LA JUSTICIA CERRÓ UN VIEJO CAPÍTULO DE LA GUERRA DE MALVINAS

La Justicia cerró un viejo capítulo de la Guerra de Malvinas: rechazó un reclamo de un empresario contra Gran Bretaña por el desalojo de las Islas Georgias a principios de 1982, motivado en que un trabajador había izado allí una bandera argentina, episodio que precipitó la guerra del archipiélago austral.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo le dijo “no” al reclamo de indemnización de Constantino Davidoff, contratado por una empresa escocesa para desarmar tres factorías en las Islas Georgias pero “despojado” de las instalaciones que había montado allí por una actitud que hizo estallar la guerra: el izamiento allí de una Bandera Argentina.

Ese hecho tuvo como correlato inmediato el desembarco argentino en Malvinas el 2 de abril de 1982, como reacción del gobierno -por entonces usurpado por la dictadura- para la reivindicación efectiva de la soberanía sobre el archipiélago.

El fallo desnuda un dato hasta ahora desconocido: a poco de asumir su primer gobierno, Carlos Menem firmó un documento con el gobierno británico por el cual se prometían mutuamente no formular ningún tipo de reclamo por episodios derivados de la guerra.

Davidoff recurrió a los tribunales argentinos para reclamar una “indemnización de daños y perjuicios ocasionados por personal dependiente del estado demandado contra personas y bienes de su empresa, que significó el despojo de las instalaciones que poseía en esas islas y la imposibilidad de continuar sus actividades comerciales que allí realizaba”.

Pero dos décadas después, la Sala Uno de la Cámara en lo Contencioso, con las firmas de los jueces Pedro Coviello y Bernardo Licht, rechazó el reclamo por la “falta de jurisdicción de los tribunales argentinos”, que era “claramente advertible” desde el principio del proceso.

“La guerra constituye una lucha armada entre estados e implica una lucha de fuerzas públicas. En consecuencia, aparece como una relación de estado con estado. Su condena a resarcir sólo puede aplicarse por vía internacional, a través de tribunales internacionales, pero no por vía de demandabilidad interna”, sostiene el fallo, al que tuvo acceso la agencia DyN.

“Los daños que la actora denuncia haber sufrido ocurrieron durante un conflicto bélico. No interesa si existía o no declaración formal, o la rotulación o clasificación que era predicable dentro del ámbito del derecho de los conflictos bélicos”, explica el documento.

Pese al rechazo, el fallo de Cámara ratifica en tres oportunidades la soberanía argentina sobre Malvinas: “no puede ponerse en duda que los hechos ocurrieron en territorio argentino”, “no importa aquí el territorio -sin duda argentino- sino la naturaleza de la conducta atribuida a la demandada”, “… la recuperación de nuestras islas Malvinas”.

Las tres menciones pertenecen al voto del juez Coviello, quien llegó a la Justicia tras recibirse de abogado después de una carrera militar en la que incluso la brigada a la que él pertenecía tuvo participación tangencial en el conflicto.

Gran Bretaña nunca se presentó en el juicio iniciado por Davidoff: cuando vía diplomática fue informada de la imputación, invocó “inmunidad”, argumentando que las Malvinas son británicas.

“El territorio en el cual presuntamente ocurrieron los hechos se encuentran y se encontraban, en las fechas que se habrían generado, bajo soberanía y administración británica. Quien ejerce y ejercía dicha soberanía es indiscutiblemente el Reino Unido, que considera dicho territorio como propio”, respondió la embajada en Buenos Aires.

Los abogados de Davidoff presentaron un recurso de revocatoria” contra el fallo, es decir un pedido para que el propio tribunal que lo emitió lo deje sin efecto y resuelva en otro sentido.

La empresa de Davidoff se llamaba precisamente Georgias del Sur S.A. y había sido contratada por la escocesa Christian Salvensen Ltd., con sede en Edimburgo, para “desmontar, desguazar y transportar los materiales de tres factorías balleneras”, en una operación que en 1982 estaba “amparada por el Convenio para la Promoción y Protección de Inversiones” entre Argentina y Gran Bretaña.

El 19 de marzo de 1982, trabajadores de la empresa argentina desembarcaron en Puerto Leith, Georgias, para realizar las tareas contratadas, pero lo hicieron en un buque de la Armada, el Bahía Buen Suceso, y a poco de arribar supuestamente izaron una Bandera Argentina.

Varios historiadores reconocen ese episodio como el inicio de la guerra.