La justicia cierra el cerco sobre Puigdemont: pide su arresto

Se emitió una orden de detención europea y otra internacional contra el ex presidente catalán y cuatro miembros de su gobierno; están todos en Bélgica.

MADRID.- A pesar de su huida a Bruselas, el ex presidente catalán Carles Puigdemont se expone a una larga temporada en prisión. La justicia española emitió anoche una orden de captura internacional contra él y los cuatro miembros de su gobierno que lo siguieron en el exilio voluntario en Bélgica.

“No voy a escapar. Voy a ir a la verdadera justicia, no a la justicia española. En España no hay garantías para un juicio justo e independiente”, denunció en una entrevista televisiva grabada poco antes de convertirse oficialmente en prófugo.

En las próximas horas, la policía belga deberá ponerlo a disposición de un juez que decidirá si lo entrega a Madrid, en donde duermen en la cárcel desde el jueves el ex vicepresidente Oriol Junqueras y otros siete ex ministros.

La jueza Carmen Lamela los acusa a todos de rebelión, sedición y malversación a raíz del proceso separatista que culminó el 27 de octubre con la proclamación de la república catalana. A Puigdemont y los demás ex funcionarios que se negaron a ir a declarar les añadió otros dos delitos: prevaricación y desobediencia de la autoridad.

La crisis de Cataluña entra así en otro estadio dramático cuando faltan menos de 50 días para las elecciones que convocó el presidente Mariano Rajoy, después de disolver el gobierno de la Generalitat y de intervenir las instituciones autonómicas.

Puigdemont anunció ayer que está analizando la posibilidad de ser candidato en esos comicios y hacer campaña desde Bélgica. También alentó la conformación de una lista única del soberanismo para enfrentar a Rajoy y reclamar la liberación de los presos. “Ya no se trata de «independencia sí o no», sino de «democracia sí o no»”.

Lamela cursó una orden europea de captura, que habilita un proceso de extradición abreviado entre países comunitarios. Un juez belga estudiará el caso y fallará en un máximo de 90 días. En ese lapso podría dictarles prisión preventiva o dejarlos en libertad vigilada.

En el pedido internacional, la Audiencia Nacional achaca a Puigdemont y a sus colaboradores Lluís Puig, Antoni Comín, Meritxell Serret y Clara Ponsatí haber “puesto en peligro el Estado de Derecho”.

Sostiene que “llevaron a cabo con fondos públicos un referéndum independentista para lograr la secesión de Cataluña”, y que “para ello promovieron y utilizaron la fuerza intimidatoria y violenta de los sectores independentistas de la población, llamando a la insurrección y desafiando el ordenamiento constitucional”. Por todo eso dispone que ingresen en prisión sin fianza.

A Puigdemont lo representa el abogado flamenco Paul Bekaerts, un experto en casos de extradición que en el pasado consiguió trabar el envío a España de terroristas de ETA refugiados en Bélgica.

Los dos principales delitos por los que lo buscan acarrean penas gravísimas: la rebelión, de 15 a 30 años, y la sedición, de 8 a 15. Pero no tienen equivalencia en el sistema penal de Bélgica, por lo que existe la posibilidad de que el juez local niegue la entrega. Un conflicto en el corazón de la UE estaría servido.

Puigdemont aspira a tener libertad de movimiento durante la campaña electoral. Quiere ser candidato para cohesionar al separatismo después del fiasco que significó la proclamación de la república en el Parlamento regional, que derivó en los decretos de Rajoy para tomar el control total de Cataluña.

El Partido Demócrata (PDeCAT), donde milita Puigdemont, anunció ayer su voluntad de presentar en diciembre “una lista de país” que incluya “todas las sensibilidades y defienda las instituciones de Cataluña”, según dijo la coordinadora Marta Pascal.

Hasta antes de las detenciones prevalecía la idea de no repetir la alianza Junts pel Sí, que en 2015 unió al liberal PDeCAT con el socialdemócrata Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) bajo la bandera común de la independencia.

Junqueras, líder de ERC, se inclinaba para que cada partido buscara “la mejor forma” de ir a las elecciones. Ahora, encerrado en la prisión de Estremera, medita qué hacer. El anuncio de Puigdemont suma presión en favor de la unidad. El plazo de inscripción de alianzas cierra el martes próximo.

Deberán decidir con los principales referentes bajo vigilancia policial. El único miembro del gobierno destituido que se garantizó la libertad es Santi Vila, ex conseller de Empresa, que salió ayer de la cárcel después de pagar 50.000 euros de fianza. Él se opuso a último momento a la proclamación de la república y renunció a su cargo antes de la votación parlamentaria.