LA JUSTICIA FEDERAL INVESTIGARÁ LA CONCESIÓN DE PUENTES DEL LITORAL

El senador nacional del Partido Socialista (PS), Rubén Giustiniani, informó esta mañana que la Justicia Federal investigará a los funcionarios responsables de realizar los controles en la concesión de la conexión vial Rosario – Victoria.

Según anunció el senador socialista, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, dependiente del Ministerio Público de la Nación, radicó una denuncia penal en la justicia federal contra los funcionarios que intervinieron en el control de la concesión del puente Rosario – Victoria. La presentación, efectuada por el fiscal Manuel Garrido, también involucra a quienes participaron de la administración y gestión del contrato “en tanto a través de su actuar habrían permitido que el concesionario se beneficie indebidamente a costa del patrimonio del Estado Nacional”.

En tanto, la investigación quedó a cargo del juzgado Federal en lo penal N° 8, a cargo de Jorge Urso.

En este sentido, la denuncia tiene como base fundamental un informe realizado por la Auditoría General de la Nación (AGN) -órgano externo de fiscalización del Estado Nacional- a pedido del propio Giustiniani, en su gestión en la Cámara Baja, como diputado nacional e integrante de la Comisión de Obras Públicas, realizó distintas gestiones para esclarecer tanto el proceso de concesión como la obra de construcción del puente. “Esto es consecuencia de la inacción del Estado, que no controla con los organismos que corresponden, lo que deriva siempre en el incumplimiento de las empresas contratistas”, sentenció el senador nacional del PS.

La Fiscalía de Investigaciones Administrativas analizó antes de redactar la extensa denuncia penal las auditorías de la AGN y de la Sindicatura General de la Nación (Sigen). De la pesquisa preliminar surgió que funcionarios y ex funcionarios de áreas como la subsecretaría de Obras Públicas de la Nación, el Ministerio de Economía y la Comisión Transitoria podrían haber incurrido en los delitos de defraudación a la administración pública por administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, falsificación ideológica de documento público, usurpación de funciones y/o violación de los deberes de funcionario público.

Desde hace años
Giustiniani pidió en julio de 2003 que la AGN –dependiente del Congreso nacional- ampliara y completara la auditoría encargada por el Órgano de Control de las Concesiones Viales (Occovi) a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Dicho trabajo, a su vez, había surgido de un reclamo suyo como diputado, durante 2002 y a propósito de la falta de precisión sobre la inversión estatal y privada.

Aún incompleta, la auditoría de la UBA reveló que el valor del puente fue un 10 por ciento inferior a lo estimado inicialmente. Y que una importante cantidad de subítems (como estudios hidráulicos, investigaciones geotécnicas, etc) sufrieron modificaciones a pesar de que sus montos no debieron alterarse. El informe de la AGN, que Giustiniani dio a conocer en febrero pasado, detectó 35 situaciones irregulares, de incumplimiento contractual por parte de la concesionaria, de flexibilización de las normas contractuales por parte del Organismo de Control Occovi y de inviabilidad futura de la concesión.

Según la denuncia del fiscal Garrido, del 8 de junio pasado, hay perjuicios para el Estado por el deficiente control de ejecución de la obra. En primer lugar, existe “gran incertidumbre respecto de la correspondencia entre lo certificado y lo trabajado, donde a pesar de que el Estado carecía de información relativamente certera acerca del tipo y alcance del trabajo que el concesionario declaraba haber realizado, decidió pagarlos”. En segundo término, se dio “un claro perjuicio al erario público por la discordancia entre lo efectivamente trabajado y lo certificado. El Estado pagó al concesionario sumas superiores a las debidas en tanto en algunos casos certificó trabajos que no habían sido efectivamente realizados y en otros aceptó el incremento de algunos costos sin justificación”.