LA JUSTICIA INVESTIGA SI HUBO EXTORSIÓN A MACCARONE

Comenzó ayer la investigación judicial para establecer si hubo extorsión al obispo Juan Carlos Maccarone y, si la hubo, quién la cometió. Maccarone tuvo que renunciar hace una semana, luego de que tomó estado público un video en el que aparecía en una relación íntima con un remisero de 23 años.

Según informaron importantes fuentes judiciales a LA NACION, el juez del Juzgado de Instrucción N° 1, Gustavo Herrera, citó a declarar como testigo a Alfredo Serrano, el joven que aparece en la filmación junto con el prelado de la diócesis de Santiago del Estero.

Un importante funcionario judicial con acceso a la causa indicó que Herrera envió la citación a Serrano a su casa, situada en la calle San Luis de esta ciudad, detrás de la penitenciaría, pero le informaron que el remisero estaba en Buenos Aires. Según el informante, en caso de que Serrano no responda a la convocatoria, el magistrado podría enviar una comisión policial a la ciudad de Buenos Aires y traerlo por la fuerza pública.

LA RUTA DEL DINERO

Además, el magistrado convocaría como testigos, en las próximas horas, a Maccarone y a otros sacerdotes, entre los que figuran los que cumplen funciones en la catedral de la capital provincial, y a algunos de los religiosos que, el sábado último, firmaron un documento de apoyo al obispo, en el que, entre otras cuestiones, condenaron “las prácticas perversas del espionaje y la extorsión”.

Importantes fuentes de la investigación dijeron a LA NACIÓN que el juez Herrera envió distintos oficios a canales de televisión y radios de Buenos Aires para que remitieran los videos y las grabaciones con las entrevistas realizadas a Serrano.

El magistrado también citaría como testigo al periodista Rogelio Llapur, quien se desempeña en el Canal 7, uno de los dos medios de televisión abierta de la capital santiagueña. Llapur, que había grabado un reportaje a Serrano en el que mostraba el video con Maccarone, trabaja en el canal que pertenece al grupo Ick, blanco de duras críticas del obispo debido a la concentración del poder económico que habría logrado con la compra de varias firmas de servicios públicos.

Hace una semana, en una entrevista con LA NACIÓN en Buenos Aires, Serrano dijo que había entregado el video a dos abogados y al mencionado periodista. Luego, en un reportaje difundido por América, Serrano mencionó al empresario Néstor Ick, y dijo que había cobrado dinero por el video. Sin embargo, tanto Néstor Ick como su hijo Gustavo, dijeron a LA NACIÓN que no pagaron por el video. Llapur también afirmó que no había entregado dinero a Serrano.

Entre las medidas dispuestas por el magistrado figura la solicitud enviada a la empresa prestadora del servicio telefónico en la capital provincial para que entregue el listado de comunicaciones recibidas en las distintas líneas del Obispado, entre el 4 de este mes, cuando se registró el video, y la última semana, cuando Maccarone presentó la renuncia. Según fuentes de la investigación, el juez Herrera intenta establecer desde qué teléfono se pudo haber realizado alguna comunicación extorsiva y si, efectivamente, esa llamada existió.

Fuentes de la investigación indicaron que el magistrado intentará establecer cuál fue la ruta del dinero que habría cobrado Serrano por la venta del video, quién le pagó y si el joven que, durante un año se ganaba la vida como “arbolito” en el centro de la capital santiagueña, donde vendía dólares y cambiaba cheques por efectivo, actuó solo o tuvo cómplices. Además, el magistrado intentará determinar si Serrano u otra persona pretendieron extorsionar al obispo con el video.

Ayer, el juez Herrera dispuso la prohibición de que se difundan imágenes del video en el que Maccarone aparece con Serrano. Dicha medida se fundó en la denuncia de un particular, que advirtió que en una página de Internet se habían publicado fotos del video.

Los movimientos para investigar si Maccarone fue extorsionado comenzaron el jueves último, cuando tomó estado público la carta que el prelado envió a los obispos reunidos en las sesiones de comisión permanente del Episcopado.

En uno de los siete párrafos de la misiva, el obispo expresó: “Un acontecimiento preparado por intereses y tecnología que implicaban un proyecto de extorsión se aprovechó de mi buena voluntad y trajo como consecuencia herir la calidad moral de mi persona y la autoridad correspondiente”.

Un importante funcionario del Poder Judicial santiagueño indicó que a partir de ese momento, el fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero, Luis de la Rúa, decidió intervenir de oficio y ordenó a los fiscales de primera instancia que presentaran una denuncia en el Juzgado del Crimen.

“Si bien el rumor sobre la existencia del video se había conocido en esta ciudad varios días antes de que Maccarone presentara su renuncia, el obispo nunca denunció el caso. Tampoco lo hizo ningún otro sacerdote. La Justicia no se puede meter dentro de la Iglesia porque, de hacerlo, se estaría avasallando la privacidad de las personas y de las instituciones. Pero cuando el hecho se difundió por los medios de comunicación, se transformó en un delito de acción pública y, en ese caso, la Justicia tenía la obligación de intervenir, y así se hizo. Se investigará hasta las últimas consecuencias”, dijo un funcionario de la justicia santiagueña.

UN FUNCIONARIO EN LA MIRA

Hugo Frola se desempeña como defensor oficial ante la Cámara del Crimen de los tribunales santiagueños. Hace una semana fue señalado como el abogado que presentó a Alfredo Serrano al periodista de Canal 7 que grabó la entrevista en la que se muestran imágenes del video del joven con el obispo Juan Carlos Maccarone. Por tal motivo, el Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero inició un sumario administrativo para establecer si el letrado cometió alguna falta reglamentaria y debería ser sancionado o destituido.

En caso de que la investigación encarada por el máximo tribunal provincial determine la existencia de una falta grave, Frola podría ser suspendido y sometido a un jurado de enjuiciamiento. A mediados de la última semana, el letrado presentó un escrito en el que declaró que “sólo había presentado a Serrano con el periodista de Canal 7” y que no intervino más en el caso.

La situación de Frola, que durante la investigación del doble crimen de La Dársena fue abogado defensor del ex diputado provincial por el PJ Carlos “Pololo” Anauate, se resolverá en las próximas 48 horas.