“La institución policial está en un momento bisagra”
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Lo expresó el ministro de Seguridad, Maximiliamo Pullaro. También se refirió a los casos que se investigan por corrupción, al Código Procesal Penal y a la posibilidad de construir una nueva Alcaidía en Rafaela.
La entrevista con el ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro, recorrió la mayoría de las situaciones que afectan a la policía, como la corrupción y la formación de nuevos agentes, y en especial algunas de las cuestiones de la relación con Rafaela, como el proyecto para construir una cárcel y el vínculo con las autoridades del gobierno local.
– ¿Se podría decir que es momento complicado para la policía de la provincia, teniendo los casos de corrupción que van saliendo a la luz?
– Diría que es un momento importante, un momento bisagra, nosotros dijimos desde el primer momento de nuestra gestión que la intención era depurar, separar lo que denominamos la “paja del trigo” esto es los buenos y los malos policías, siempre entendiendo que la inmensa mayoría son buenos que trabajan para cuidar la seguridad de todos los santafesinos, pero hay que hacer un esfuerzo, ponerle el cascabel al gato y expulsar a los corruptos de la institución.
– Gran parte de la población se pregunta por qué aparecen todas las causas juntas.
– Cada nicho de corrupción institucional que entendíamos existía dentro de la institución, lo llevábamos a MPA. Tal vez el hecho más resonante fue el año pasado cuando pudimos detectar un circuito ilegal, por intermedio de un sobre que llegó en forma anónima a mi despacho, donde se probaba que los arreglos que se decían hacer sobre móviles policiales, no eran tales. Ahí entendimos que debíamos hacer la denuncia y yo en persona la llevé a la fiscalía.
– ¿Cómo era la metodología y de qué monto se puede hablar?
– En el tema de los autos se hizo un recorte temporal, lo que prueba una lógica criminal, en función de lo que entiende el fiscal, no podemos hablar de un monto determinado, ese corte parcial que representan 16 facturas por un monto de 90.000 pesos, donde participaban en principio policías y privados, pero indudablemente si se mira para atrás, el monto puede ser mayor.
– ¿En lo que respecta a las OSPE?
– Son diferentes denuncias, algunas motorizadas por el propio Ministerio de Seguridad , surgió a la luz el nombre de algunos policías de diferentes rangos, en principio iban a ser llamados a declarar. Al haber policías supuestamente involucrados y muchos en actividad, entre ellos el actual Jefe de la Unidad Regional V.
– ¿Cómo queda la situación de cada uno de ellos?
– Yo hablé con el Comisario Rodríguez, incluso hace algunos días luego de una evaluación quedó segundo, de un total de nueve, en la escala para aspirar a Director General, esto representa la última jerarquía en la fuerza y esto tiene doble importancia porque se llega a este logro por concurso, el paso siguiente es un control con Asuntos Internos y si este nos dice que no hay ninguna causa, va a decreto para que la firma del Gobernador, si algunos de ellos tiene una causa pendiente con la justicia, que todavía no fue informada, queda en espera hasta que se resuelva la misma para lograr el ascenso. Sobre el caso puntual del Comisario Adrián Rodríguez, le digo que por ahora no tenemos pensado en hacer ningún cambio en la Jefatura de la Unidad, porque estamos muy conformes con la actuación del actual Jefe, por supuesto que si de la investigación judicial surge que lo involucra a él o a cualquier otro policía lo apartamos inmediatamente del cargo. El Comisario Adrián Rodríguez quedó 2° entre 9 aspirantes a lograr el cargo de Director General, la máxima categoría. Ante la investigación en curso sobre el tema OSPE, deberemos esperar lo que dice la causa.
– ¿Siente que tiene el apoyo del Gobernador de la provincia?
– Por supuesto, tengo un diálogo permanente y no es una decisión de este Ministerio de Seguridad avanzar en la corrupción institucional, es una premisa del gobierno de la provincia. Nosotros estamos convencidos que estamos llevando adelante un proceso de reforma policial como no se da en ninguna provincia del país y con datos significativos, objetivos y mensurables que ponemos a disposición de cualquier santafesino.
– ¿Qué datos?
– En la provincia se bajó un 45% el índice de homicidios, el robo calificado en un 30 %… La gente piensa que no es suficiente… Y tiene razón la gente, porque el que fue víctima de un hecho de inseguridad o al que le mataron un familiar, no le importa estos porcentajes o una estadística fría, pero nosotros somos gestores públicos y es nuestra obligación tener estos datos y creemos que está ligado a la política que estamos llevando a cabo.
– Ustedes hicieron mucho hincapié en el plan cuadrante…
– Eso en función de las estadísticas marca un quiebre en julio del año pasado en Rosario y desde diciembre en la ciudad de Santa Fe, las decisiones que se tomaron en la policía de investigación, en unificar todo en una cabeza, porque antes eran todos compartimientos estancos y este cambio trajo aparejado mejores resultados sobre las organizaciones criminales, al mismo tiempo trabajamos en mesas territoriales, definiendo los 20 barrios más violentos en la provincia, lo hicimos también en Rafaela en una reunión en la Fiscalía, con la participación del intendente (N. de R: domingo a la mañana, a la tarde jugaron Atlético-Boca) y desde ese momento se sigue con esta metodología. En alguna oportunidad en Rafaela fue bastante duro con la actuación de algunos jueces o fiscales, enfocado en la demora de emitir alguna orden de allanamiento.
– ¿Usted cree que eso mejoró?
– Sí, considerablemente, aunque nunca estamos conformes, somos profundamente críticos y autocríticos, necesitamos más jueces y fiscales federales en la provincia, la venta de estupefacientes es un delito nacional y tiene que ser abordado como tal.
– Se está hablando de una modificación al Código Procesal Penal en la Provincia. ¿Qué opinión le merece?
– No soy abogado, sí le digo que soy un defensor de este sistema, si tenemos en cuenta las últimas megas causas que se conocieron en las últimas semanas, estoy seguro que con el viejo sistema no hubiéramos podido llegar a definir el grado de culpabilidad de los involucrados, por eso digo que este sistema es inmensamente mejor que el anterior, por supuesto todo es perfectible y mejorable, creo que tenemos que avanzar en algunos aspectos, por ejemplo el tiempo y la capacidad que tienen los fiscales para detener una persona y llevarlos a una audiencia imputativa, pero eso es trabajo y consenso de los legisladores en ambas cámaras.
– ¿Por dónde pasa hoy la relación con la Municipalidad de Rafaela, teniendo en cuenta siempre la problemática de la inseguridad?
– En lo institucional siempre fue buena, por supuesto que a veces en el fragor de que las cosas salgan mejor, todos nos reclamamos cosas, la Municipalidad nos pide mayor presencia policial y nosotros una mejor performance en políticas sociales, pero son discusiones positivas, porque todos apuntábamos a que el otro haga su parte para mejorar el resultado final.
– ¿El contacto es fluido, permanente?
– La semana pasada estuvimos reunidos con Luis (Castellano), parte de su gabinete y el Gobernador, para evaluar todo lo que sucede y las acciones a seguir, Rafaela es una de las ciudades más hermosas de la provincia y nos duele que hoy tenga índices de delincuencia. Creemos que trabajando en conjunto, focalizando políticas sociales y públicas de persecución penal podemos mejorar sustancialmente la realidad. Yo le doy gran valor a las políticas sociales, porque nos equivocaríamos si solo pensamos en que la solución es meter a algunos tipos presos, necesitamos una política de contención, la del post penitenciario, muchas veces se escucha decir a los vecinos “que se pudran en la cárcel” pero en realidad en nuestro país nunca pasa eso, en algún momento salen y lo que el Estado tiene que lograr es que salga mejor de la cárcel y cuando esté en libertad tiene que asistir a esa persona. Muchas veces se escucha decir “que se pudran en la cárcel” pero la realidad es que en nuestro país nunca pasa eso, siempre salen y ahí tiene que estar el Estado para asistirlos.
– ¿Cómo viene la formación de los nuevos policías?
– En esto hemos tomado una decisión importante y que nos costó políticamente, porque todos nos reclaman más acción policial, pero entendemos que es injusto para un policía y la sociedad en que un efectivo salga a la calle con un arma 9 mm, luego de cuatro meses de preparación, estamos convencidos que el nuevo efectivo tiene que tener como mínimo dos años de preparación, para lo cual este año no promocionó ninguno.
– Cuando el Dr. Carlos Arietti estaba en Rafaela, habló siempre de la necesidad de una cárcel en la zona de Rafaela. ¿Se sigue evaluando este tema?
– Fue uno de los temas de conversación con el intendente, es algo que tenemos que involucrar a los legisladores y al senador del Departamento, para trasladar la Alcaidía a un lugar que no esté en el centro de la ciudad.
– ¿Cuáles son los motivos?
– Muchos, los presos no están en buenas condiciones, en segundo término porque están en el centro de la ciudad, sucede que la sociedad se preocupa cuando escucha que se va a construir una cárcel, en realidad lo que se pretende es construir una nueva alcaidía regional, con la misma capacidad que tiene hoy en otro lugar y sacar de esta manera a los presos de donde hoy están.
– ¿Esto se puede lograr?
– Es una discusión que nos debemos dar y avanzar, no es un problema presupuestario, tenemos la capacidad financiera para la construcción de una nueva unidad en Rafaela o la región, no quiero definir un lugar pero creo que debería ser Rafaela o en la zona porque hoy ya está en la ciudad, la cabecera de la Unidad Regional V está en Rafaela y un dato no menor es que los detenidos, en su gran mayoría son de Rafaela. Nos debemos una discusión y debemos avanzar en la posibilidad de construir una nueva alcaidía, con la misma capacidad en la ciudad o región, no es un problema de presupuesto.
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