LA JUSTICIA VA TRAS DE LA RUA, FLAMARIQUE Y DE SANTIBAÑEZ POR LOS SOBORNOS EN EL SENADO

El ex secretario parlamentario de la Cámara alta, Mario Pontaquarto, admitió que “existieron sobornos a varios senadores nacionales para aprobar la ley de flexibilización laboral en abril del 2000 por parte del “gobierno de Fernando De la Rua” y precisó que los fondos fueron provistos por la SIDE. Entre los que cobró, acusó al ex legislador entrerriano, Augusto Alasino (PJ) e incluso dijo que tiene papeles para demostrarlo, que acercará próximamente a la justicia.

“Yo fui el encargado de llevar el dinero”, aseguró. Las diputadas Graciela Ocaña y María América González, ante los dichos del ex funcionario, le pidieron esta tarde al juez Rodolfo Canicoba Corral que se prohíba la salida del país a los dirigentes supuestamente vinculados con el pago de sobornos.

Pontaquarto, en una entrevista que la revista TXT publica en la última edición, precisó también que él “fue el encargado de llevar el dinero” al Senado, que, según indicó, retiró “en dos maletines del edificio de la SIDE”, previa charla con el ex titular del organismo en tiempo de la Alianza, Fernando de Santibañes. El ex funcionario destacó, asimismo, que el dinero se entregó la misma noche que se aprobó la ley al ex senador justicialista Emilio Cantarero en su departamento particular. “En el transcurso (de la sesión) me avisó el senador (Remo) Constanzo que el dinero lo tenía que llevar al departamento del senador Cantarero, ni bien finalizada la sesión”, afirmó.

El escándalo de las coimas en el Senado, a principios del gobierno de la Alianza, derivó en la renuncia del ex vicepresidente Carlos “Chacho” Alvarez, aunque la investigación judicial posterior dictó la falta de mérito de las 13 personas involucradas en el pago de coimas. Esta es la primera vez que uno de los principales actores del Senado en esa época admite que existió un pago de sobornos para la aprobación de la ley de flexibilización laboral.

Según Pontaquarto, en su departamento, el senador justicialista Cantarero, le entregó “una lista con los nombres de algunos legisladores y escritos y, al lado, los montos” que recibirían cada uno. El funcionario afirmó que conserva ese papel y está dispuesto a entregarlo a la justicia, al tiempo que mencionó que se incluían varios nombres de senadores justicialistas. “Estaba puestos los nombres de pila, como Choclo, que es el apodo de Augusto Alasino; Beto por Tell; Remo que es el nombre de Constanzo. Son seis o siete nombres. Están (Julio) San Millán, (Beatriz) Raijer, (Carlos) de la Rosa y (José Luis) Gioja”, reconoció el ex secretario administrativo.

La causa judicial por los supuestos sobornos paso por tres jueces, primero fue Carlos Liporaci -que debió renunciar por estar acusado de enriquecimiento ilícito-, luego la tomó el juez Gabriel Cavallo y hoy esta en manos del juez federal Rodolfo Canicoba Corral y lleva acumulado 9.100 fojas, aunque está en punto muerto.

Pontaquarto, en su momento acusado por la justicia de estar implicado en el caso, afirmó, también, que el titular del bloque de la UCR en aquel momento, José Genoud, también recibió 700 mil pesos. “Yo retiré de la cifra que me habían dado (en la SIDE) 700.000 pesos, que se los entregué a Genoud. El me dijo que eran para él y para (Alberto) Flamarique”, reconoció, al mencionar al entonces Ministro de Trabajo.

Según el funcionario él “no cobró nada” por entregar las coimas y dijo que rompió el silencio después de tres años porque, dijo, “nunca estuve convencido de lo que hice” y afirmó que “está dispuesto a pagar los costos” que esta declaración implique.

Las diputadas Graciela Ocaña y María América González, ante los dichos del ex funcionario le pidieron esta tarde al juez Rodolfo Canicoba Corral que se prohíba la salida del país a los dirigentes supuestamente vinculados con el pago de sobornos para la aprobación de la reforma laboral, entre ellos el ex presidente Fernando de la Rúa. Así lo adelantó Ocaña en declaraciones periodísticas, donde señaló además que la presentación incluirá al ex ministro Alberto Flamarique, el ex titular de la SIDE Fernando de Santibáñes y a los senadores que aprobaron esa norma en el año 2000.

En tanto, el ex vicepresidente Carlos “Chacho” Alvarez vinculó esta tarde al ex presidente Fernando de la Rúa con el supuesto pago de coimas para la aprobación de la reforma laboral en 2000. “Parece difícil que alguien tome por si mismo la decisión de pagar sin que lo sepa el presidente”, expresó Alvarez en declaraciones radiales. El ex vicepresidente señaló además que con la admisión del ex funcionario del Senado Mario Pontaquarto de la existencia de esos sobornos “hay información para una condena” de las personas acusadas.

Alvarez sostuvo que el ex funcionario del Senado Mario Pontaquarto “era una pieza clave” en el pago de los supuestos sobornos a legisladores para aprobar la Reforma Laboral y calculó que esas presuntas coimas habrían rondado los “cinco millones de dólares”. “Pontaquarto era una pieza menor de esa asociación ilícita, pero era una pieza clave. Tiene todos los datos, era una pieza central en la intermediación entre la Casa Rosada y el Congreso”, expresó Alvarez.

El ex vicepresidente consideró que las declaraciones de Pontaquarto admitiendo el pago de esas coimas son una “bomba neutrónica” y dijo que deben ser “un paso muy importante” en el marco de la investigación por esos supuestos sobornos. Alvarez denunció que “los dos partidos (por el PJ y la UCR) estaban involucrados” en el cobro de esas coimas y afirmó que en el bloque de senadores justicialistas “la mayoría debe haber cobrado (para aprobar) esa ley”. Además, criticó que “ningún juez que tuvo la causa quiso ir a fondo porque era enfrentar a la corporación política”.