LA JUSTICIA PIDIÓ AL GOBIERNO MEDIDAS CONTRA LOS CORTES

La jornada de cortes de ruta en todo el país, programada para el jueves por los sectores piqueteros duros, provocó ayer un primer pronunciamiento judicial. Un juez federal de La Plata reclamó a las autoridades nacionales y provinciales que “por intermedio de sus fuerzas de seguridad, adopten las medidas necesarias para garantizar la plena vigencia del derecho a transitar”.

El Bloque Piquetero Nacional y otras agrupaciones anunciaron que realizarán 94 cortes de ruta. Y lo hicieron en medio de una escalada en el enfrentamiento con el Gobierno, que tuvo como último capítulo la ocupación de la entrada del Ministerio de Trabajo, durante seis días. El cuadro se tensó aún más con el episodio de violencia registrado el viernes, en la avenida 9 de Julio, donde manifestantes de otros sectores golpearon a un taxista y al conductor de un automóvil particular.

Ayer, tomó intervención directa la Justicia. El dictamen lleva la firma del juez platense Adolfo Ziulu, quien hizo lugar a una medida cautelar solicitada la semana pasada por la empresa Coviares, concesionaria de la autopista La Plata—Buenos Aires. La empresa acompañó su pedido con datos precisos: en 2003 hubo 19 cortes de la autopista, que incluyeron el levantamiento de las barreras de los peajes. Y en los últimos 42 días, se registraron otras 5 interrupciones organizadas por grupos piqueteros.

La presentación se hizo ante el anuncio de una “movilización masiva”, originalmente prevista para ayer, pero luego postergada para el jueves.

Por eso, el Ministerio de Seguridad provincial decidió reforzar ayer mismo con policías bonaerenses los puestos fijos de control instalados en esa autopista.

Como la protesta piquetera cambió de fecha, la empresa Coviares presentó otro pedido ante el juez Ziulu. En los Tribunales de La Plata descuentan que el magistrado repetirá con los mismos fundamentos el pedido a las autoridades nacionales y provinciales, para que garanticen el tránsito por ese camino.

En su resolución, Ziulu aclaró que “para el cabal cumplimiento de la medida deberán privilegiarse las acciones preventivas, evitando en lo posible que su implementación produzca daños en las personas o en las cosas”. También dejó constancia de que deben resguardarse “prioritariamente los derechos y garantías constitucionales de todos los habitantes”.

El juez reconoció, además, el “legítimo derecho (de los piqueteros) a peticionar ante las autoridades”, aunque reclamó que ese ejercicio se haga con conductas y comportamientos “fundados en la convivencia armónica y pacífica”. En resumen: Ziulu no inhabilita la protesta, pero quiere evitar problemas para los automovilistas, perjuicios para la empresa y enfrentamientos.

El reclamo judicial desde La Plata llegó en momentos en que el Gobierno reitera su posición frente a los piqueteros duros, con el objetivo de aislarlos socialmente: dice que no aceptará extorsiones y condena los cortes, pero afirma que no reprimirá.

Esto último aparece como una cuestión especialmente sensible, luego de los incidentes del viernes en la avenida 9 de Julio. “No debemos anticipar reacciones de Estado porque no queremos que nada se vaya de las manos y termine de un modo que todos tengamos que lamentar”, había dicho, el domingo, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández .

Pareció una alusión al clima que precedió a los episodios de junio de 2002, cuando una marcha de distintas organizaciones piqueteras en Avellaneda terminó con el asesinato de los manifestantes Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, en medio de la represión policial.