LA LEGISLATURA PROVINCIAL SE HACE ECO DEL ESCÁNDALO EN RECONQUISTA
La Legislatura Santafesina pidió explicaciones sobre las últimas actuaciones del Titular del Juzgado Federal de Reconquista, Eduardo Fariz, implicado en un sinnúmero de irregularidades, pero que volvió a ser noticia al excusarse “por enfermedad” de la causa sobre narcotráfico, que involucraba a una persona detenida -y luego liberada- con 154 kilogramos de marihuana.
En la Cámara de Senadores, se aprobó un pedido de informes; mientras que la Cámara de Diputados se declaró a favor de que se den respuestas a las dudas originadas a partir de la publicación de la investigación de Daniel Enz en Rosario/12 el pasado lunes.
Por otra parte, el Consejo de la Magistratura resolverá en las próximas semanas la situación del magistrado de Reconquista, quien tiene varios pedido de enjuiciamiento por sus reiteradas irregularidades al frente del Juzgado Federal.
Desde el año 2.000, el cuerpo letrado viene trabajando en el expediente de Eduardo Luis María Fariz, que posee 20 cuerpos, 7 testigos, información documentada sobre la devolución de la avioneta de un traficante de cigarrillo de origen paraguayo, y una denuncia por acoso laborar presentada en diciembre de 2003. Esta última denuncia sería la que provocaría el juicio contra el Juez más allegado a Jorge Massat.
Esta imputación sobre acoso laborar fue presentada por la doctora Patricia Laura Sellarés, cuando ésta ocupaba la Secretaría Penal del Juzgado Federal de Reconquista. Además de su alejamiento, por este caso se produjo la renuncia de otra importante empleada del Juzgado.
Un dictamen acusatorio de la Auditoría de Juzgado Federal por mal desempeño de sus funciones y acoso laboral contra Fariz complicaría su situación ante el Consejo de la Magistratura. Finalmente, la situación del Juez sería resuelto el 23 o el 30 de este mes por la Comisión de Acusación del Cuerpo Letrado.
Eduardo Luis María Fariz fue nombrado Juez Federal de Reconquista el 16 de agosto de 1.995 por el Poder Ejecutivo Nacional tras la aprobación de su pliego promocionado por el ex presidente del PJ Jorge José Massat. El decreto de su nombramietno llevó el número 320 y fue publicado así en el Boletín Oficial el 18 de agosto de 1.995.
LA DENUNCIA MÁS PROBADA POR LOS CONSEJEROS
En diciembre de 2.003 el juez federal de Reconquista Eduardo Fariz fue denunciado por el gremio que nuclea a los trabajadores del sector, la Asociación Judiciales como responsable de “acoso laboral” ante distintos integrantes del personal del juzgado a su cargo. Julio Piumato, secretario general del gremio nacional dijo que los trabajadores vivieron en Reconquista “un verdadero calvario” ya que no sólo acosó primero a la secretaria sino que cuando ella no soportó más y se fue lo hizo con la prosecretaria administrativa que lo denunció ante el gremio. La Asociación Tribunales pidió entonces la remoción de Eduardo Fariz ante el Consejo de la Magistratura. Fariz forma parte de los jueces que ingresaron “nombrados con apuro”, dijo Piumato, antes que se estableciera el régimen de concursos y fue apoyado por el ex senador Jorge Massat.
Piumato describió la actitud del juez federal denunciado como “un verdadero calvario para los integrantes del juzgado, ya que en primer término la situación se dio con una secretaria y cuando pudo sacarla del lugar porque ella no soportó más la situación comenzó la persecución hacia la prosecretaria administrativa”. Según las denuncias del sindicalista todo el personal del juzgado fue nombrado por el mismo juez Fariz.
El dirigente gremial planteó en su denuncia que las situaciones de acoso laboral “son como la punta de un iceberg” y detrás de ellas se esconde siempre “algo más grave”. Calificó a la situación como “desesperante”, y por eso estuvo en Reconquista el secretario de Interior de la organización nacional y a partir de allí se formalizó la denuncia ante el Consejo de la Magistratura y se pidió la remoción del juez, “ya que todo lo que se nos ha dicho en Reconquista lo encuadra en una figura indigna para la gestión en la que fue designado”.
Piumato también recordó la forma en que Fariz fue designado: “El formó parte de la última camada que entró ante los concursos del Consejo de la Magistratura que pueden tener cuestionamientos, los concursos no son perfectos pero el apuro por nombrarlo antes es porque no hubiera pasado por este concurso” y además dijo que fue apoyado por el ex senador Jorge Massat.
Según Piumato el juez Fariz “tiene manifestaciones casi psicóticas y persigue que no sólo el acosado sino el resto del personal afectado esté en una situación de tensión por no saber quién será el próximo afectado”. Comentó además que en Reconquista la representación del gremio nacional se reunió con el Colegio de Abogados y con la Asociación Tribunales y se recibió “una catarata de denuncias que hacen sentir vergüenza porque se habla en referencia a un juez de la Nación”.
Según el dirigente judicial la denuncia que se presentó ante el Consejo de la Magistratura incluyó los testimonios de miembros de organizaciones sindicales y de los propios funcionarios judiciales. “La fama que tiene este juez es una afrenta para el Poder Judicial”, aseguró. En diciembre de 2.003, la Asociación Judiciales hizo la denuncia verbal ante la Cámara Federal de Reconquista.
Esa presentación se acompañó con una movilización hacia el Consejo de la Magistratura en Buenos aires y a la Cámara de Federal de Reconquista para que por lo menos “en ese juzgado se haga justicia, no sólo para esa ciudad sino para todo el norte de Santa Fe que es la jurisdicción que abarca el juzgado”, decía el parte de prenta del sindicato.
EL PEDIDO DE DI POLLINA
El Diputado Nacional por el Partido Socialista, Eduardo Di Pollina, pidió al Poder Ejecutivo Nacional y al Procurador General de la Nación, Esteban Righi,- a través de un Proyecto de Declaración presentado en la Cámara de Diputados de la Nación- que promueva una inmediata investigación en el Juzgado Federal de Reconquista, Provincia de Santa Fe.
Tanto su titular, el juez federal Eduardo Fariz -con varias denuncias en el Consejo de la Magistratura de la Nación- como los abogados Ricardo Degumois y Hugo Rebechi, en su carácter de jueces subrogantes y el fiscal federal de Reconquista, Cristián Cavanagh, intervinieron en una causa abierta por “transporte de estupefacientes”, y facilitaron la excarcelación del principal imputado por un delito que preveía una pena de entre 4 y 15 años de prisión.
“Sospechosamente al caso se agrega el “suicidio” del principal acusador del procesado, el agente Claudio Capdevilla, de la guardia rural Los Pumas de la Policía de la Provincia de Santa Fe, al día siguiente de la liberación del detenido, lo que fue interpretado como un claro mensaje mafioso y denotará la existencia de una compleja organización criminal”, aseguró Di Pollina.
El Diputado Nacional solicitó que, de encontrarse elementos concluyentes en contra de los nombrados, se deberá iniciar una nueva acusación ante el Consejo de la Magistratura de la Nación sin perjuicio de “la separación del fiscal federal, más las denuncias penales a todos los responsables”.
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