LA JUSTICIA LE DIO LA RAZÓN A BOASSO

Finalmente la Justicia le dio la razón al concejal radical Jorge Boasso y falló a su favor declarando que no existe incompatibilidad entre su condición de edil y de ejecutor fiscal de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), según consta en la decisión de la Cámara de lo Contencioso Administrativo Nº2, que además condena a la Municipalidad de Rosario a pagarle al edil ocho mil pesos en concepto de daño moral.

El fallo señala que se deben “anular las resoluciones del Concejo Municipal de Rosario” que rechazaban el recurso interpuesto por el edil para permanecer en su banca, y condena a la Municipalidad de Rosario a pagar “la suma de ocho mil pesos en concepto de daño moral con más intereses a partir del reclamo (22 de noviembre de 2001) a la tasa pasiva promedio fijada por el Banco Central de la República Argentina”.
La decisión de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que se dio a conocer ayer pone fin a una larga historia que volvió a los primeros planos el lunes, durante la jura de los nuevos ediles, pero que viene de lejos y dio lugar a una dura polémica que repercutió con fuerza dentro de las propias filas del radicalismo, desde donde se llegó a impulsar la expulsión de Boasso del partido.

A las tres semanas volvió

El 1º y el 8 de noviembre de 2001 el Concejo emitió sendas resoluciones en las que resolvió declarar cesante en sus funciones a Boasso “por la incompatibilidad moral” a causa de su doble condición de edil y ejecutor fiscal.

En la sesión del 8 de noviembre, 22 concejales votaron la iniciativa del entonces presidente del cuerpo, Pablo Cribioli, quien siguiendo lo recomendado por el dictamen de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad propuso rechazar los recursos presentados por Boasso y separarlo de su cargo.

Ese mismo día, el edil anunció que recurriría a la Justicia para apelar esta resolución. Así fue cómo exactamente tres semanas después, el 29 de noviembre de 2001, Boasso hizo su regreso triunfal cuando la Cámara en lo Contencioso Administrativo resolvió, como medida cautelar (decisión que por entonces implicaba la falta de la sentencia de fondo), suspender las resoluciones del Concejo con las que se había cesanteado a Boasso, y además ordenó reponer al concejal en su cargo.

En esa decisión, los camaristas entendieron que “en ausencia de adecuadas y suficientes razones que autoricen la exclusión del edil debe prevalecer la voluntad del pueblo de los vecinos de la ciudad de Rosario”.
Y ahora, en la misma línea de esta medida cautelar, se falló sobre la cuestión de fondo dando la razón a Boasso y poniendo punto final a la historia.

El caso volvió a ganar notoriedad durante la jura de ediles del lunes, cuando se volvió a discutir si aquella medida cautelar del 29 de noviembre que le permitió volver a su banca seguía teniendo vigencia para un nuevo mandato. Por este motivo, ese día todo el cuerpo aprobó un mensaje dirigido a la Cámara en lo Contencioso Administrativo sugiriendo que resuelva “con celeridad” si Boasso incurría en incompatibilidad al ejercer al mismo tiempo la concejalía y el puesto de ejecutor fiscal en la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip).