LA LEGISLATURA NO CONTROLA LOS GASTOS OFICIALES DESDE 1.991

La Constitución de Santa Fe dice en su artículo 72º que es responsabilidad del Poder Ejecutivo presentar todos los años la cuenta de inversión anual a la Legislatura. Y unos párrafos antes, en el artículo 55º, le impone al Poder Legislativo la atribución de “aprobar o desechar anualmente la cuenta de inversión”. Suele llamarse letra muerta a aquellas normas legales que en la práctica no se aplican. Y esto es lo que sucede en Santa Fe ya que por lo menos en los últimos 13 años los diputados y senadores jamás revisaron cómo los sucesivos gobiernos gastaron los dineros públicos del presupuesto entre 1991 a 2003.

La Constitución y las leyes ordenan un mecanismo de auditoría muy simple: la Legislatura aprueba el proyecto de presupuesto que es el que orientará la inversión de los recursos públicos; al terminar el ejercicio económico el Poder Ejecutivo debe someterse al control de diputados y senadores girándoles la cuenta de inversión para que estos verifiquen que el gasto se hizo de acuerdo a las directrices fijadas en la ley de presupuesto.

La mayoría de las cuentas de inversión desde 1991 hasta 2003 fueron giradas a la Legislatura y quedaron cajoneadas en la comisión de Presupuesto y Hacienda. En algunos casos hubo un asombroso retraso: en 1991 llegó un año y medio después de vencido el plazo legal (tuvo 578 días de mora) y en 1992 la demora fue de siete meses.

Pero peor fue lo que ocurrió en 1995, 1997 y 1998 ya que no hay rastros de que la cuenta de inversión haya sido girada al Poder Legislativo.
En el caso de los recursos ejecutados a lo largo de 2004, el gobierno aún se encuentra dentro de los plazos legales para girarlo a la Legislatura.

Según la ley de Contabilidad 1.757/56, “si al cabo de los cinco años posteriores a su presentación los legisladores no se pronuncian, se considerará aprobada”. Es decir que la ejecución de recursos entre 1991 y 1998 está firme de hecho sin que nadie auditara en serio las cuentas. Lo mismo ocurrirá con el ejercicio 1999 en diciembre próximo.

Las excusas

La falta de control sobre la utilización de los recursos públicos atenta contra la lógica del sistema republicano que divide el Estado en tres poderes. El Legislativo, justamente tiene como función crear leyes y controlar al Poder Ejecutivo. En la actualidad el único organismo que revisa cuentas públicas es el Tribunal de Cuentas, cuyo directorio estuvo y está integrado por referentes de confianza de quienes tuvieron o tienen el control de erario público provincial.

La responsabilidad de no revisar cómo se gastan miles de millones de pesos al año es tanto del justicialismo como de la oposición, aunque por diferentes razones.

En el caso del oficialismo, hay que recordar que desde 1991 y hasta la actualidad mantiene un amplio control de las bancadas tanto en Diputados como en Senadores. Desde aquel año hasta la fecha, ininterrumpidamente, las comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas cámaras tuvieron mayoría de integrantes justicialistas y fueron presididas por hombres de ese partido. La mayoría automática –como denominan los partidos opositores al articulado constitucional que hace que la fuerza ganadora de las elecciones se lleve 28 de las 50 bancas de diputados– le permite subir o bajar el pulgar a cualquier proyecto o dictamen. Sólo se requiere voluntad política de controlar el gobierno de su propio partido.

En el caso de la oposición, condenada en ambas cámaras a ser minoría, tiene una doble responsabilidad de control: la que le confiere la Constitución al Poder Legislativo del cual es parte y la que le cabe por no ser el partido del gobierno. La excusa que suele usarse es que aquella mayoría automática impide la aprobación de dictámenes de comisión para que luego sean tratados en el recinto de sesiones.

El radical Carlos Fascendini, por ejemplo, senador desde 1996 hasta la actualidad, sostiene que “el PJ cajonea la cuenta de inversión para evitar que el dictamen llegue al recinto” donde participa el pleno de la cámara (ver aparte).

El socialista Alfredo Cecchi lo explicó de otra manera: “Es un riesgo ponerle la firma a una cuenta de inversión que elabora el Tribunal de Cuentas, ya que sabemos todas la sospechas que pesan sobre ese organismo y sus integrantes. Si se formara una comisión bicameral para auditar en serio y tener acceso a la documentación que se solicita, aunque sea el 10 por ciento de todos los gastos superiores a 100 mil pesos, entonces sería otra cosa”.

Juan Carlos Mercier, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, reclama que se apruebe su proyecto de ley de administración de control de Estado que actualiza la ley de contabilidad vigente, que data de 1956.

Allí se prevé achicar plazos para girar la cuenta de inversión por parte del Poder Ejecutivo y mejorar los controles. Algo que la Legislatura provincial no hizo incluso en las épocas en que él era diputado provincial (1995-1999) y dos veces ministro de Hacienda de Santa Fe (1991-1995 y 1999-2002).

Actuales y ex legisladores opinan sobre las cuentas de inversión

n Ricardo Peirone (PJ), actual presidente de la comisión de Presupuesto de Diputados: “No puedo opinar porque es la primera vez que soy diputado. Pero en general las cuentas de inversión quedan allí, como que algún día se van a tratar y termina siendo una aprobación de hecho. Nadie las mira profundamente, ni la oposición ni el oficialismo. No es una buena práctica, eso está claro”.

n Juan Carlos Mercier (PJ), dos veces ministro de Hacienda, ex diputado y actual presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado: “He puesto a disposición la cuenta de inversión para que la considere el resto de los senadores. Pero por cuarta vez intento que se apruebe una nueva legislación de administración y control del Estado. En mi proyecto se contempla una comisión bicameral que entre muchas otras funciones, debe abocarse en un plazo determinado al estudio de la cuenta de inversión. También acorta los plazos de presentación para el Ejecutivo”.

n Carlos Paganini (PJ), ex presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados entre 1999 y 2003: “Siempre se da que la cuenta de inversión llega un poco tarde, se comunica a los bloques y cada uno hace su análisis. No recuerdo bien, pero creo que hubo un año que llegamos a hacer un dictamen de comisión. De todos modos, en mi gestión no hubo observaciones. Si es necesario se piden explicaciones a través de los pedidos de informe”.

n Carlos Fascendini (UCR), senador desde 1996: “Las cuentas de inversión no se tratan porque no hay consenso para tratarlas. El oficialismo no junta las firmas necesarias para el dictamen para no tratarlo en el recinto y que no se arme lío. Que yo recuerdo nunca se trató un dictamen sobre la cuenta de inversión”.

n Alfredo Cecchi, diputado socialista desde 1995. “Para la oposición es un riesgo poner la firma para convalidar una rendición de cuentas en base a lo que dice el Tribunal de Cuentas, que para qué vamos a hablar de lo que es ese organismo y sus integrantes. Si hubiera una comisión específica, con acceso real a la documentación que se solicita, y se pudiera controlar por ejemplo el 10 por ciento de todos los gastos por encima de 100 mil pesos entonces sí valdría la pena”.