LA NUEVA JEFE DE POLICÍA ADVIERTE: "EL QUE ROBA SE VA"

“El que roba se va. El funcionario policial que se detecte usando su cargo para obtener dinero ilegalmente se va. Este es el mensaje del gobernador y yo lo tomo como una orden”. Leyla Perazzo esgrime el argumento con la misma firmeza con la que se quejará de que la policía está “golpeada y maltratada” en sus condiciones laborales y en la consideración pública. Esta abogada y policía retirada con el grado de comisario mayor tiene 61 años, es casada y tiene una hija de 26 años discapacitada. En el primer gobierno de Jorge Obeid fue elegida para encabezar la Dirección de Asuntos Internos y tras seis años en ese cargo el gobernador entrante la convirtió en la primera mujer del país que comandará una policía provincial. Dice que a la fuerza santafesina la integran mayoritariamente empleados honrados “hartos de que de una vez por todas no se diga quién es quién y quiénes deben irse. Hartos de trabajar 14 horas sin dormir para que después se los categorice como ladrones o coimeros”. Dice que aprendió mucho de la fuerza en su paso por Asuntos Internos pero que su gran asignatura pendiente es, por limitaciones legales, la investigación del enriquecimiento ilícito de uniformados. También remarca, al final, que nunca pudo probar la existencia de cajas negras en la fuerza.

-Usted advierte que el que roba se va. Pero los destinatarios de ese discurso están algo habituados a oírlo.

-En Asuntos Internos parecía que no se iba a lograr nada. En seis años traspasamos al poder político toda la información de seguridad demostrando que se pueden hacer operativos exitosos dentro de la ley. No creo en las purgas, ni en las arbitrariedades. Soy abogada y pienso como abogada. Un policía se tiene que ir con una sentencia que diga que es responsable de un delito y no ser una víctima de la administración. No me gusta tener a 410 policías con auto de procesamiento firme, pero la ley no permite desplazarlos sin condena. Que haya 200 cesantías contra policías dictadas en los últimos años me reconforta, porque me demuestra que el sistema funciona. No se gana nada separando a una persona arbitrariamente de la fuerza.

-Se percibe que si se combate la corrupción policial, es hacia los niveles escalafonarios bajos y nunca hacia los altos. Quienes más dicen eso son policías.

-No es así. Bueno, es lógico que haya más procedimientos hacia los niveles más bajos por la simple razón de que miembros de niveles altos hay menos.

-Pero en los altos uno no conoce casi ninguno.

-No, escúcheme… en esta policía hay oficiales superiores procesados y con condenas. Y comisarios principales que están al borde de ser procesados.

-Doctora, ¿hay algún comisario general, mayor o inspector investigado por enriquecimiento ilícito en la provincia?

-Investigados hay más de 15. Si vamos a lograr una condena, depende del dictado de las normas. Tuvimos un caso testigo (no lo mencionará, pero se refiere al comisario mayor retirado Rodolfo Isach) en el que el fiscal pidió la apertura a juicio, el juez lo procesó y la Cámara de Apelaciones revocó el procesamiento, fundamentando que desde la administración no se había hecho el requerimiento de justificación (de su patrimonio) previo. Y le restó al juez la capacidad de requerir esa justificación. El tema del enriquecimiento ilícito me preocupa, porque es un tipo penal que no tiene condenas en el país. Busque y si encuentra dos condenas lo felicito. Lo que yo pretendo, ahora desde otro cargo, es que haya un procedimiento y una regla de investigación clara que me permita acceder a la información necesaria. Lo único que puedo obtener hoy es información de los registros públicos, que no sirve. Se necesita información sobre cuentas bancarias, tarjetas de crédito, transferencias a cuentas en el exterior, operaciones de bolsa: todas actividades amparadas por secreto fiscal y de seguridad bancaria. Eso requiere, entonces, normativa que permita dirigirse a un juez para que se revele ese secreto. Además hay que investigar a quienes rodean al presunto enriquecido: madre, esposa o conviviente. Si queremos que investigar estos sea conducente -y no que sirvan solo para gastar dinero del Estado- tenemos que darles un marco legal

-Usted diferencia la inseguridad de la sensación de inseguridad. Pues bien: hay también una sensación de corrupción en una franja de oficiales altos. Que es muy visible aunque no tenga estado judicial. Tienen posesiones que no condicen con lo que ganan y lo que aportan en impuestos.

-Es que es así. Por eso, una correcta investigación permitiría conocer el origen legal o ilegal de los fondos de lo que tiene un policía. Pero tenga en cuenta que hay situaciones singulares. Hay policías que ganan mil o 2 mil pesos. Pero hay muchos matrimonios de policías que redondean entre ambos los 4 mil pesos de ingreso.

-Pero a veces con 4 mil pesos tienen 4×4, casas de fin de semana, cuentas bancarias suculentas, embarcaciones…

-A propósito de las dificultades, cada vez que pido informes al Registro Nacional de Yates me contestan que tengo que dar el nombre de la embarcación y no del propietario. Pero resumiendo: como directora de Asuntos Internos la investigación del enriquecimiento ilícito es para mí una asignatura pendiente.

-¿Qué quebrantos y qué ventajas ve en la policía que va a conducir?

-Como ventajas, que es una policía muy joven. El 60 por ciento de la fuerza es menor de 40 años. Con gente incorporada con formación secundaria y ganas de aprender. Con programas de educación avanzados. La segunda ventaja es que esta policía está harta de ser discriminada, de ser mezclada con situaciones con las que no tiene nada que ver. De trabajar 14 horas sin dormir y que después se los categorice como ladrones o coimeros. Harta de que de una vez por todas no se diga quién es quién y quiénes deben irse. Eso es una ventaja. Como desventaja apunto la gran descomposición social y la crisis de autoridad: todo lo que sea poner orden es tomado en estos momentos como represión entre comillas. La sensación de inseguridad es otra desventaja. Uno sabe como combatir los hechos, pero transformar las sensaciones requiere de mucho esfuerzo de todos.

-¿Y qué mirada pública cree que hay de la policía?

-Si mido por los trabajos de relevamiento que yo hago, la calificación que ponen en las encuestas es un 7 o un 8. Siempre se califica menos en los sectores de menores recursos.

-¿Por qué será?

-Yo creo que los sectores de menores recursos se creen agredidos por todos lados. Sienten que no tienen derecho a la justicia o a la seguridad. Que quien va a investigar un delito lo va a agredir. Y eso deriva del error garrafal de identificar pobreza con delincuencia. Yo tendré que apelar mucho para cambiar esto.

-En las seccionales rosarinas que cubren áreas más pobres la denuncia de maltrato policial es continua.

-Yo tengo la misma percepción que usted. La tengo por la gente que viene aquí. Las quejas mayores son maltrato, falta de consideración, descortesía.

-¿Apremios físicos no?

-No, eso ha disminuido. Se nota también en las fiscalías que es así.

-¿Pero han disminuido porque han disminuido, o porque no se denuncian por miedo?

-No, porque han disminuido. Pero las denuncias hay que hacerlas, porque si no el mapa del delito no se integra nunca. Pero además vea: en Asuntos Internos tenemos una sección que se llama Prevención Comunitaria que recoge opiniones de la gente. Para lo que usted dice me dio resultado poner en juego la información recogida allí. Las bases de datos centralizadas son fundamentales porque si yo tengo el nombre de un empleado que en varios destinos tuvo denuncias, pongamos por apremios, aunque no haya tenido condena yo puedo actuar porque tengo un indicador. Hicimos auditorías de todas las comisarías. Si yo veo que hay una comisaría desordenada, sucia y con maltrato al público, puedo mandar a tres oficiales preparados a hablar con comerciantes o vecinos de la jurisdicción. Y si constato que lo que se plantea es cierto no necesito una sentencia judicial para decir que ese funcionamiento no anda.

-Hay en la Unidad Regional II gente que ha sido relevada por denuncias de delitos reiterados y ahora dirige alguna comisaría o alguna repartición en Jefatura. Tienen esos antecedentes, no hubo condena y siguen. ¿Se propone actuar sobre eso?

-Claro. La experiencia de Asuntos Internos nos permitió saber que si nos ateníamos solamente a la judicialidad, y no también a lo que la gente piensa, no íbamos a lograr nunca un resultado positivo. En la planilla de auditoría nosotros no solamente incorporamos el delito y el empleado denunciado, sino también el testigo. Y eso es para despejar la mentira de que al policía lo denuncia solamente el delincuente.

-Doctora: ¿hay un sistema institucional de recaudación ilegal, desde abajo hacia arriba, en la policía provincial?

-Yo no lo he podido probar nunca. He hecho un desgaste administrativo y judicial enorme. Nadie ha aportado nada positivo. Si se logra una forma de investigar fluidamente el enriquecimiento ilícito va a ayudar. Creo que puede haber sectores involucrados en esto: hay policías que cometen delitos y delitos graves. Pero no institucionalmente. Si existe, le doy mi palabra de honor que conmigo no va. No lo voy a tolerar. Y si veo que eso pasa por arriba mío, me voy a mi casa.