LA NACIÓN IMPUGNARÁ EL ESTUDIO DEL BANCO MUNDIAL

En medio del pico de tensión en que se encuentran las relaciones entre Argentina y Uruguay, el canciller Jorge Taiana recibió ayer a una delegación entrerriana en Buenos Aires. Luego de la reunión se anticipó que también el gobierno nacional evalúa impugnar el estudio de impacto ambiental acumulado de la Corporación Financiera Internacional (CFI) –dependiente del Banco Mundial– que dictaminó que las celulosas de Fray Bentos no tendrán un impacto significativo sobre el medio ambiente de la región.

En el encuentro Taiana ratificó que el tema de las papeleras es “causa nacional” e informó de los reclamos efectuados formalmente por la Nación al Uruguay para que se detenga la construcción de las fábricas de Botnia y ENCE. Uno de estos reclamos fue contestado en duros términos ayer por el gobierno oriental.

La Cancillería también expresó –esta vez en un comunicado– que la continuidad de las obras “pone en riesgo la tradicional cooperación entre la Argentina y Uruguay en todos los niveles”.

En la reunión mantenida en el Palacio San Martín se informó que “el gobierno nacional reiteró el pedido de suspensión de la construcción de las obras y advirtió que existe una controversia por la interpretación del Estatuto del Río Uruguay, lo que abre el camino jurídico alrededor de la cuestión”. Esta vía jurídica seguiría con una presentación ante la corte internacional de La Haya.

Del encuentro también participaron el vicecanciller Roberto García Moritan; el encargado de Asuntos Ambientales de Cancillería, Raúl Estrada Oyuela; el gobernador Jorge Busti, el vicegobernador Pedro Guastavino; el intendente Daniel Irigoyen y representantes de la Asamblea Ambiental Ciudadana de Gualeguaychú, entre otros asistentes.

En contacto con la prensa, Taiana calificó de “particularmente útil” la reunión en razón de que el diálogo “posibilita tener mayor información sobre un tema que sigue siendo una causa nacional”.

Posteriormente Busti informó que la Cancillería “comparte la posición crítica al último informe de la CFI”, por lo que “se espera que el gobierno nacional impugne ese estudio”.

Los asambleístas aseguraron que seguirán con la metodología de protesta implementada los últimos días, consistente en los cortes del tránsito que se dirige al Uruguay, a pesar de las críticas de funcionarios del vecino país e incluso de funcionarios de la Cancillería argentina.

La respuesta uruguaya

El canciller de Uruguay, Reinaldo Gargano, respondió ayer una de las dos notas de protesta presentadas por el gobierno argentino por la instalación de las celulosas. En el texto, los orientales ratificaron la decisión de continuar con la construcción de las plantas y remitieron a la Memoria Anual del Estado de la Nación Argentina de 2004 (capítulo 4.5.4), donde se indicaría que existe un “acuerdo que soluciona las diferencias” existentes sobre el tema.

La carta de Gargano está dirigida al embajador argentino en Montevideo, Hernán Patiño Mayer, y es en respuesta a una queja que el gobierno argentino envió el 14 de diciembre, que no trascendió hasta las últimas horas.

Argentina había argumentado que la construcción de las papeleras vulnerarían “las obligaciones asumidas por la República Oriental del Uruguay en virtud del derecho internacional general y del Estatuto del Río Uruguay de 1975”.

Uruguay, en una respuesta que incluso se publicó en el sitio web de la Presidencia, desestimó el reclamo porque “no se individualizan concretamente las normas jurídicas presuntamente vulneradas, lo cual deja al acto de protesta carente de fundamento y valor jurídico”.

Agregó, además, que “los estudios técnicos de impacto ambiental realizados hasta ahora, y que fueron puestos a disposición de la República Argentina, confirman que no se producirán afectaciones significativas al ambiente en las áreas de influencia correspondientes a las obras proyectadas”.

Más adelante los orientales ratificaron “su firme voluntad política de realización de las obras, sin perjuicio de continuar avanzando en el diálogo bilateral”.

También negaron haber ocultado información relacionada con las plantas y mencionaron que “en la Memoria Anual del Estado de la Nación Argentina del año 2004 (capítulo 4.5.4), se indica que se ha alcanzado un acuerdo que soluciona las diferencias referentes a la instalación de una planta de celulosa en Fray Bentos”.

También aluden al Grupo Técnico de Alto Nivel que acordaron los presidentes de ambos países para evaluar el impacto de las fábricas, pero aclararon que este ámbito “no ha sido constituido como foro de negociaciones”.