LA JUSTICIA PIDIÓ PRUEBAS AL PRESIDENTE

El presidente Néstor Kirchner deberá detallar ante la Justicia qué pruebas tiene para sospechar que un grupo de empresarios, políticos y periodistas buscan desestabilizar o complicar la gestión de su gobierno.

Así lo dispuso anoche el juez federal Juan José Galeano, que admitió el requerimiento del fiscal del fuero Carlos Stornelli, que había pedido que Kirchner aporte a la investigación judicial los datos que posea sobre el presunto plan desestabilizador.

Stornelli, que presentó la denuncia que derivó en la causa penal que recayó en Galeano y el propio fiscal, también requirió que declaren el jefe de Gabinete, Alberto Fernández; el ministro del Interior, Aníbal Fernández, y el jefe de la SIDE, Héctor Icazuriaga.

Galeano evaluó ayer en su despacho las primeras medidas de prueba solicitadas, a las que hizo lugar poco después de las 18, cuando envió un oficio a la Casa Rosada para que se detalle qué datos posee el Gobierno sobre los supuestos “sectores desplazados” que enfrentan al Gobierno.

El dirigente piquetero Luis D´Elía, y los titulares de ARI y de Recrear, Elisa Carrió y Ricardo López Murphy, respectivamente, también integran la lista de testigos a los que el fiscal Stornelli quiere escuchar.

El Presidente y sus colaboradores tienen la prerrogativa, sin embargo, de no verse forzados a presentarse en los Tribunales. Podrán declarar como testigos por escrito, si así lo desean, aunque siempre bajo juramento, tras recibir la lista de preguntas de la Fiscalía y del juez Galeano.

El magistrado también pidió al Poder Ejecutivo que aporte todos los elementos probatorios que posea sobre la “realidad desestabilizadora” de la que hablaron sus funcionarios en los últimos días, precisaron a LA NACION funcionarios judiciales.

“El Gobierno, si realmente está preocupado sobre la existencia de un complot, debería aportar las pruebas que posea. Así se determinará si se está ante un delito, una tentativa, o nada, en cuyo caso se archivarán las actuaciones. Pero el Presidente, de buena voluntad, debe aportar datos”, comentó uno de ellos.

Pero el titular de la Fiscalía N° 4 en lo Criminal y Correccional Federal, de los tribunales de Comodoro Py, requirió además otras diligencias para determinar quiénes pueden ser imputados en la Justicia de pretender “inviabilizar” al Gobierno, como calificó ayer el propio Presidente.

Stornelli indicó, por lo pronto, las primeras diligencias tendientes a comprobar la veracidad de los dichos de los funcionarios del Gobierno, más allá de la voluntad que muestren esos funcionarios para aportar datos a la Justicia, precisaron a LA NACION los informantes consultados.

Stornelli había pedido anteayer que la Justicia investigara si existía el “supuesto complot en la ola delictiva que quiere desestabilizar” al Gobierno, como había afirmado Kirchner el miércoles último.

El fiscal radicó la denuncia, de dos carillas, ante la mesa general de entradas de la Cámara Federal porteña, y por sorteo se remitió al juzgado de Galeano, con quien se encuentra de turno ahora el propio Stornelli.

En su denuncia, el fiscal transcribió algunas declaraciones de Kirchner que publicó LA NACION, sobre la supuesta existencia de “sectores policiales, políticos y económicos, a los cuales no identificó, pretenden desestabilizar su gobierno y enfrentarlo con la gente”.

El Presidente afirmó incluso que “los índices de inseguridad van bajando, pero la sensación de inseguridad va en aumento” porque su administración tuvo la “idea de cambiar la cúpula de la Policía Federal”.

“Atentados y amenazas”

El miércoles último, Kirchner explicitó un poco más sus sospechas durante un acto en el que presentó un balance de los programas de promoción social. “Nos nos van a correr ni con atentados ni con amenazas”, afirmó.

Stornelli pidió entonces la apertura de una investigación judicial “ante la posible comisión de hechos delictivos que podrían estar sucediendo en el ámbito de la policía y/o sectores políticos y económicos por personas aún no individualizadas que, según las manifestaciones públicas del presidente Kirchner, pretenderían desestabilizar al Gobierno”.

Esta no es la primera denuncia que Stornelli presentó por declaraciones de funcionarios del Gobierno. Semanas atrás radicó otra basada en dichos del ministro de Justicia, Gustavo Beliz, sobre presuntas redes en el Poder Judicial que facilitarían la “impunidad política” de los funcionarios que delinquen, investigación que impulsa ahora Gerardo Pollicita, también fiscal federal.

Pollicita libró oficios a los doce juzgados criminales y correccionales federales porteños, para que informen si existen investigaciones abiertas que apunten ya a esas supuestas redes de cobertura judicial.