LA MUNICIPALIDAD PIDIÓ LA INTERVENCIÓN DE TRABAJO

La Municipalidad de Santa Fe a través de la Secretaría de Servicios Públicos adoptó en las últimas horas una batería de medidas que apuntan a que el sistema de transporte de pasajeros, que ha sido objeto de diversas denuncias, incremente los controles que la gestión Balbarrey impulsa desde su asunción.

En efecto el pasado viernes comenzó a girarse una circular a las empresas y responsables de las mismas para que ratifiquen o rectifiquen la cantidad de coches habilitados -en circulación o en reparación- que integran cada línea de colectivos, declaración que será a su vez elevada a las autoridades de la provincia para que se ajusten, de ser necesarias, las liquidaciones de pago del subsidio que la Nación paga.

Se supo además que en esta política respecto de las declaraciones juradas será inexcusable su presentación el tercer día hábil de cada mes para poder ejercer un control más estricto sobre esta información que es con la que la Dirección de Transporte de la provincia tramita el pago ante Nación.

Por el trabajo en negro

Por otra parte se conoció el contenido de la nota 125 -fechada hoy 26 de abril- en donde el secretario de Servicios Públicos, Dr. Martín Gainza eleva al secretario de Estado de Trabajo de la provincia, Dr. Alberto Gianeschi, su intervención para dilucidar las repetidas denuncias sobre trabajo en negro que se han conocido en los últimos días.

En su escrito, Gainza eleva “a su consideración las denuncias periodísticas relacionadas con las diferentes líneas que prestan el servicio de transporte urbano de pasajeros en esta ciudad. Las mismas estriban sobre presuntos pagos de sueldos y/o empleo en negro que se estarían dando en estas empresas”.

Luego subraya que “en forma especial en las líneas autogestionarias que bajo la supervisión de la UTA explotan las líneas 5, 9, 10 y 16”, pero pide también que “sea extensiva a la totalidad de las líneas prestatarias”.

En la nota se informa que se adjuntan la declaración jurada del gremio de los choferes donde -de acuerdo con la normativa nacional vigente- la UTA da cumplimiento a las exigencias que regulan en la materia.

El final de la prórroga

También desde la secretaría se remitió otra circular a los responsables de las empresas donde se les informa que a partir del día 12 del corriente mes queda suprimida la prórroga sobre las unidades en reparación que desde hace un par de años beneficiaba a las empresas ya que los coches eran considerados habilitados para cobrar el beneficio del subsidio aunque no circulasen.

A partir de ahora cada desperfecto de cuantía deberá ser comunicado a la Dirección de Transporte la que supervisará la revisión mecánica de la unidad.

Finalmente se instruyó un sumario administrativo al personal de la repartición denunciado, Rubén Duarte, quien junto con Pedro Gatto, delegado del gremio de la UTA en la Línea 9, participaron en un par de oportunidades fotografiando unidades que en realidad estaban desmanteladas haciéndolas aparecer como integrando el servicio de rutina.

Un fiscal impulsará la investigación

Entre el miércoles o jueves próximos, el fiscal Carlos Romero espera presentar un requerimiento de instrucción para que la Justicia investigue si existieron irregularidades en la distribución de los subsidios nacionales que llegan a la ciudad para las empresas de transporte urbano de colectivos.

El 13 de febrero pasado, la Fiscalía N° 6 recibió la denuncia de un ciudadano particular que decidió presentarse ante las sospechas que desde hace tiempo sobrevuela el manejo del dinero en el transporte local.

Por entonces, el caso recayó en el Juzgado de Instrucción N° 5, a cargo del recientemente fallecido Eduardo Giovannini. El juez tomó declaración testimonial a los concejales de Encuentro para Santa Fe, Leonardo Simoniello y Jorge Henn, acerca de un informe que éstos hicieron público a través de su página web, en el que se planteaba la posibilidad de que existieran datos falsos en las declaraciones juradas relativas al número de unidades que circulaban en Santa Fe.

El número exacto de unidades en funcionamiento resulta de suma importancia, ya que está directamente vinculado con los montos que, en concepto de subsidios nacionales, llegan para ser utilizados por los empresarios locales.

Ayer por la mañana, Romero retiró del Juzgado de Instrucción la documentación referida al tema y espera analizarla en las próximas horas. En el expediente, figuran las respuestas que la Dirección de Transporte Municipal y el Ministerio de Agricultura (Magic) dieron en su momento a Giovannini sobre el número de unidades en circulación.

De todos modos, la investigación sobre este delicado caso tendrá que superar un escollo burocrático: con la muerte del juez Giovannini, el Juzgado de Instrucción de la Quinta Nominación está acéfalo, por lo que el resto de los jueces se hacen cargos de las causas que allí se encuentran a medida que van rotando los turnos.

Esto significa que no habrá un magistrado en particular que siga a fondo las investigaciones, sino que el expediente pasará de mano en mano, al menos hasta que aparezca el reemplazante del juez fallecido.

Otra solicitud de concejales

Los concejales Leonardo Simoniello y Jorge Henn, de la UCR-Encuentro, sostuvieron que de persistir la actitud de no brindar explicaciones, por parte de los funcionarios municipales, en materia de transporte, el Concejo deberá “avanzar en forma inequívoca en decisiones que provoquen la investigación de todo lo ocurrido”.

En una extensa nota difundida a los medios, los ediles reconocen que la actual gestión municipal “ha iniciado un intento de sanear y mejorar el control sobre el reparto de los subsidios”, pero que “la seriedad, importancia y gravedad de las denuncias marcan la necesidad de avanzar en forma contundente hacia instancias investigativas que esclarezcan los hechos y que condene a los responsables”.

Cabe recordar que la semana pasada, los concejales de la oposición propusieron un proyecto para intervenir la Dirección de Transporte de la Municipalidad, el cual no fue acompañado por el oficialismo.

“El irregular otorgamiento de subsidios a coches que no se encontraban prestando el servicio no hubiera sido posible sin el aval y participación de la Dirección de Transporte, que habilitaba su cobro con certificaciones que evidentemente no se condecían con la realidad”, remarcaron.

En otro párrafo de la nota, Simoniello y Henn salen al cruce de las declaraciones vertidas por el ex presidente del bloque de concejales del PJ y actual intendente, Martín Balbarrey, quien sostuvo la hipótesis de que hay sectores empresariales peleando por el mercado.

“No se puede ni se debe interpretar esta realidad como una mera disputa entre empresarios, de orden privado y sin ningún tipo de participación municipal o de otros estamentos del Estado”, señalaron.

PRIMER ERROR POLITICO

Los concejales no comparten “el criterio de quienes desde el Ejecutivo manifiestan su decisión de mirar sólo hacia delante, sin entender que existe una continuidad jurídica y política en el manejo del Estado municipal, fundamentalmente con respecto a la gestión anterior”.

A su juicio, el intendente Balbarrey cometió “el primer error político” al aprobar el dictamen de la Comisión para adjudicar a la empresa 7 de Marzo los corredores de las líneas 10, 16 y 5, a través de un mensaje que luego remitió al Concejo y que nunca se trató.

En la última sesión, pocas horas después de conocerse las denuncias sobre presuntas irregularidades sobre coches que se “vistieron” para figurar en el listado de subsidios, el Ejecutivo retiró, precisamente, el expediente donde solicitaba la autorización del cuerpo para concesionar esas líneas.

Para los ediles, fue “un reconocimiento manifiesto de las falencias e irregularidades de todo el procedimiento que fuera realizado sin autorización expresa del Concejo Municipal, mientras éste se encontraba en sesiones ordinarias”.

En su oportunidad, los concejales se presentaron a la Justicia en virtud de que se había contratado un estudio a una consultora privada para la elaboración de los pliegos de licitación del transporte “violentando las normas vigentes y abonándose una suma aproximada de 70.000 mil pesos y que le permitía el ingreso a la ciudad a una empresa monopólica (Grupo Plaza) para la prestación del servicio”.

“Abogamos por el esclarecimiento de los hechos, reclamando a quienes les corresponda la investigación, con el objeto de evitar que pudieran quedar sin responsables los delitos que afectan no sólo a intereses privados, sino también al de todos los vecinos de la ciudad”, concluyen.