LA JUSTICIA PODRÍA REABRIR CAUSAS CONTRA 70 MILITARES
La próxima reapertura de las dos “megacausas” por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura existentes en la Cámara Federal porteña podría afectar en una primera etapa a unos 70 militares amparados en su momento por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Así lo aseguraron ayer fuentes judiciales a Clarín.
Las fuentes confirmaron que el tribunal —que hizo “punta de lanza” con este tema en los últimos años— ya tiene decidido ordenar la reapertura de estas dos “megacausas” apenas sea promulgada la ley que anuló las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
La ley fue aprobada por el Congreso el jueves 21, y el jueves 4 de setiembre quedaría promulgada en forma automática, al cumplirse los diez días “útiles” que hay de plazo para un eventual veto.
Las dos causas que la Cámara sorteará para que sean instruidas en alguno de los doce juzgados federales penales de la Capital Federal son la 761, que investigó los delitos cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó dentro de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), y la 450, referida a la jurisdicción del Cuerpo I de Ejército, también conocida como “Suárez Mason”, en referencia a su ex titular, el detenido general retirado.
Las otras dos causas que tramitaron directamente en la Cámara durante la década del 80 son la famosa “causa 13”, en la que se juzgó a los ex comandantes luego indultados por el ex presidente Carlos Menem, y la “causa 44”, que tuvo su eje en el fallecido ex jefe de Policía bonaerense Ramón Camps. En ambas hubo sentencia.
La causa que más se agilizará apenas sea reabierta será la de la ESMA, que se vio interrumpida por la entrada en vigencia de la Ley de Punto Final, cuando ya existían pedidos de procesamiento por parte de la Fiscalía, y el tribunal ya había convocado a los acusados a prestar declaración indagatoria.
“De oficio las archivamos y de oficio las reabriremos”, dijo una fuente del tribunal al negar que se aguarde alguna presentación de los familiares de las víctimas para decidir la reapertura. Claro que en otros despachos de la Cámara prefieren ser cautos y esperar que se promulgue la ley que anuló las leyes del perdón.
Igualmente, no será un trámite fácil. En Tribunales están preparados para que los militares de menor rango en la época de la dictadura aleguen que obedecieron órdenes. Y el problema es que justamente, los principales jefes fueron indultados y los indultos siguen vigentes. Otra posibilidad es que surja un hecho nuevo por el que no hayan sido indultados y que permita su juzgamiento. La causa más complicada va a ser la del Cuerpo I, porque surgirán problemas de competencia con tribunales del interior de la provincia de Buenos Aires.
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