“LA JUEZA DEBE DENUNCIAR LOS DELITOS ANTE UN FISCAL Y NO EN LOS MEDIOS”

Las denuncias públicas hechas por la jueza federal Laura Inés Cosidoy, quien señaló a dos bares del macrocentro rosarino como lugares donde se comercializa y consumen drogas con la complicidad de funcionarios policiales santafesinos, generó una rápida respuesta desde los más altos funcionarios de la provincia. Así, tanto el gobernador Jorge Obeid, como su ministro de Gobierno, Roberto Rosúa, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Gutiérrez, rechazaron los argumentos de la magistrada y deslindaron sus responsabilidades en la materia. En tanto, representantes de los dos boliches mencionados por Cosidoy hicieron su defensa (ver abajo) y adelantaron que estudian iniciar acciones judiciales.

“Cualquier miembro o funcionario del Poder Judicial con conocimiento de irregularidades o delitos lo que tiene que hacer es la denuncia por los canales correspondientes”. Con esas palabras, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, salió al cruce de las declaraciones públicas formuladas por la jueza federal Laura Inés Cosidoy en el sentido de que “nada ha cambiado en Rosario” con respecto al combate del narcotráfico y que en dos conocidos boliches de la ciudad “se vende droga”.

Gutiérrez fue consultado por este diario la mañana de ayer en los tribunales, al término del acto de asunción de las juezas Mónica Lamperti y Carina Lurati, titulares de los juzgados penal de Instrucción Nº 12 y de Sentencia Nº 7, respectivamente. La doctora Cosidoy “debería haber seguido los procedimientos legales y haber solicitado al fiscal y al juez de instrucción en turno una investigación sobre los locales donde supuestamente se comercializa droga”, remarcó el titular del máximo tribunal santafesino.

Concretamente, Cosidoy, quien integra el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Rosario, denunció que en Soho y en El bar del mar, boliche ubicados en el macrocentro de la ciudad, se vende droga con la complicidad de funcionarios policiales. En ese sentido, la magistrada responsabilizó al gobierno provincial por lo que ella considera “la ausencia de decisión política para combatir el tráfico de estupefacientes”.

Sin evaluaciones
“La cuestión que denuncia la jueza (venta de droga) es de competencia de la Justicia Federal. Si está en conocimiento de un delito, lo que corresponde es hacer la denuncia ante el fiscal y no en los medios”, sostuvo Gutiérrez, quien añadió: “Yo no hago ninguna evaluación acerca de las declaraciones (de Cosidoy). Yo digo lo que un funcionario debe hacer. Nada más”.

Incluso, el titular de la Corte avanzó en sus apreciaciones: “En cualquier lugar del país y del mundo, si uno no hace la denuncia por los mecanismos indicados al respecto puede caer en un encubrimiento. Por eso debe ponerlo de manifiesto ante las autoridades”.

Por su parte, el gobernador Jorge Obeid, dijo compartir “las mismas preocupaciones” que la doctora Cosidoy y confió que sobre el tema ya ha “hablado con la magistrada federal”. Sin embargo, explicó que “la penalización del tráfico de drogas es un delito federal, lo que significa que actúan sobre ella la policía y la Justicia federal mientras que nuestra policía sólo es un auxiliar, lo que nos limita en el accionar”.

Obeid remarcó que es la jurisdicción federal la que tiene responsabilidad en materia de combate de la comercialización de drogas prohibidas y aseguró que, “no obstante ello, vamos a apoyar las actividades que realicen tanto la doctora Cosidoy como la Justicia federal”.

Finalmente, en cuanto a las sospechas de connivencia de la policía provincial en el tráfico de drogas, el primer mandatario santafesino fue contundente: “Las instrucciones son claras. Ante denuncias o sospechas de algún accionar ilegal por parte de miembros de la fuerza, tenemos una Dirección de Asuntos Internos que abre la vía legal”, y concluyó: “Hay que ser inflexibles ante la sospecha de corrupción policial”.