La Justicia rechazó la reapertura de la causa del diciembre de 2001

El fiscal santafesino Juan Pablo Lopez Rosas desestimó tajantemente la posibilidad de reabrir la causa judicial que –mal- investigó los episodios de violencia que terminaron con siete santafesinos muertos por la represión policial en diciembre de 2001. La resolución del juez fue en respuesta a la presentación que hizo la semana pasada el abogado local y ex concejal radical Mario Pilo, quien solicitó la reapertura del expediente archivado hace dos años y que ni siquiera crispó los nervios del entonces gobernador y actual senador Carlos Reutemann.

López Rosas consideró que “no existen nuevas pruebas para merituar que permitan activar una reapertura del expediente”, expresa el fiscal que le trasladó el parecer al juez correccional, con un requerimiento de instrucción negativo.

Pilo, que pidió la reapertura de la causa, quiere ahora solicitar el inicio de otro expediente que investigue las responsabilidades políticas que tuvieron Reutemann y sus funcionarios en los hechos de diciembre de 2001. “Si también corro la misma suerte con esta posibilidad –le dijo Pilo a Notife- pediré Justicia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos” – que funciona en Washington y se ocupa de violaciones de los Estados latinoamericanos-.

LA PRESENTACIÓN DE PILO

En la presentación ante la fiscalía en turno la semana pasada , Mario Pilo recordó que “oportunamente presenté el requerimiento de investigación penal en la figura de un eventual intocable de la justicia provincial, Carlos Alberto Reutemann (expediente Nº 2381, año 2003), en función de un estricto criterio de igualdad federal ante la ley penal por los dramáticos hechos de diciembre de 2001”.

“Por estos hechos fueron procesados Santos, Mestre y el mismo ex presidente De la Rúa, mientras que en esta provincia invisible –no invencible- con siete muertos por una similar represión nada ha pasado al nivel jerárquico”, disparó.

Asimismo, el ex concejal puntualizó que “desconozco actividad de denuncia y/o investigación similar en la provincia, pero sí advierto que la obsecuencia cómplice y cobarde de la mayoría legislativa no ha aceptado siquiera una investigación parlamentaria”.

También recordó que “la Cámara Federal le ordenó la semana pasada a la jueza Servini de Cubría que indague al ex presidente y a su ex ministro del interior Ramón Mestre por homicidio culposo, al entender que el operativo policial ese día obedeció a una decisión política. También apuntó que las fuerzas de seguridad adoptaron una conducta hostil e injustificada contra manifestantes sin armas de fuego”.

Por ese motivo, el denunciante transcribió los párrafos del fallo dictado por el tribunal de alzada en el que se sostiene que “los funcionarios políticos son los responsables de administrar correcta y legalmente la violencia del Estado y sobre ellos recae la responsabilidad que el conjunto de la población les delega por medio del voto”.