LA LEY DE REPARACIÓN A INUNDADOS COSECHA REPUDIO EN LAS VÍCTIMAS

La ley que el gobierno de Carlos Reutemann envió a la Legislatura para reparar a las víctimas de la gran inundación ya desató una ola de repudios. La Coordinadora de Barrios Inundados de Santa Fe -que montó la carpa negra en la plaza de Mayo frente a la Casa Gris‑ denunció al proyecto por “mentiroso” y hasta “inconsulto” y advirtió sobre sus consecuencias.

“El Poder Ejecutivo provincial quiere eludir su responsabilidad” en la tragedia que dejó 23 muertos y más de 100 mil personas en el desamparo. “Esto no fue una catástrofe natural. Fue y es una catástrofe social y política evitable”, afirmó. “Exigimos a los legisladores que no sean cómplices de una norma que sigue sumiendo a un tercio de la población santafesina en la marginalidad, el abandono, el desamparo y el dolor que sentimos desde aquél 29 de abril”.

El proyecto oficial propone “un régimen excepcional de reparación” a los damnificados que le pone también un precio a la muerte: 45.000 pesos. Sin embargo, la Coordinadora alertó que el gobierno esgrime el mismo concepto de “reparación”, pero con un sentido muy distinto al de los manifestantes. “Este proyecto utiliza nuestros términos de reclamo pero lo hace en medio de una trampa, y con sentido perverso”.

“Es un proyecto mentiroso”, agregó. “No es verdad que hayan comenzado ‘la contención habitacional, alimentaria, sanitaria y de vestido’, que ‘las ayudas económicas sean no reintegrables’, que ‘el Poder Ejecutivo haya administrado correctamente la cosa pública’. O que el desastre haya sido ‘natural, inusual y excepcional’. Por esta razón no pueden esconderse detrás de las leyes 25.735 y 12.106 para eludir su responsabilidad”.

Tampoco es cierto que “el Estado provincial se hará cargo de la ayuda, porque basa el sustento de su proyecto en el fondo nacional que se creó con la ley 25.735 y supedita toda esa ayuda a cómo se vaya conformando ese fondo”, advirtió.

“Con esta ley, el Poder Ejecutivo provincial quiere eludir su responsabilidad. Esta no fue una catástrofe natural. Fue y es una catástrofe social y política evitable”, dijo.

“No es lo mismo una ‘reparación excepcional’ (como plantea el gobierno de Reutemann), que una reparación integral que contemple los daños materiales, laborales, morales y, fundamentalmente de proyectos de vida (como exigen los damnificados). “Se ha roto el contrato social entre los ciudadanos y el Estado”.

Finalmente, la Coordinadora denunció que “el proyecto ha sido elaborado sin consulta, a espaldas y en desmedro de los afectados y no responde al reclamo unánime de la población afectada”.

Por estas razones, exigió “a los legisladores que no sean cómplices de un proyecto de ley que sigue sumiendo a un tercio de la población santafesina en la marginalidad, el abandono, el desamparo y el dolor que sentimos desde aquél 29 de abril” y propuso “un debate público con los legisladores y el gobierno”.

Uno de los habitantes de la carpa, Francisco Mancinelli, de 73 años, defenestró el proyecto con tono irónico. “Lo que han hecho es pésimo. Si siguen así nos van a cobrar a nosotros. Van a decir que inundamos Santa Fe y vamos a tener que pagar hasta el agua del Salado”, dijo. Y soltó una carcajada. “Insisto: el señor gobernador está muy mal asesorado”, apuntó.

Mónica Fessy concidió con Mancinelli: “El proyecto es una burla. Se hizo sin el consenso de nosotros, los damnificados, nunca se nos consultó para nada. Y además, no cubre ninguno de los puntos que reclamamos porque habla de una ayuda excepcional cuando estamos pidiendo una reparación integral, que abarca el daño económico y el moral”.

MOVILIZACIÓN
En declaraciones al programa “Registro de Radio”, una vecina danmificada dio a conocer que se movilizarán mañana frente a la Legislatura para evitar que se trate el proyecto del Ejectivo. Además, no descartó la posibilidad de cortar el puente Carretero que une Santa Fe con Santo Tomé, si los reclamos no son escuchados.