LA JUSTICIA TRAS LOS BIENES DE LOS EX FUNCIONARIOS

La Justicia comenzó a buscar información en las declaraciones juradas de ex funcionarios menemistas para determinar si los supuestos sobresueldos de la década del 90 fueron incluidos en sus patrimonios. Así lo afirmaron ayer a Clarín fuentes judiciales.

Sin hacer distinción de nombres, las fuentes consultadas precisaron que los pedidos abarcan a ex ministros, ex secretarios y ex subsecretarios de Estado de la primera época del ex presidente Carlos Menem.

Los oficios comenzaron a ser enviados por la Fiscalía federal a cargo de Paulo Starc, en quien delegó la investigación el juez Jorge Ballestero. Las fuentes aseguraron que fueron remitidos a la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia. Sin embargo, en esas oficinas anoche dijeron que aún no habían recibido nada, al igual que en la Secretaría General de la Presidencia.

En esa época, las declaraciones juradas eran entregadas en la Escribanía General de la Nación. Lo tenía que hacer cada funcionario al ingresar y egresar del Poder Ejecutivo. Ahora —en rigor desde 1999— esa tarea está a cargo de la Dirección de Transparencia de la Oficina Anticorrupción. Allí se concentran las declaraciones juradas de todos los funcionarios públicos dependientes del Ejecutivo. Desde el Presidente hasta el rector de una universidad nacional.

Otra fuente aseguró que también se pidieron informes a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). En este caso sería por las instrucciones que había dado el ex ministro de Economía Domingo Cavallo para que los funcionarios que recibieran “reintegros de gastos” —como él los llama— los incluyeran en sus declaraciones impositivas.

La causa llevada adelante por Starc, bajo el control de Ballestero, fue abierta luego de que el tema de los sobresueldos fuera usado como argumento de defensa por María Julia Alsogaray, finalmente condenada por enriquecimiento ilícito. La ex polifuncionaria avanzó con el tema, el domingo, en una entrevista con Clarín. Y allí apuntó a los ex ministros del Interior José Luis Manzano y Gustavo Beliz. En Tribunales analizan sus nuevas declaraciones para ver si se toman medidas de prueba.

La Justicia investiga —por denuncia del abogado Ricardo Monner Sans— si hubo sobresueldos y si el pago y cobro de éstos constituye delito. De acuerdo con una pericia, entre 1991 y 1999 se habrían usado 466 millones de pesos/dólares de fondos reservados para el pago de sobresueldos. Los pagos estaban amparados por un decreto ley de 1969, originalmente destinado a cuestiones de seguridad.

Alsogaray, detenida en dependencias policiales desde hace un año y medio, ya declaró en esta causa como testigo y ratificó sus dichos. Dijo que hubo ministros que cobraron hasta 100 mil pesos por mes como gastos reservados.

Mientras aguardan las respuestas a los pedidos de informes, en Tribunales preparan las declaraciones indagatorias que tomarán la semana próxima a ex funcionarios menemistas. El lunes deberá presentarse el ex ministro de Defensa Oscar Camilión, y en los días sucesivos el propio Cavallo y el ex secretario de Legal y Técnica y ex ministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo, procesado en otra causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Según trascendió, Cavallo objetará la investigación y argumentará que ya fue sobreseído por la jueza María Servini de Cubría en una causa por presunto enriquecimiento ilícito. Sin embargo, en la causa de Ballestero el delito sería otro: peculado, con penas de hasta diez años de cárcel.

Ayer el fiscal Starc le tomó declaración al subsecretario de Ingresos Públicos bonaerense, Santiago Montoya. El testigo dijo que no cobró sobresueldos cuando trabajó con Cavallo pero confirmó las instrucciones que dio éste para incorporarlos en las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias.