LA JUSTICIA FEDERAL PIDE INVESTIGAR A TRES POLICÍAS DE DROGAS PELIGROSAS

Un Tribunal Federal pidió que se analice la actuación de tres policías de la Dirección Provincial de Drogas Peligrosas que quedaron sospechados durante un juicio oral de robar estupefacientes y dinero al imputado, implantar pruebas en su contra, presionarlo para se haga responsable de la droga y hasta exigirle dinero en el penal donde quedó detenido.

La sospecha involucra al ex jefe de Inteligencia de Drogas Peligrosas Rosario, subcomisario Carlos Rodríguez, un oficial principal y un agente. En el proceso un camionero, que era acusado por transporte de estupefacientes, fue absuelto por unanimidad por el beneficio de la duda.

Los indicios de irregularidades del procedimiento policial fueron tantas que uno de los jueces, en su voto, dijo que dudaba de que el delito que mantuvo al acusado en prisión durante meses hubiera existido.

Lo que se juzgó el pasado lunes 17 de mayo fue el transporte de una cantidad cercana al kilo de cocaína, de un 10 por ciento de pureza, según señalaron fuentes judiciales.

H.F., un transportista de 44 años, fue detenido en su camión por policías de civil que iban en un auto particular. El hombre afirmó que “estos policías lo conocían porque en otra oportunidad lo habían sorprendido en una compra de estupefacientes para su consumo personal”. Y que en esa ocasión “le exigieron dinero para que no pasara nada”.

H.F. relacionó su detención con otra amenaza del mismo personal policial, que le solicitó dinero, precisamente el del producto de la venta de su casa -dijo-, “a cambio de evitar el sufrimiento de él y su familia”.

“Se pregunta la defensora si este procedimiento es tan transparente, claro y simple como pareciera ser”, resume Baravani, según consigna el texto de la sentencia.

Sin testigos calificados
La verosimilitud en el relato del acusado fue apuntalada con una serie de irregularidades en el procedimiento policial que restaron transparencia al proceso judicial. El tribunal consideró que H.F. negó la acusación en varias oportunidades y alegó que la droga “fue puesta” por la policía en el camión. Y que Rodríguez lo amenazó para que se responsabilizara del material secuestrado. Esas acusaciones no pudieron ser probadas porque no ocurrieron frente a testigos. “Si bien no han podido ser confirmadas en plenitud existen circunstancias (…) que arrojan un manto de dudas sobre todo el procedimiento que al menos restan valor probatorio a lo expuesto en el acta”, dijo del Pozo en su voto.

El juez remarcó que transcurrió un tiempo entre la detención del acusado y la concurrencia de testigos, que fueron convocados a unas 30 cuadras del lugar de detención a pesar de que el procedimiento reunió a una gran cantidad de curiosos alrededor del camión. Eso impidió que los testigos más directos ratificaran los argumentos cruzados tanto de la policía como del acusado: la amenaza policial, en el caso del detenido; y la supuesta confesión del camionero, en el caso de los oficiales de Drogas.

“En el caso concreto, las personas que se reunieron en el lugar (…) eran los testigos más calificados ya que podrían haber podido percibir con sus sentidos los hechos anteriores a aquellos que arribaran, garantizando así la transparencia de lo sucedido”, dijo el juez.

En una consideración pocas veces señalada en un fallo, este magistrado señaló que “el procedimiento no comienza con con la revisación del vehículo (…) sino cuando comienza el seguimiento. Por ello, hubiera resultado prudente que al menos, a las personas que fueron traídas por los agentes policiales que hicieron de apoyo para oficiar como testigos, se agregara a alguien de los que ya se encontraban en el lugar”.

También remarca en su voto -en el que se explaya en una detallada interpretación de los planteos realizados por la fiscalía y la defensa-, la justificación que la policía de Drogas Peligrosas hizo de la detención del camionero, sobre quien no pesaba ningún pedido de captura ni orden de allanamiento. Los policías señalaron que contaban con información sobre las posibles actividades ilícitas del camionero y su vehículo. Pero el magistrado resaltó que esa información no fue elevada a la fiscalía y al juez, como corresponde, hasta después de su detención. “La lógica era investigarlo, no detenerlo”, señaló en su alegato la defensa.

Entre las dudas sobre la requisa, el tribunal coincidió con una observación de la defensa, ya que sólo fue revisada la cabina del camión: la droga apareció debajo del asiento y ni siquiera fue requisada la guantera, otras partes del rodado, ni el imputado.

“Subiste en mí una grave duda en cuanto a la existencia del hecho enrostrado” al acusado, señaló en su voto el juez Carlos Carrillo.

El tribunal absolvió al acusado y anotició al fiscal para que se pronuncie si corresponde investigar a los policías denunciados por haberle sustraído estupefacientes y dinero, implantado pruebas, presionado para que asuma su responsabilidad en el tráfico, y exigido dinero en el lugar donde se encontraba detenido.