LA NUEVA CORTE ABRIÓ EL DEBATE DE LOS CONTRATOS DE LAS PRIVATIZADAS

La nueva Corte Suprema, que quedará integrada a pleno con el ingreso de Elena Highton y Carmen Argibay, comenzará a analizar en pocos días un tema sensible: el incumplimiento de contratos por parte de las empresas privatizadas.

En el plenario realizado ayer, los jueces del Tribunal decidieron que —cuando se incorporen las nuevas juezas— convocarán a una audiencia pública de conciliación entre la municipalidad de Berazategui y la empresa Aguas Argentinas. El planteo judicial había sido presentado en primera instancia por el municipio ante el incumplimiento del contrato de construcción de una planta depuradora de líquidos cloacales.

El caso que analizará la Corte incluye el cuestionamiento de una prórroga dispuesta en 1997 por la entonces secretaria de Recursos Naturales, María Julia Alsogaray, durante el gobierno de Carlos Menem. Según fuentes del Tribunal, se trata de una renegociación que fue criticada por el Banco Mundial.

En setiembre pasado, la sala 2 de la Cámara Federal de La Plata emplazó a Aguas Argentinas para que construya en Berazategui la planta depuradora. “En un año y medio la obra debe estar terminada”, sentenció la Cámara. Ese plazo vence en marzo del 2005, pero la empresa apeló esa resolución ante la Corte.

Por eso, la decisión de los jueces de intentar una conciliación no es una mala noticia para Aguas Argentinas, porque le permitirá tratar de prolongar ese plazo, y poder cumplir así con la medida ordenada por la Cámara.

En la causa iniciada por el municipio de Berazategui se exigía “el inmediato cese de la contaminación de las costas” del Río de la Plata, y se reclamaba un resarcimiento millonario “por los daños ambientales causados”.

En Berazategui viven más de 280.000 personas, y su costa en el río, de 22 kilómetros, es una de las más grandes entre los municipios bonaerenses. Sin embargo, los vecinos no pueden aprovecharla, porque a unos 2.500 metros hacia el este en el río está la boca de un desagüe cloacal, donde desagotan 25.500 litros por segundo de desechos que llegan de Capital y el sur del GBA.

Esto provocó una mancha en el río de un kilómetro y medio de ancho que, según el municipio, representa un peligro para la población de la zona.

En declaraciones recientes, voceros de la empresa señalaron por su parte que en el acta—acuerdo firmada el mes pasado con el Gobierno nacional se establece la creación de un comité que estudiará cómo resolver la construcción de la planta.

El contrato de concesión original establecía que debía estar lista para 1998. Pero en 1997 la secretaria de Medio Ambiente dispuso prorrogarla para 2018, porque antes se debían realizar otras obras del Plan de Saneamiento Integral. Según Aguas Argentinas, se hizo la mitad de esos trabajos, pero luego no se pudo seguir porque la crisis de fines de 2001 motivó la actual renegociación del contrato.

Lo cierto es que ahora la Corte tomó en sus manos el tema, e intentará una conciliación. De no arribar a un acuerdo, deberá resolver sobre el fondo de la cuestión, esto es, sobre si hubo o no un incumplimiento del contrato. Según fuentes del Tribunal, será el primero de una serie de planteos vinculados a los servicios de las empresas privatizadas.