LA JUSTICIA SOBRESEYÓ A IBARRA POR LA TRAGEDIA DE CROMAÑÓN

Bronca y dolor entre los familiares. Ni bien conocido el fallo de la jueza Crotto, familiares de los muertos en Cromañón y algunos sobrevivientes manifestaron su protesta frente a Tribunales. Por la tarde, en una marcha hacia la Jefatura de Gobierno y en un incidente confuso, fue incendiada parcialmente una de las puertas de acceso del palacio. Los padres calificaron de aberrante el fallo que exculpa a Ibarra. Otro sector de familiares aseguró que va a apelar la medida incluso ante los tribunales internacionales.

A cinco meses exactos de su destitución, Aníbal Ibarra fue ayer sobreseído en la causa por la tragedia de Cromañón. En una resolución de 156 páginas, la jueza María Angélica Crotto desvinculó totalmente del caso al ex jefe de Gobierno porteño con el argumento de que el ex funcionario había “descentralizado” las tareas de habilitación, seguridad y control en los locales bailables y, así, “no debía encargarse en forma perso nal del control sobre la actividad de los locales bailables”.

Al fundamentar por qué lo despegaba del caso, la jueza fue aún más allá: “Nada le indicaba (a Ibarra) que sus inferiores incumplían dolosamente con los deberes a su cargo”.

Los inferiores son los tres ex funcionarios de su administración que están procesados de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

“La Justicia confirmó la percepción de la mayoría de la sociedad”, dijo Ibarra más tarde, mientras hacía esfuerzos para no mostrarse eufórico en una conferencia de prensa (ver “Ibarra…”).

El fallo fue repudiado por familiares de víctimas y por sobrevivientes del desastre. “Con su decisión la jueza consagra la impunidad. El jueves presentaremos una apelación”, dijo el abogado querellante José Iglesias, padre de un joven que murió en el incendio.

Otros parientes se mostraron más intransigentes. Poco después del mediodía alrededor de 30 familiares se movilizaron a Tribunales para protestar contra el fallo. De ahí marcharon hasta la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, dónde, según un cable de la agencia DyN arrojaron una bomba incendiaria contra la puerta principal del edificio.

“Es mentira que hayamos tirado una bomba incendiaria. Sólo prendimos fuego unos papeles con la foto de Ibarra”, aseguró Nora de Bonomini, madre de un chico muerto en el desastre. Bonomini está imputada por amenazas a la jueza Crotto: “Esto es una farsa. Los padres vamos a terminar presos y los asesinos como Ibarra van a seguir sueltos”.

El 3 de enero de 2005, es decir apenas 72 horas después del incendio, la jueza Crotto recibió el primer pedido para que se citara a Ibarra a indagatoria. Insistieron después todas las cabezas de querella de la causa y el fiscal Juan Manuel Sansone.

El fundamento de todas las partes siempre fue que el ex funcionario, supuestamente, había desoído alertas institucionales, como algunos informes de la Defensoría del Pueblo, y los reclamos de algunas comisiones de la Legislatura vinculados a irregularidades en el área de seguridad.

Nunca hasta ayer ninguno de los tres jueces que tuvo la causa —Crotto, Julio Lucini y Néstor Costabel— dijo una palabra sobre la situación de Ibarra. Es más: Ibarra, de acuerdo a las fuentes consultadas, no había nombrado siquiera un defensor para que lo representara en el caso.

“Sin que Ibarra haya pedido una sola vez que se resolviera su situación, la jueza decidió sobreseerlo. Técnicamente está bien lo que hizo, pero es muy poco común”, dijo la abogada querellante Beatriz Campos.

“Es totalmente inusual en la Justicia que cuando la Fiscalía pide una indagatoria el juez dicte el sobreseimiento sin haber escuchado nunca al imputado”, sostuvo el abogado Fernando Soto.

¿Si no estaba imputado de nada por qué entonces se lo sobreseyó? Dijo la jueza, citando otro fallo, que toda persona tiene derecho “a liberarse del estado de sospecha que importa la acusación de haber cometido un delito mediante una sentencia que establezca de una vez y para siempre su situación ante la ley penal”.

Para la jueza, de las 97.200 páginas de la causa no surgen “elementos de prueba que permitan asegurar y demostrar que Aníbal Ibarra pudo reconocer el riesgo creado por Omar Emir Chabán”. Y añade: “Mal puede (entonces) erigirse imputación alguna en su contra”.

Ayer las querellas veían como improbable que las apelaciones prosperen. Es más: ya suponen que a fin de año prescribiría cualquier posibilidad de imputar a Ibarra en la causa de Cromañón. Ahí sí quedaría desvinculado del caso para siempre.