LA JUSTICIA Y EL CONGRESO INVESTIGAN LOS SUBSIDIOS MILLONARIOS AL TRANSPORTE

La Justicia y el Congreso ya investigan el manejo de algunos de los 20 fondos fiduciarios, entre ellos el del gasoil que esta semana fue cuestionado por la Auditoría General de la Nación (AGN) tal como reveló Clarín.

Mientras tanto, los líderes del ARI, Elisa Carrió, y de Recrear, Ricardo López Murphy, entre otros, reclamaron aumentar los controles sobre esos fondos, que este año acumularán más de 6.000 millones de pesos. En cambio, 18 cámaras del autotransporte, empresas ferroviarios y gremios del sector salieron a apoyar la política de subsidios para el transporte con esos fondos.

Ante la polémica, el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, volvió ayer a rechazar las objeciones de la Auditoría (Ver Jaime…) por la falta de controles a la forma en que los empresarios gastan los subsidios y por un adelanto de $ 17 millones de al sindicato de los camioneros de Hugo Moyano.

Los fondos fiduciarios son cuentas bancarias especiales abiertas al margen del presupuesto nacional y que manejan funcionarios como Jaime sin los controles que establece la ley de Administración Financiera.

Como la mayoría de los fondos fueron creados por diferentes decretos, el presidente de la AGN, Leandro Despouy, pidió ayer al Congreso que saque una ley para darles un marco legal regulatorio común a todos.

Mientras tanto, el juez federal Sergio Torres recibió ayer una copia del informe de la AGN que se queja por la falta de controles a los 1.600 millones de pesos entregados como subsidios a las empresas y sindicatos del transporte entre diciembre del 2001 y diciembre del 2004.

El juez Torres pasó ayer mismo el informe al fiscal Oscar Admirante para que decida si se abre una investigación específica sobre el manejo de esos 1.600 millones en una causa en la que se investigan supuestas irregularidades, entre otros juicios abiertos, informaron a este diario fuentes judiciales.

Paralelamente, el presidente de la comisión revisora de Cuentas Mixta del Congreso, el diputado peronista Oscar Lamberto, se excusó ayer de opinar sobre el contenido de la auditoría hasta tanto sea analizado en el seno de ese organismo parlamentario mixto la semana próxima.

Lamberto recordó que el fondo del gasoil fue auditado a pedido de la comisión que preside que tiene la facultad de archivar el informe, hacer un pedido de informes al Gobierno para subsanar los errores o en caso extremo formular una denuncia penal. La comisión mixta es controlada por legisladores oficialistas.

Además de la causa que tiene el juez Torres existen estas otras investigaciones judiciales:

-El juez federal Jorge Urso investiga una denuncia del abogado Juan Carlos Iglesias por el presunto delito de “malversación de fondos públicos” contra los administradores de estos fondos en general. El juez ya aceptó una serie de medidas de pruebas del fiscal Eduardo Taiano para conseguir información del Gobierno.

-El titular de la Oficina Anticorrupción, Abel Fleitas Ortiz de Rozas, denunció irregularidades en el juzgado federal 4 en el manejo del llamado Fondo Fiduciario para la Reconstrucción de Empresas en los adelantos dados a bancos y otras empresas para rescatarlos de la crisis financiera creada por el Efecto Tequila.

-El juez federal Rodolfo Canicoba Corral comenzó, a pedido del fiscal federal Guillermo Marijuan, a indagar al ex secretario de Desarrollo Social Eduardo Amadeo, entre otros 30 ex funcionarios y directivos de una fundación, por una serie de supuestas irregularidades en la administración de 40 millones de pesos-dólares del fondo fiduciario FONCAP creado para financiar microemprendimientos.