LA JUSTICIA SANTAFESINA DEBERÁ INVESTIGAR SI HUBO DESVIO DE FONDOS DESTINADOS A LOS INUNDADOS

El juez de instrucción de Santa Fe Carlos Ferrero deberá investigar si durante la gestión de Carlos Reutemann como gobernador se desviaron en forma deliberada fondos destinados a los afectados por las inundaciones provocadas por el río Salado.

El 7 de marzo, la Oficina Anticorrupción giró las actuaciones del caso a la Presidencia de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Santa Fe, a cargo del Dr. Julio César Rondina. El camarista – integrante de la Sala III – decidió remitirle el expediente al Juez de Instrucción de la Sexta Nominación Carlos Ferrero, por entender que correspondía enviarle la documental al magistrado que estaba de turno al momento de presentada la denuncia.

Rondina se tomó una semana para analizar la carpeta de la Oficina Anticorrupción e instruyó al juez Ferrero a que determine si es competencia de la justicia santafesina la investigación del delito denunciado.

Fuentes tribunalicias informaron ayer por la mañana a Notife que “el doctor Ferrero recibió el expediente y se tomará unos días para analizar si existe un delito, si es competencia de este Juzgado la investigación y si efectivamente la denuncia coincide con el turno del magistrado. Si el juez entiende que no tiene competencia procesal, correrá vista al Fiscal para que el defensor público analice las actuaciones, ya realizadas por la Fiscalía de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción”, confiaron.

LA RUTA DE LA DENUNCIA

Una alta fuente del Ministerio de Justicia de la Nación confió a Notife en enero de este año que “la carpeta 3.926 de la O.A. se inició en julio de 2004 con una presentación de José Mustafhá, quien denunció que los fondos que la provincia de Santa Fe recibió del gobierno federal con motivo de la inundación de mayo 2003 habrían sido, en parte, malversados. El denunciante señaló que la ley 25.735 declaró zona de desastre a varias localidades de la provincia de Santa Fe y dispuso una partida del presupuesto nacional de 150 millones de pesos, pero que el Comité de Emergencia Hídrica provincial utilizó una parte de los fondos federales transferidos (más de un millón de pesos) para otras localidades distintas de las previstas en su afectación legal”.

Abierta la carpeta de investigación, el Dr. Carlos Alberto Carranza, invocando su carácter de ex Ministro de Gobierno, Justicia y Culto de la provincia de Santa Fe, se presentó el 16 de septiembre de 2004 y reconoció que algunos gastos efectuados con recursos provenientes de la Nación “no encuadran conforme a su ubicación geográfica en la zona de desastre”, pero justificó los mismos invocando la necesidad de elaborar un “mecanismo de compensación” para cambiar la imputación de los gastos. Al respecto, alegó que “habría existido un desfasaje temporal entre la decisión del gobierno nacional de constituir un fondo para la emergencia y la llegada efectiva de tal dinero, por lo que las necesidades de la emergencia debieron ser atendidas con recursos del presupuesto provincial y, posteriormente, cuando llegaron los fondos de origen nacional, fue preciso cambiar la imputación de los gastos”.

Carranza manifestó que, apenas advertidos los referidos defectos de imputación presupuestaria, “se efectuaron las correcciones necesarias antes del cierre del ejercicio contable, y que, por otra parte, no se trataba estrictamente de fondos nacionales, pues los mismos habían sido dirigidos al espacio de gestión provincial”. Entendía, por ello, que no era materia de investigación para una oficina del Gobierno Nacional, y que, en todo caso, los antecedentes podían ser remitidos para su consideración al Juzgado competente de la Provincia de Santa Fe.

El 17 de noviembre de 2004 el entonces Fiscal de Control Administrativo, Dr. Daniel Morín, dictó la “Resolución O.A. Nº 1047/04”. En sus fundamentos se expresa que, si el tipo penal de la malversación intenta resguardar “la seguridad de afectación de los bienes públicos para los fines para los que se los ha creado o reunido”, debería analizarse “si el delito de malversación de caudales públicos se encuentra configurado cuando todavía existen en poder de la administración partidas presupuestarias que permitirían neutralizar un eventual desvío”.

Del mismo modo, los contadores fiscales del organismo nacional, remarcaron que “a fin de entender en lo expuesto, y dada la existencia de una causa penal en la Justicia de Santa Fe donde se investigan hechos relacionados con la cuestión (Juzgado en lo Penal de Instrucción de la 7ma. Nominación de la ciudad de Santa Fe), el Fiscal de Control Administrativo decidió remitirle a dicho magistrado copia de las actuaciones, y archivar la carpeta de investigación de la O.A”.

Así se hizo, pero con fecha 30 de noviembre de 2004, el juez de instrucción provincial Diego Andrés de la Torre devolvió la copia de las actuaciones entendiendo que “no había conexidad entre la carpeta de la O.A. y la causa que se tramita en su juzgado”, dirigida a investigar la posible “responsabilidad penal de funcionarios provinciales y/o municipales en la figura del estrago culposo”, con motivo de la inundación de abril – mayo de 2003.

Las actuaciones volvieron al organismo nacional y a mediados de febrero, el actual Fiscal de Control Administrativo, Abel Fleitas Ortiz de Rosas, decidió insistir con la competencia santafesina. Fue así que el 7 de marzo le remitió las actuaciones al Presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Santa Fe (Circunscripción Judicial Nº 1) Julio César Rondina. En principio, según informaron desde la O.A, el expediente debía ser sorteado por la Cámara, pero Rondina envió el expediente al juez Ferrero por entender que debía investigar el caso el magistrado que se encontraba de turno al momento de presentarse la denuncia.