LA JUSTICIA DEL CHACO DICTÓ LA PRISIÓN PREVENTIVA PARA CASTELLS
La orden fue dada por la fiscal de Investigaciones Nº10 de Resistencia, Mercedes Riera, quien consideró que Castells es “prima facie” responsable de la maniobra extorsiva.
Integrantes del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD) que lidera Castells tomaron el 16 de julio el Casino Gala y recibieron 11.000 pesos para abandonar el lugar.
La fiscal de la causa concluyó que “existen elementos de convicción suficientes que permiten acreditar la materialidad del hecho y la participación punible del imputado”, quien actuó acompañado por los dirigentes Emerenciano Sena, Mercedes Sánchez, Daniel Liezun, Antonio Gutiérrez y Carlos Ruiz.
La conducta de Castells se encuadra en el artículo 168 del Código Penal, que contempla una pena de entre cinco y diez años de prisión para quien logre la entrega bajo coerción de valores, mediante actos como el perpetrado en el Casino Gala el mes de julio pasado.
La pena
“Será reprimido con reclusión o prisión de cinco a diez años el que con intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma, obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o a la de un tercero, cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos”, señala el artículo.
Entre las pruebas que tuvo en cuenta para dictar la prisión preventiva, la fiscal chaqueña incluyó recortes periodísticos, declaraciones testimoniales, los resultados de la instrucción policial, registros en CD room y videocasetes con imágenes de la protesta.
La funcionaria judicial basó también su decisión en la actitud que asumió el imputado el jueves 26 de agosto, cuando fue invitado a ejercer su derecho de defensa y “se negó a declarar, realizando un monólogo que no se correspondía con los hechos”, añade el escrito.
Acto de repudio
Integrantes del MIJD se congregaron ayer por la tarde frente a las oficinas de la fiscal Riera para repudiar su determinación.
El abogado Mario Bosch, asesor extraoficial del dirigente piquetero, quien representa a los otros imputados en la causa, aseguró que el auto de prisión preventiva “carece de fundamentos”.
Bosch consideró que la defensora oficial, Zulema Quiroga, deberá apelar la medida, trámite para el cual cuenta con un plazo de tres días hábiles. El abogado comparó la situación de Raúl Castells con la de los otros acusados en la causa, que nunca fueron detenidos.
“Si no hay fundamentos para detener a mis defendidos, tampoco los hay para mantener a Castells privado de su libertad”, sostuvo Bosch en declaraciones a la prensa local.
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