LA JUSTICIA INVESTIGA UN SUPUESTO FRAUDE INFORMÁTICO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD

En la denuncia que se radicó a principios de marzo ante el juzgado de Cosgaya, un ex empleado de la oficina sostuvo que durante la presidencia de Agustín Amuchástegui en el Colegio de Escribanos “se eliminaron los controles de estampillado, con lo que se produjo una considerable disminución de los ingresos que genera la venta de tasas de la ley convenio”.

Ante esto, la fiscal María Eugenia Iribarren había dicho que no se encontraron elemenos suficientes para avanzar en una investigación penal, y sugirió que se archivara la causa. Por el contrario, Cosgaya entendió que debían agotarse las instancias para dirimir si existió alguna falta en la administración de los sellados de la repartición pública. Planteada la divergencia, tomó intervención la fiscalía de Cámara Nº 3, que ayer se pronunció a favor de las investigaciones impulsadas en primera instancia por Cosgaya.

Juan Carlos Blödorn, un empleado que estuvo a cargo durante casi 10 años del desarrollo informático y mantenimiento del software del Registro de la Propiedad, el Colegio de Escribanos y el Archivo de Protocolo, dijo que con las maniobras -con estampillas duplicadas y falsas- se dejó de percibir alrededor de 150 mil pesos por mes.

El supuesto ardid informático se venía realizando desde hacía cinco años, con lo que la suma mencionada se duplicaría varias veces alcanzando los tres millones setecientos mil pesos.