LA LEGISLATURA SANCIÓNÓ UNA LEY QUE PRORROGA LOS REMATES DE VIVIENDAS POR 360 DÍAS

La Legislatura sancionó una ley que prorroga por 360 días la norma que beneficia a quienes solicitaron y recibieron un crédito para la adquisición de una vivienda o para ampliación o refacción y a aquellos que con una deuda de cualquier origen pusieron como garantía su vivienda única familiar.

A su vez, los senadores coincidieron en que “no es la solución de fondo” y abogaron por “un marco normativo permanente” a nivel nacional. Pero destacaron que “no se deja de defender al sector más débil de este conflicto”. También pidieron la puesta en marcha del Registro de Deudores y que la Corte informe sobre la cantidad de juicios que tiene en la provincia.

El proyecto de ley que llevó la firma de todos los bloques en el Senado, tuvo su rápido tratamiento en la Cámara Alta e inmediatamente pasó a Diputados. El denominador común: todos coincidieron en la necesidad de “una solución de fondo” con la presencia en las barras de integrantes de la Asociación Santafesina de Deudores y de la Agrupación para la Protección de la Vivienda Única (Aprovu).

Entre los fundamentos de la ley sancionada se explica que con la 12.406 se produjo una prórroga hasta el 30 de noviembre de este año de la vigencia de las leyes Nº 12.284 y 12.334 para suspender los remates de viviendas únicas y establecer un procedimiento para que el juez de la causa convoque a una audiencia de conciliación para intentar un acuerdo de las partes y allanar las cuestiones litigiosas.

“El término fijado se encuentra próximo a vencer estando pendientes aún numerosas tratativas de acuerdo. Mientras tanto, hace pocos días el Congreso de la Nación sancionó la Ley 26.062 por la que se suspenden nuevamente todas las ejecuciones y se otorga un plazo para ejercer la opción de ingresar al Sistema de Refinanciación Hipotecaria establecida en el art. 6 de la ley 25.798”, se consigna en los fundamentos.

Si bien este sistema no comprende todos los casos de deudores con ejecución pendiente, “sabemos que muchos de ellos podrán ingresar al mismo, con lo que se reduce el universo de quienes ven peligrar la vivienda de sus familias y, mientras tanto, el Congreso de la Nación podrá dictar nuevas leyes de fondo para terminar definitivamente con este problema”.

Así, el senador del Partido Justicialista (PJ), Joaquín Gramajo se refirió en estos términos a la ley que luego de ser sancionada por unanimidad pasó a Diputados.

En la Cámara Baja el debate fue más amplio ya que al justificar su oposición a la iniciativa, Mascheroni –tal como lo hizo en abril pasado- consideró que se estaba “pateando la pelota hacia adelante”. Además pidió que la Corte informe sobre los juicios que tiene en este sentido y preguntó: “¿La solución de fondo para cuándo?. Y sentenció que se estaba “prorrogando la agonía y no se gana nada”.

Si bien coincidió en algunos conceptos con el radical, el legislador socialista Raúl Lamberto opinó que con la ley “al menos se les da un tiempo hasta que aparezca una solución”.

En esa misma línea se manifestó su par del ARI Aldo Strada, quien dijo que “se puede ver el vaso medio lleno o medio vacío” pero entendió que “dentro de los derechos de ambas partes, estamos defendiendo al sector más débil”. También reclamó la puesta en marcha del Registro de Deudores de la provincia.

Asimismo, el diputado de Encuentro por la Democracia y la Equidad, Marcelo Brignoni, apoyó esta última solicitud y pidió “un marco normativo permanente”.

En tanto, desde el oficialismo, Mario Lacava dijo que “a nosotros tampoco nos gusta las prórrogas sucesivas” que “debe tener una solución a nivel nacional”. Y aseguró que existe “una voluntad política de tratar que esta ley conduzca a una solución que vaya descomprimiendo el conflicto”.