LA JUSTICIA INVESTIGA IRREGULARIDADES EN SUBASTAS

A partir de una denuncia de un ciudadano de nuestra ciudad, la Justicia santafesina investiga a funcionarios del Banco Nación y del desaparecido Banco Rural Cooperativo Limitado, por presunta defraudación y asociación ilícita en el remate de distintos bienes en 1993.

La denuncia fue radicada el 14 de noviembre pasado por el rafaelino Alfredo José Minetti ante la Fiscalía 6 de los tribunales de Santa Fe a cargo del doctor Carlos Romero, quien ordenó investigar el caso que ahora se sigue en el Juzgado de Instrucción de la 4ta. Nominación a cargo del juez Rubén Saurín.

El denunciante afirma que mediante maniobras presuntamente fraudulentas, un grupo de personas integrado por representantes de los bancos citados, funcionarios comunales y un abogado, produjeron remates por el valor de 800 mil dólares, subastando todos los bienes del productor agropecuario Eduardo Minetti, quien falleciera el 26 de marzo de 1993, en medio de dicho conflicto.

Entre los denunciados figuran quienes en el momento de la subasta se desempeñaban como gerente del Banco Rural de Sunchales, Roberto Schnidrig; gerente del Banco de la Nación Argentina, sucursal Progreso, Mario Amsler; el abogado Ricardo Raúl Cuassolo -que representaba Minetti-; y funcionarios del Juzgado Comunal de Sarmiento, Juan Lorenzo Bono y Oscar Víctor Alloatti.

Alfredo Minetti sostiene en su denuncia que los denunciados “violentaron los elementales principios de defensa en juicio, provocándole directamente la muerte civil del recurrente por intermedio de remates por ochocientos mil dólares, con retención indebido de cédulas hipotecarias por parte del Banco Nación Sucursal Progreso y la venta a precio vil de varios centenares de vacas lecheras con sus crías y otros 240 animales más que no se encontraban prendadas; estructuras de tinglados, una camioneta Chevrolet gasolera, máquinas que se encontraban afectadas al trabajo de campo, hileradora, acoplados, rastra de discos con sus respectivas sembradoras y discos desencontrados, sin tener posibilidad el recurrente de solicitar una exhaustiva y legítima investigación orientada a la legitimación de defensa en juicio”.

Minetti sostiene que la figura de la asociación ilícita podría probarse en el accionar de los denunciados quienes, “a través de sus respectivas responsabilidades han conformado en ejecuciones el carácter de transparencia legal o licitud, incautándole bienes y apropiándose indebidamente de bienes pertenecientes a productores, sumándose entre ellos un adquirente de ´aparente buena fe´ como lo es el Sr. Idermo José Giorgis”, quien habría comprado los bienes subastados.

Finalmente Minetti solicita que la Justicia investigue a los denunciados por denuncia de presuntos delitos de “asociación ilícica, extorsión, estafa, defraudación, estafa procesal, violación de los deberes de funcionario público, enriquecimiento ilícito y prevaricato”, tipificados en los artículos 210, 168, 173, 149 bis y 271 del Código Penal Argentino.

Fuentes de la fiscalía 6 de los tribunales santafesinos confirmaron ayer a este diario que la denuncia sigue ahora el trámite de instrucción y que se le requirió a la parte denunciante una ampliación de las pruebas ofrecidas.

Otro caso

Otra denuncia casi idéntica a la de Minetti, pero con otros actores, fue presentada en setiembre pasado ante los tribunales santafesinos por Rubén Luis Ghiano, un productor agropecuario de la localidad de Soutomayor.

Ghiano denuncia a una serie de personas, a las cuales identifica como miembros de “la banda del martillo” haciendo alusión a la supuesta participación en distintos subastas.

En este caso la denuncia por presuntos delitos penales está orientada contra los titulares de la ex empresa “Oleo Cereales SA”, Santiago Rabasedas y María Helena Vera de Rabasedas; los abogados Ricardo Cuassolo, Jorge Luis Bocca y Horacio Eduardo Lerithier; los martilleros públicos Roberto Daniel Beraudo y Marcela Beatriz Bianchi; los funcionarios del juzgado comunal de Sarmiento, Juan Lorenzo Bono y Oscar Víctor Alloatti; además de Idermo José Giorgis, quien también en este caso habría comparado los bienes subastados.

Según relata Ghiano en su denuncia, lo que denomina “la banda del martillo” habría actuado en forma presuntamente ilícita para “apropiarse indebidamente de campos de la zona”.

Esta denuncia en particular puntualiza el caso del remate del campo de Rogelio Luis Ghiano, que en 1997 se subastó por 24 mil dólares, cuando su valor real ascendía a 450 mil dólares, según precisó Ghiano. En este caso los compradores habrían sido el citado Giorgis junto al martillero Beraudo.

Ghiano también denuncia al grupo de funcionarios por los supuestos delitos de “asociación ilítica, extorsión, estafa, defraudación, estafa procesal, violación de los deberes de funcionario público, enriquecimiento ilícito y prevaricato”.

Las denuncias de Ghiano y Minetti se encuentran en la etapa de instrucción donde la Justicia ampliará la investigación para definir si dicta o no el procesamiento de los denunciados.