LA JUSTICIA ABRIÓ UNA NUEVA CAUSA CONTRA MARÍA JULIA ALSOGARAY

La decisión de dar vía libre a este expediente fue tomada por la Sala I de la Cámara al rechazar un planteo realizado por la defensa de María Julia por un dictamen fiscal que había solicitado la la instrucción de un sumario por una denuncia en la que Alsogaray aparece imputada de un “acuerdo irregular”.

Al confirmar la decisión del magistrado de primera instancia, Norberto Oyarbide, la Sala I de la Cámara consideró que, al pedir la apertura del sumario penal, los fiscales “fueron suficientemente claros” y señalaron que “se trata de investigar un acuerdo irregular entre un consorcio de empresas y Alsogaray “para sortear un escollo del pliego”.

Así lo consignaron fuentes judiciales, que detallaron que la resolución fue firmada por los camaristas Horacio Vigliani, Gabriel Cavallo y Eduardo Freiler.

A principios de la década del ’90, cuando en el marco de la ley de Reforma del Estado comenzó el proceso de privatizaciones de empresas públicas, se presentó en la licitación por el rubro telefónico la compañía Bell Atlantic International Inc, interesada en una de las dos zonas en que fue divido el país en este rubro.

En ese marco, el apoderado del consorcio de empresas liderados por la firma Bell Atlantic, Pablo María Leclerq, ofreció como parte de pago títulos de la deuda pública de Argentina.

Según la denuncia, ante la imposibilidad de superar algunos requisitos del pliego, y ante el fracaso de gestiones ante el entonces ministro de Obras Públicas, Roberto Dromi, quien se habría inclinado por compañías europeas, Leclerq habría tomado contacto con Alsogaray.

Algunas de las conversaciones telefónicas de Leclerq habrían sido grabadas por un particular, y como el apoderado negó haber mantenido contactos con María Julia, debió enfrentar un juicio por falso testimonio, del que resultó absuelto.

Fue en este marco que los fiscales Luis Comparatore y Patricio Evers reclamaron al juez federal Norberto Oyarbide que inicie una pesquisa “para determinar si la ex funcionaria María Julia Alsogaray ha incurrido en algún ilícito penal relativo al hecho que se desprende de los dichos de Pablo Leclerq”.

Al tomar conocimiento de la requisitoria fiscal, la defensora oficial de María Julia Alsogaray, Perla Martínez de Buck, planteó su nulidad porque consideró que el pedido de los fiscales carecía de algunos requisitos formales tales como “una relación circunstanciada del hecho, con indicación del lugar, tiempo y modo de ejecución”.