LA LEGISLATURA TRATARÁ LA SEMANA QUE VIENE LAS MODIFICACIONES AL CÓDIGO PROCESAL PENAL

Había gran expectativa en torno a este tema, que iba a ser debatido ayer en la legislatura, pero deberá esperar hasta la semana que viene.

Entre los cambios que iban a ser votados ayer, se encuentran la “sustitución de 40 artículos del actual Código; reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial; el acortamiento de los plazos de la instrucción; una participación más activa de los fiscales y la limitación del accionar policial en las causas, entre otras cosas”. Para muchos, este se convertiría en el paso previo a la oralidad de los procesos.

Por su parte, el Ministro de Gobierno, Carlos Carranza se mostró a favor de la aprobación de estas modificaciones, que cuentan con el total apoyo del Ejecutivo Provincial, ya que “se agilizan muchísimo los plazos para adaptarse a la época”. “Es una transición hacia el juicio oral y público que necesita de una fuerte inversión, una transformación presupuestaria; el establecimiento de tribunales colegiados, pasar de jueces de instrucción a magistrados de garantías, crear nuevos juzgados, entre otras cosas”, indicó el funcionario.

Respecto de este tema, el juez camarista Julio Rondina dijo que aproximadamente desde fines del año 97 jueces penales de la provincia de Santa Fe se dispusieron a crear un foro con la intención de abordar el estudio de temas “que hacen a la relación de la sociedad y la justicia”.

Las respuestas que se daban “especialmente en el fuero penal, no satisfacían las demandas de la sociedad y uno de los puntos en los que trabajamos fue la reforma en ciertos aspectos puntuales del código procesal penal”.

Rondina dijo que no se pensó “en una reforma ideal ni perfecta, pero estaba necesitando un remozamiento importante”. La intención de este código de procedimiento es “avanzar en institutos nuevos que ya están reconocidos a nivel nacional por códigos procesales mas modernos”.

A partir de esta reforma el fiscal tendría mas atribuciones porque se incorpora la posibilidad de que el “Ministerio Público Fiscal pueda llevar adelante una investigación penal”.