LA JUSTICIA ANULARÍA EL INDULTO QUE BENEFICIÓ A MARTÍNEZ DE HOZ

El juez federal Norberto Oyarbide planea declarar en los próximas días la inconstitucionalidad del indulto que beneficiaba al ex ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz. De esta manera, se reactivará una investigación por el secuestro de dos empresarios en la que además están imputados el ex ministro del Interior Albano Harguindeguy, y el ex presidente Jorge Rafael Videla.

Martínez de Hoz, sin embargo, seguirá en libertad; lo mismo que Harguindeguy, que ya está procesado por crímenes de lesa humanidad en otros expedientes. Videla, a su vez, permanece con prisión domiciliaria, también con juicios orales pendientes. En 1990, los tres se vieron favorecidos por un decreto de perdón que firmó Carlos Menem.

En 1988, el juez Martín Irurzun —hoy camarista— los procesó y les dictó la prisión preventiva. Pero la Cámara Federal ordenó excarcelaciones que, cuando se reabra esta causa, recobrarán su vigencia. Martínez de Hoz llegó a estar preso 77 días por este episodio. Cuando Menem los indultó a los tres, escribió en su decreto que era su aporte “al proceso de pacificación” entre “los sectores verdaderamente representativos de la Nación”.

La declaración de inconstitucionalidad que firmará Oyarbide, según adelantaron a Clarín fuentes judiciales, había sido reclamada en abril por organismos de derechos humanos. Se pronunciaron a favor el fiscal Federico Delgado, y el de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, además del propio Gobierno a través de la Secretaría de Derechos Humanos. En contra lo hicieron los tres defensores.

Se trata del secuestro extorsivo de Federico Gutheim y su hijo, Miguel Ernesto, entre el 5 de noviembre de 1976 y el 6 de abril de 1977. Ambos fueron puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional para obligarlos a que su empresa —Sadeco, productora de algodón— cumpliera con un contrato de exportación que le permitiría a Martínez de Hoz obtener un crédito de Hong Kong.

Los Gutheim pasaron por el Departamento de Policía y la cárcel de Caseros. Aun presos, mantuvieron reuniones con funcionarios que trataron de convencerlos de que cerraran el negocio que quería la dictadura.

Los procesamientos fueron por “privación ilegal de la libertad calificada por la duración en detención de los damnificados en concurso real con tentativa de extorsión”. Los Gutheim demandaron al Estado y fueron indemnizados en setiembre de 1990 en 80 millones de australes (unos 16 mil dólares), de acuerdo a una sentencia de la Cámara Civil.

Ese expediente será incorporado como prueba al que ahora tiene Oyarbide. También se tomarán las medidas que propongan los fiscales y los defensores. Los Gutheim, en cambio, no son querellantes ni se acercaron a Tribunales a informarse sobre la reapertura de este sumario.

El sumario —”Martínez de Hoz, José y otros s/art. 170 CP”— estuvo archivado por 16 años. La inconstitucionalidad que decretará Oyarbide se ajusta a lo que otros jueces federales, la Cámara y la propia Corte vienen resolviendo en materia de delitos aberrantes: el perdón estatal no puede ser admitido en esta materia.

El ex ministro también fue acusado recientemente por familiares de otro desaparecido, Juan Carlos Casariego de Bel, ex director de Inversiones Extranjeras.

Martínez de Hoz tiene 80 años; la semana pasada fue fotografiado en la calle con Roberto Alemann, otro ex ministro de la dictadura. Durante su gestión se cuadruplicó la deuda externa.

El ex general Harguindeguy es un año menor. Está procesado en la causa por el Plan Cóndor, la coordinación de las dictaduras del Cono Sur para la represión. Videla, de 82, está procesado por esa y por otras causas.