LA JUSTICIA RECHAZÓ UN RECLAMO CONTRA UN PIQUETE EN LA PLATA

El juez de Garantías de La Plata, César Melazo, rechazó hoy el pedido del fiscal penal platense, Carlos Gómez, para que se garantice la libre circulación en cercanías del Ministerio de Desarrollo Humano bonaerense, donde este mediodía se iba a realizar una protesta piquetera. La exigencia provocó inquietud en los manifestantes del MTD Aníbal Verón, que comenzaron a marchar recién esta tarde, con una demora de cuatro horas.

En la resolución, Melazo destacó que “son reiterados los cortes en esa arteria y el fiscal nunca dispuso medida alguna cuando debe ser el ministerio fiscal quien debe actuar y requerir las medidas de coerción real o personal adecuadas frente a la comisión de delitos”.

Los piqueteros del MTD Aníbal Verón, en su mayoría de la localidad de Longchamps, tenían previsto protestar este mediodía con un corte de las calles 7 y 55, frente al Ministerio de Desarrollo Humano provincial, para pedir planes de trabajo. Después de varias idas y vueltas, la manifestación arrancó poco antes de las 16.

El fiscal Gómez sostuvo su pedido de intervención judicial al argumentar que teme que “pueda generarse algún hecho de violencia”. Afirmó que los piqueteros del MTD Aníbal Verón marchan “con sus herramientas de trabajo” y no con los ya tradicionales palos con los que los encargados de la seguridad dentro del grupo ordenan a los manifestantes.

“Esto se suma al reclamo insistente de los vecinos y comerciantes de la zona que ven alterada su vida por los piquetes casi permanentes que se desarrollan allí”, explicó el fiscal.

El MTD Aníbal Verón, que forma parte del sector ‘dialoguista’ con la gestión de Kirchner, solicitará una entrevista con el gobernador Felipe Solá y el ministro de Desarrollo Humano y Trabajo Juan Pablo Cafiero, para que den respuestas ante un supuesto incumplimiento del acuerdo por la asistencia social.

La presentación que amenazó con generar tensión en La Plata extiende la participación de la Justicia en el conflicto entre piqueteros y el Gobierno. El jueves pasado, ante una protesta nacional que emprendieron varios grupos de los llamados “duros”, un juez federal, también de La Plata, reclamó a las autoridades nacionales y provinciales que “por intermedio de sus fuerzas de seguridad, adopten las medidas necesarias para garantizar la plena vigencia del derecho a transitar”.

En ese caso, el dictamen del juez platense Adolfo Ziulu había hecho lugar a una medida cautelar solicitada por la empresa Coviares, concesionaria de la autopista La Plata-Buenos Aires.