La liberación de un delincuente menor de edad genera polémica en Uruguay
El hecho ocurrió el pasado lunes en la casa importadora ubicada en Camino Perseverano 5959, en el barrio Las Canteras. Allí, la banda de menores encañonó a un guardia de seguridad que se encontraba en una garita .
En el lugar opera una importadora de electrodomésticos, una empresa transportista y otras firmas, publica hoy el portal El País .
Una vez adentro del comercio, los menores obligaron a ocho funcionarios a tirarse al piso. Luego lastimaron en la cabeza y costillas al gerente de la firma, Daniel Saps Kransenblum, con golpes de culatas de las armas y trompadas mientras exigían el dinero.
Sacaron de la caja el poco dinero que había en la empresa, porque ésta acostumbra a trabajar con cheques. También robaron el dinero de los funcionarios que estaban echados en el piso del local.
Antes de huir, los menores destrozaron varios televisores de 38 pulgadas que estaban de muestras en el local comercial. " Lo hicieron por maldad", explicó el gerente.
Gracias a las filmaciones, efectivos de la Seccional 16ta capturaron a uno de los menores. Luego, este adolescente fue identificado en el Juzgado de Menores por las víctimas.
La mayoría de los menores ya fueron identificados por la Policía.
El fiscal de Menores , Leonel Franzoni Etcheverry, le solicitó a la jueza Teresa Larrosa que internara al adolescente con privación de libertad en un hogar del INAU (Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay).
Pero la jueza Larrosa decidió enviar al adolescente infractor a su domicilio .
A juicio de Franzoni Etcheverry, la medida de internación ameritaba por dos razones: hubo lesionados en el copamiento y el menor tenía antecedentes de otros atracos.
En julio de este año, ese adolescente había sido procesado por la misma sede judicial por dos rapiñas con lesiones y se le decretó una libertad asistida por técnicos del INAU.
Larrosa desatendió el pedido de la fiscalía y procesó al adolescente copador con arresto domiciliario. "La decisión de la sede me causó indignación y me hace pensar en renunciar.
El Ministerio Público carece de instrumentos jurídicos para contener a los jóvenes infractores", señaló Franzoni Etcheverry a el diario uruguayo El País.
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