La intendenta de Cañada denunció penalmente a su antecesor Abate

Los argumentos de la presentación fueron sacados de una auditoria contable y jurídica que hizo la actual administración apenas asumió en 2003. El subsecretario de Asuntos Jurídicos, Martín Vodanovich, precisó que el monto en cuestión que no fue transferido ronda los 342 mil pesos y que el período se centra entre 1999 y 2003.

Perjuicio a trabajadores. “Las sumas fueron retenidas de los salarios e ingresadas a las arcas municipales. Presumiblemente se dio a esa cifra una aplicación diferente al destino legal previsto, es decir que en perjuicio de los trabajadores municipales no ingresó a la Caja de Jubilaciones”, indicó el escrito elevado al juez de instrucción en lo Penal, Rodolfo Zvala.

Si bien la presentación judicial data de marzo de 2009, recién ahora toma estado público a raíz de una carta que la propia intendenta remitió al Concejo. A través de una nota dirigida al presidente del Concejo, Guillermo Virgilli, la mandataria pidió una adhesión a los ediles a la causa que posee el número 1485-08.

Argumentos. “Hago la denuncia por hechos que podrían haber perjudicado al municipio. Está previsto en la ley que reglamente el funcionamiento de las municipalidades que el Concejo o el intendente comunicará lo sucedido al juez competente para la prosecución del juicio que corresponda”, dijo la titular del Ejecutivo cañadense.

Señaló además que en función de la ley orgánica de municipalidades que reglamenta el funcionamiento del ente autárquico de la Caja de Jubilaciones surgió la obligatoriedad del intendente de descontar montos de los sueldos de los empleados, retenerlos y depositarlos dentro de los 20 días del mes siguiente.

Detalla en la denuncia que el artículo 248 de ese Código fija el tipo penal como abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público cuando no se ejecutan las normas, o se omite ingresar montos que corresponden a aportes jubilatorios.

Sostienen además que el artículo 260 se tipifica la malversación de causales públicos fijando como punible el uso de montos recaudatorios para un fin distinto al que legalmente estuvo destinado.

Dijeron finalmente que el Código Penal también determina el tipo conocido como “administración infiel” en el artículo 173 cuando el responsable habría administrado el caudal de la Caja de Jubilaciones y causa daño perjudicando los intereses confiados con abuso de confianza, “porque no los restituye, les da otro destino y vacía el dinero de la Caja”.

Respuesta. El actual edil y ex intendente Abate solicitó “un par de días para contestar” a los medios de prensa que lo consultaron por el estado público que tomó la denuncia hecha por Clérici.

De todos modos se permitió describir en una especie de anticipo la situación económica y financiera por la que tuvo que atravesar en esos años a los que consideró de “difíciles”.

Además de la tremenda crisis nacional de 2001, Cañada de Gómez padeció, en noviembre de ese año, una trágica inundación que puso el 40% del radio urbano bajo el agua.

Un arrasador aluvión de agua y lodo se cobró tres vidas y produjo enormes daños materiales. “Tuvimos urgencias. Había que estar en ese entonces al frente de la Municipalidad para palpar lo que pasaba”, comentó.

“No tengo dudas de que la denuncia es política. Una semana atrás presenté el pago de sobreprecios en la obra del acueducto de calle Moreno. Llama la atención que apenas una sesión después comuniquen esto al Concejo”, dijo Abate entre sus allegados.