LA MARAÑA BUROCRÁTICA ESCONDE A LOS RESPONSABLES DEL HACINAMIENTO

Un juez exige descomprimir el atestado penal de una comisaría. La orden comienza a subir escalones en la cadena de mandos. Se enteran los jefes policiales, los funcionarios del Ministerio de Gobierno y, por último, el Servicio Penitenciario (SP) santafesino.

Desde allí liberan plazas en las cárceles para alojar el excedente de presos de esa seccional. Pero al poco tiempo el penal policial vuelve a colapsar. El mandato del juez se convierte entonces en letra muerta y la maraña burocrática desdibuja en qué punto se ubican los responsables de su incumplimiento. Eso es lo que pudo sacar en limpio anoche el juez de Instrucción Carlos Triglia de la declaración informativa que prestó el jefe del SP, Fernando Rosúa, en relación al recurso de hábeas corpus presentado en favor de la totalidad de los detenidos en penales de comisarías.

A lo largo de dos horas, Rosúa tuvo que exponer las razones del hacinamiento en las comisarías locales y explicar por qué no se cumplieron las órdenes judiciales emitidas en los últimos 5 años para restringir el número de detenidos en esos penales. Su testimonio se sumó así al que prestaron el viernes pasado la jefa de la policía santafesina, Leyla Perazzo, y el por entonces subsecretario de Justicia Walter Gálvez. En tanto, hoy se reunirá con el magistrado el secretario de Derechos Humanos Domingo Pochettino, quien también aportará lo suyo.

El recorrido de una orden
En su declaración de ayer, Rosúa ahondó en dos cuestiones. Primero explicitó en detalle cómo se da respuesta a una orden judicial para frenar el desborde de un penal. Luego, presentó una serie de propuestas para arribar a una solución transitoria de la crisis penitenciaria, en el marco de la emergencia carcelaria decretada por el gobierno de Jorge Obeid.

¿Qué pasa en la órbita del Ejecutivo desde que se recibe un oficio judicial de desalojo de comisarías? Esa fue una de las preguntas que le formularon a Rosúa cuando se presentó a las 18 de ayer en el juzgado de Instrucción Nº 11. El titular del SP reseñó, paso por paso, cómo se intenta responder a esa exigencia. Así, según su relato, el oficio llega a la Jefatura de policía local. A través de la subjefatura es dirigido a la Alcaidía Mayor (repartición que se ocupa del manejo de presos) y desde allí se transmite la orden a la comisaría en cuestión. Al no encontrar sitio donde ubicar a los presos, el problema comienza a ascender en el esquema jerárquico.

Se consulta al subjefe y jefe de la Unidad Regional, a la jefatura provincial, al subsecretario de Seguridad Pública, al subsecretario de Justicia y, finalmente, al SP, que informa si tiene lugares vacantes. Según fuentes judiciales, Rosúa reconoció que al intentar paliar el problema se resienten otras seccionales. Y que al poco tiempo la saturación llega a la misma dependencia que se intentó normalizar.

“El lugar original de resolución de un recurso es la policía. El SP interviene frente al remanente de presos”, fue la conclusión que sacaron en el juzgado tras escuchar al funcionario. Lo cierto es que en el vaivén de las órdenes, según deducen en el juzgado, no hay un punto del organigrama en el que se le informe al Ejecutivo que las plazas no alcanzan.

Luego, el funcionario desgranó los proyectos del gobierno para poner un freno temporario al hacinamiento (traslados, alquiler de fábricas en desuso, construcción de minipenales) y lanzó una propuesta para liberar plazas en las cárceles.

Con la misma finalidad de descubrir en que punto de la estructura gubernamental se incumplen los mandatos judiciales, el viernes pasado fueron interrogados la jefa de policía provincial y el ex subsecretario de Justicia. Perazzo explicó el circuito de órdenes dentro de la Jefatura de policía rosarina en relación a los detenidos. Y dijo que, desde su gestión, se dio instrucción de informar a los jueces cuando un hábeas corpus no puede cumplirse.

Gálvez, en tanto, detalló de qué manera el Ejecutivo prevé resolver el problema y solicitó entre “dos a tres meses” para dar una respuesta transitoria. Lo dicho por los funcionarios fue transmitido luego a otros jueces penales que tienen en sus manos hábeas corpus que resolver en favor de detenidos. Junto a sus pares Luis María Caterina y Alfredo Ivaldi Artacho, Triglia se reunirá hoy con el secretario de Derechos Humanos Domingo Pochettino a los fines de abordar el problema.

Con estos interrogatorios en su poder, el juez de Instrucción busca determinar cuáles son los criterios de política criminal que convierten al hacinamiento en un problema crónico. El magistrado investiga desde hace un mes las irregulares condiciones de detención en las comisarías de Rosario y la zona, desde que la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC) presentó un recurso en favor de todos los alojados en comisarías. Casi todas esas dependencias están excedidas en su capacidad y el 80 por ciento es inhabitable. Algunas alojan hasta cinco veces más personas de las que su infraestructura permite.