiones privadas. Sobre este último punto hay que alejar completamente los fantasmas. Pero fuera de eso, el derecho comparado no admite que se pongan requisitos. -A manera de ejemplo, ¿qué está habilitada a reclamar cualquier persona?.-La información es algo vital para la vida cotidiana. Por ejemplo, si yo quiero saber si el boliche de la esquina está habilitado para funcionar, cómo evalúa el Ministerio de Educación la escuela a la que voy a mandar a los chicos, si se está implementando o no la política de derechos reproductivos. Todos tenemos algún interés en conocer información que está manejando el gobierno. En Estados Unidos, de cada 3 millones de pedidos de información, el 25 % son de empresas. Las empresas necesitan mucha información que tiene el gobierno, para competir, para saber qué y cómo ofrecer. Los periodistas de investigación también. Salvo que tengan un fuerte contacto con el poder, este mecanismo les permite acceder a archivos. Yo siempre cito el caso de Santiago O’Donnel, que hizo una investigación sobre Yabrán, que fueron seis entregas en un diario importante, y a todos los datos los obtuvo a través de la ley de Acceso a la Información de Estados Unidos, desde Buenos Aires, por fax. Entonces, los usuarios somos todos. -Precisamente, este tema es planteado con fuerza desde los medios de comunicación-Es importante el compromiso de los medios. En América Latina, el liderazgo de esta pelea, tanto en Perú como en México, lo tuvieron los medios de prensa. Acá siempre llamó la atención que no haya pasado lo mismo. Igual, a nivel nacional el año pasado hubo un fuerte compromiso de los medios y eso provocó un debate importante. Lamentablemente hubo una modificación al proyecto original, impulsado por la senadora Kirchner y el senador Yoma, que extendía el alcance de la ley a las empresas privadas de medios -que creo que sacaba a nuestro proyecto de ley de sus objetivos y, en todo caso, podrá ser una discusión aparte-, lo que enfrió el debate. -Esto es importante también cuando hay discrecionalidad en el manejo de información, atado a su vez a un criterio similar con las pautas publicitarias.-El manejo discrecional de la información es contrario al principio de igualdad ante la ley. Y con la publicidad pasa algo parecido. El gobierno, sobre todo en provincias más pequeñas, tiene un altísimo porcentaje de publicidad. En el caso de Tierra del Fuego, por ejemplo, el 65 % de la publicidad proviene del gobierno de la provincia. Y si eso se combina con una altísima discrecionalidad del funcionario en el cual se centraliza la decisión, se produce una situación muy vulnerable de los medios más chicos. Y eso afecta la calidad del debate público porque, comprensiblemente, los medios que dependen de la publicidad oficial para subsistir van a medir mucho lo que publican. Ahora se produjo la denuncia de Perfil, y antes, el caso del diario “Río Negro” contra Jorge Sobisch, que le retiró toda la publicidad oficial después de una nota en la que se sugiere el involucramiento del gobernador en un caso de corrupción. Este es el primer caso que llega a la Corte Suprema por censura indirecta.
La publicidad oficial
-La discrecionalidad en la publicidad se repite en muchas provincias ¿no?

-Hay muchos casos. Pero somos optimistas, porque existen muchos países en que se han dado estos problemas y se han resuelto a través de una buena legislación, que restrinja la discrecionalidad del gobierno en la distribución de publicidad oficial, que establezca criterios, distinga la difusión política de la difusión técnica. En nuestro país, la Auditoría General de la Nación podría hacer controles sobre eso. Y es importante, porque estamos hablando de un presupuesto que era de 44 millones en 2003 -aunque luego se gastó más de 60- y que para este año es de 141, y va en ascenso.

-¿Por qué se habla de censura indirecta?-A nivel nacional lo que notamos es que el problema de la censura propiamente dicha no es el más grave, porque los grandes medios nacionales no necesitan de la publicidad oficial para sobrevivir. Sí se dan casos de discriminación, como el de Página 12: considerando el alcance que tiene en cuanto a número de lectores, recibe una publicidad oficial muy cercana a la de medios de mucha mayor circulación. Y ahora está lo de Perfil, al que no le dan publicidad. Pero frente a cada caso, hay que establecer si esto está vinculado al contenido de la publicación. En el caso “Emisiones platenses”, a fines de los ’90, la Corte dijo que ningún medio puede invocar el derecho a recibir publicidad oficial. Pero deja abierta una ventana a un reclamo parecido al de Perfil, porque dice “a menos que el retiro de la publicidad oficial sea la consecuencia de una expresión crítica”.Cada vez que pasa esto, el gobierno no sólo está impactando sobre la libertad de expresión de ese medio, que lo mejor es poderoso e igual no se va a callar. También con eso está dándole un mensaje a todos los otros medios, que entienden que si son críticos con el gobierno les puede pasar lo mismo que al otro, y a ellos sí los va a afectar. Y el otro afectado son todos los lectores, oyentes y televidentes, que nos vamos a ver privados de escuchar una voz diferente.