LA MAYORÍA DE LOS DEUDORES HIPOTECARIOS TIENE MÁS DE 60 AÑOS
El Consejo Asesor para la Defensa de la Vivienda Única dio a conocer este jueves los datos emergentes del Registro Municipal de Viviendas en riesgo de ejecución, de los que se desprende que la mayoría de los casos corresponden a personas mayores de 60 años y de bajos ingresos.
El análisis se realizó sobre 200 casos correspondientes a la ciudad de Rosario, de un total de 1200 que se recepcionaron a nivel provincial, con el objetivo de conocer con precisión la cantidad y realidad de los afectados.
Así, se desprende que más del 75 % de los inscriptos se encuentran hoy en juicio o con sentencia de remate y que en el 54 % de los casos, la deuda proviene de un crédito hipotecario, siendo éstos los únicos que tienen un amparo legal que suspende las ejecuciones. En el 20 % de los casos, las deudas son con el Estado provincial y municipal.
Por otra parte, el informe destaca que sólo el 7 % de las familias afectadas tiene un ingreso superior a los dos mil pesos, “demostrando que más del 90 % de los inscriptos no estaría en condiciones de afrontar un préstamo de las características anunciadas por el gobierno nacional”.
Además, el 37 % de los damnificados son personas mayores de 60 años.
El coordinador del Concejo Asesor para la Defensa de la Vivienda Única, Ariel D’Orazio, remarcó que “los damnificados en su gran mayoría son familias que constituyeron la clase media o fuerza productiva de la década del ’90, quienes tomaron préstamos de distinta índole para adquirir o mejorar su propiedad o comercio, y debido a la inestabilidad económica nacional que redujo el nivel adquisitivo de sus ingresos o los expulsó del mercado laboral, se vieron imposibilitadas de afrontar los compromisos tomados”.
El registro, aprobado por la Ordenanza 8.772, estuvo destinado a deudores en proceso de ejecución, cuyo objeto de subasta sea la vivienda única familiar y de ocupación permanente del deudor y su familia, en concordancia con el Registro Provincial estipulado por el decreto Nº 2.756 del año 2005.
El muestreo obtenido servirá de base para los diferentes aspectos que se deberán tener en cuenta a la hora de legislar sobre esta materia.
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