LA JUSTICIA FORZÓ A LA NACIÓN A ENVIAR REMEDIOS PARA EL SIDA

“En este momento, los pacientes reciben medicamentos porque se han librado órdenes judiciales para que así sea”, indicó la abogada Carmen Maidagan. Aclaró que, en principio, la salud es competencia provincial, pero que determinados tipos de medicamentos, por su complejidad y costo, son otorgados por el Estado nacional cuando existe una indicación avalada por un efector gubernamental. Sin embargo, en los casos denunciados la Nación no dio respuestas, y fue necesario ejercer presión judicial para lograr que los medicamentos se distribuyan.

“En este momento, los pacientes reciben medicamentos porque se han librado órdenes judiciales para que así sea”, indicó la abogada Carmen Maidagan. Aclaró que, en principio, la salud es competencia provincial, pero que determinados tipos de medicamentos, por su complejidad y costo, son otorgados por el Estado nacional cuando existe una indicación avalada por un efector gubernamental. Sin embargo, en los casos denunciados la Nación no dio respuestas, y fue necesario ejercer presión judicial para lograr que los medicamentos se distribuyan.

“De los siete casos en la ciudad, dos personas han fallecido. En todos los casos la medicación se entregó contra la medida cautelar. Hay tres casos con sentencia de Cámara de Apelaciones, confirmando las sentencias de primera instancia, haciendo lugar al amparo”, explicó el secretario general adjunto de ATE, Gustavo Martínez. “Lo que agrava la situación es la posición de las autoridades, que no sólo violan la ley sino que intentan presionar a la Justicia para que no falle en favor de quienes necesitan con urgencia esos medicamentos”, agregó. Y explicó que en dos casos, el Estado nacional interpuso un recurso extraordinario para llegar a la Corte Suprema “sosteniendo que no era su responsabilidad, sino de las provincias, pese a reconocer que son ellos los que compran loas medicamentos”.

Martínez subrayó que en todos los casos “se trata de personas de escasos recursos” y que también los tratados internacionales establecen como obligación de los estados garantizar el derecho a la salud. En el caso de los enfermos de sida hay un agravante: la discontinuación del tratamiento hace que el mismo pierda toda efectividad. Finalmente, el dirigente gremial alertó sobre la letra de la legislación provincial, donde se indica que la provincia debe “prever” la existencia de medicamentos, en vez de “proveer”.