LA MITAD DE LOS ARGENTINOS NO TIENEN COBERTURA MÉDICA

El silencio no es salud. El 55 por ciento de la población argentina, es decir casi 20 millones de personas, carece de obra social laboral o sistema de medicina prepaga, por lo que solamente puede acudir al sistema sanitario de hospitales públicos, que además está en crisis y con superpoblación de pacientes.

La versión más cruda de la gravísima situación se registra en el Gran Buenos Aires y en las provincias más “pobres”, según el relevamiento realizado por la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (Acami), entidad sin fines de lucro de la que forman parte grandes prestadores privados y de comunidad. Según las conclusiones preliminares del trabajo sobre “Pauperización de la Medicina” que el mes próximo, en el próximo congreso nacional de salud de Acami, será presentado en su totalidad, “la desocupación y el empleo en negro, consecuencias de la crisis económica más profunda de la historia, agravaron las penurias de los argentinos para acceder a una mínima cobertura sanitaria”.

Acami, en la que se integran profesionales y directivos de la Fundación Favaloro y de los hospitales Alemán, Italiano y Británico entre muchos otros prestadores, reflejó en un completo relevamiento las últimas proyecciones sobre la situación del sistema sanitario nacional. El estudio privado apunta que la mayor parte de los hospitales públicos atraviesa severos problemas de personal y provisión de insumos básicos, cuando debería ser al revés: el sistema tiene que absorber a una población sin cobertura de obra social sindical o plan médico privado que “viene creciendo en forma sostenida”.

Según el relevamiento, en el Censo 1991 la población sin cobertura alcanzaba al 36,9 por ciento, luego en el Censo 2001 –antes de la debacle del gobierno de Fernando de la Rúa– ya se ubicaba en el 48,1, mientras que reportes privados y proyecciones de datos oficiales la ubicarían ahora en torno del 55 por ciento.

El estudio no incursiona en las causas de la problemática, remitiéndolas entonces al debate político y social. En cambio, muestra cifras alarmantes que condicionarán ese debate. En la Capital Federal, sostiene el informe, el porcentaje de gente sin cobertura ronda el 30 por ciento, pero en la provincia de Buenos Aires ya supera el 50 y en varias provincias el cuadro es aún más severo, ya que en Santiago del Estero, Formosa, Corrientes y Chaco hay cerca del 70 por ciento de sus habitantes sin otra cobertura que la ofrecida por el hospital público.

Para enfrentar la crisis, el gobierno nacional implementó distintos programas destinados a atender demandas específicas y urgentes de la población, como el Plan Materno Infantil, el Plan Remediar y el Programa Nacional de Médicos para la Atención Primaria de la Salud, que se suman al lanzado Plan Federal de Salud. Sin embargo, Acami sostiene que la implementación de estos programas “será difícil, ya que deberá sortear el escollo político de las autonomías provinciales, “que probablemente resistirán ceder sus prerrogativas en este sector”, según consideró el titular de la entidad, Tomás Sánchez de Bustamante.

La crisis en la atención médica por una estructura hospitalaria rebasada, que no da abasto para hacer frente a la superpoblación de pacientes cada vez más empobrecidos, es un fenómeno que se potencia especialmente en el conurbano bonaerense, donde viven 8,6 millones de personas, y en las provincias más pobres, pese a las políticas sanitarias puestas en marcha desde 2002.

El deterioro del sistema de salud viene siendo analizado de cerca por Acami, integrada, además, por el Cemic, el instituto Fleni, Osde, los sanatorios Mater Dei y San José, la Fundación Médica de Mar del Plata y la Clínica Adventista del Séptimo Día. La entidad organiza el congreso nacional de salud que se hará en Mar del Plata el 23 y 24 de setiembre, donde se discutirán aspectos de los sistemas público y privado. Uno de ellos, y no el menor, es la distribución nacional y la capacitación de los profesionales de la medicina, sobre el que viene advirtiendo el propio ministro de Salud, Ginés González García.

“En el país hay un médico cada 300 personas, que es el doble de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Y en la ciudad de Buenos Aires hay uno cada 95 personas”, apuntó el médico neumonólogo Aquiles Roncoroni, ex jefe de Investigaciones del Conicet y uno de los más prestigiosos académicos del país. Crítico del actual sistema argentino, Roncoroni polemizó con la orientación de las políticas públicas de salud al sostener que de acuerdo a datos oficiales, en todo el país hay 108 mil médicos matriculados, “una proporción económicamente inviable por ser muy superior a las necesidades nacionales”.

También consideró que “en el 50 por ciento de los casos, la universidad argentina diploma médicos que no cumplen requisitos básicos como la residencia”, y advirtió que los hospitales públicos “cuentan con un edificio, una estructura y un equipamiento sólo utilizados por completo una sexta parte del día –en horario matutino– y luego sólo la guardia atiende las emergencias”.

Una mala ecuación que persiste: el país crece pero la pobreza casi no da tregua

No se gana ni para sustos. La actividad económica presenta niveles similares a los de 2001, pero en cuanto a la reducción de la pobreza sólo se ha recorrido la mitad del camino para alcanzar las magnitudes registradas antes de la crisis, consideró el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa). Según la entidad, si la caída en los índices de pobreza se mantiene en los niveles actuales se demorarían casi dos años más solamente para alcanzar los niveles de hace tres años.

Para Idesa, cuyo presidente es el economista Osvaldo Giordano, “el tipo de ajuste que impuso la devaluación, erosionando los ingresos de gran parte de la población, explica que en materia social es más lo que queda por hacer que lo hecho”.

De acuerdo con estimaciones realizadas por el Ministerio de Economía, tres millones de personas salieron de la indigencia y otras 2,7 millones dejaron de ser pobres entre octubre de 2002 y el primer trimestre de 2004. De esta manera, el número de indigentes descendió un 10 por ciento y el de pobres un 9 por ciento durante ese período. Sin embargo, para Idesa “los órdenes de magnitud no cambian la sustancia del panorama”. En su informe, la entidad indicó que “la comparación entre la dinámica económica y la social muestra que el PBI cayó un 10 por ciento luego de la devaluación y durante 2003 recuperó toda la pérdida”.

Asimismo, en el primer trimestre de 2004 el PBI desestacionalizado ya estaba un 3 por ciento por encima del promedio de 2001. De todas formas, el estudio dice que debería crecer un 5,6 por ciento adicional para recuperar el valor alcanzado en 1998.

En octubre de 2002 la Encuesta Permanente de Hogares –con los ajustes propuestos por el Ministerio de Economía– registró 18,2 millones de pobres. Sin embargo, al comparar con el promedio de 2001 se observa un incremento en la cantidad de personas pobres de 5,8 millones. “La combinación de devaluación, pesificación y default hizo que en tan sólo un año la pobreza salte del 37,1 al 55 por ciento de la población”, sostiene Idesa.

En este sentido, concluye en que el ciclo expansivo del período 2002-2004 trajo alivio a la situación social, ya que según las cifras oficiales 2,7 millones de personas dejaron de ser pobres. Pero advierte que la reducción de la pobreza representa apenas el 47 por ciento del aumento producido luego de la crisis.