“LA NUEVA LEY EDUCATIVA NO SERÁ UNA VUELTA AL VIEJO SISTEMA”

A trece años de la puesta en marcha de la Ley Federal de Educación, el gobierno nacional planteó la necesidad de impulsar un nuevo instrumento legal que subsane los problemas acarreados con la norma y que adecue el sistema educativo al actual modelo de crecimiento del país.

La senadora nacional Roxana Latorre, una de las impulsoras del debate desde la Comisión de Educación de la Cámara Alta, dejó en claro que no se volverá al viejo sistema de primaria-secundaria. “Esto no es una vuelta al pasado”, dijo categórica. “Debemos seguir para adelante, mejorando lo que está, porque no se puede tomar a las escuelas como conejillos de Indias”, aseguró.

Advirtió que “lo importante es no demonizar la Ley Federal, que implicó tomar conciencia de la necesidad de cambio de un sistema que estaba fuertemente centralizado”.

En cambio, amplió que “la idea es que la nueva norma permita superar la fragmentación y la baja calidad general del sistema, en consonancia con la mayor inversión destinada por la Ley de Financiamiento Educativo”.

Según adelantó, la pretensión es que en el segundo semestre de este año el Congreso Nacional pueda estar debatiendo el proyecto de ley.

Con ese objetivo, el ministro de Educación de la Nación, Daniel Filmus, aseguró que en mayo comenzará un proceso de consultas sobre el proyecto de ley, por espacio de seis meses, para buscar consensos con todos los sectores de la educación y de la sociedad.

El ministro puso estos plazos en el marco de una reunión de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, que preside la diputada kirchnerista Blanca Osuna. Pero el espacio de debate no está abierto sólo en ese frente.

Por un lado, el Consejo Federal de Educación -representante de las 24 jurisdicciones educativas del país y del ministerio nacional- viene analizando el tema desde hace un tiempo. Y esta semana los senadores nacionales del Frente para la Victoria llevaron a cabo el “Foro hacia un nuevo proyecto educativo nacional”, con la presencia de prestigiosos expertos en materia educativa.

La legisladora santafesina destacó que “la Ley Federal permitió una mayor masificación de la educación por el ingreso de más chicos a las escuelas. Esto es positivo, por un lado, pero tuvo como contrapartida la baja de la calidad de enseñanza”.

Por eso anticipó que “igualdad y calidad” serán dos ejes a los que apuntará la nueva norma, “entendidos como procesos diferentes que lleven a un sistema equivalente”.

Para lograr la igualdad se necesita más inversión en aquellos establecimientos con carencias, y menos en otros que se autoabastecen. “Estos objetivos están bien planteados en la Ley de Financiamiento Educativo”, dijo la senadora.

Según refirió, a 13 años de la implementación de una de las leyes educativas más cuestionadas, resulta pertinente hacer una readecuación de la misma “a un nuevo modelo de crecimiento de país basado en la sociedad del conocimiento, y articulando los sistemas educativo y científico tecnológico”.

“Sobran los diagnósticos sobre la Ley Federal”, indicó, al tiempo que dijo que “ahora, concretamente, hay que volcarlos a propuestas, capitalizando la experiencia”.

Puntos básicos
El debate que bajará también a las distintas provincias pretende convocar a todos los representantes del sector educativo, incluidos los docentes y los gremios.

Desde algunos ámbitos, sin embargo, están expectantes sobre si la nueva norma realmente acarreará cambios cualitativos o será nada más un lavado de cara y una modificación de nombre (se maneja el de “Ley Nacional de Educación” en lugar de “Ley Federal”).

Al respecto, Latorre fue taxativa: “Se están analizando cambios cualitativos, como extender la obligatoriedad al Polimodal, volcar más recursos al sistema y capacitar a docentes”, detalló.

“El concepto es no sólo incorporar más chicos, sino que éstos egresen con mayor calidad. Y esto tiene que ver también con la capacitación de los maestros. En el país hay 1.300 institutos de formación del magisterio, además de las universidades y sobre ellos habrá que actuar”, destacó.

“La realidad hoy nos dice que al haberse orientado la economía más a la industria que a los servicios, existe una necesidad acuciante de mano de obra calificada. Por lo tanto, la cartera educativa también trabaja en conjunto con el Ministerio de Trabajo para implementar de la mejor manera la Ley de Educación Técnico Profesional sancionada el año pasado”, cerró.

Marcha de docentes jubilados
El plenario de la Ctera realizado esta semana, en Santa Rosa (La Pampa), resolvió convocar para el día 23 de mayo a una marcha nacional de docentes jubilados y en actividad, en reclamo de la recuperación de la movilidad del 82 por ciento y del resto de los índices jubilatorios.

La marcha se iniciará a las 12, en el Ministerio de Educación, y culminará frente al Congreso de la Nación. Como etapa preparatoria de la misma se llevarán a cabo actos y encuentros públicos en las distintas provincias, organizados por los centros de jubilados de las entidades de base de Ctera. Ctera resolvió, asimismo, llamar a partir de la primera semana de mayo a encuentros regionales para avanzar en la definición de los contenidos de la nueva Ley Nacional de Educación, que promueve esta Confederación, para avanzar hacia la derogación de la Ley Federal. Y avanzará en la constitución con representantes de las distintas regiones del país, de los equipos de seguimiento de la aplicación de la Ley de Financiamiento Educativo.

Repudio a los graves episodios en la UBA
El Consejo Superior de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), a través de una resolución aprobada por unanimidad, repudió en la sesión de ayer las acciones que han impedido el desarrollo de la Asamblea Universitaria de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Además, se rechazó cualquier intento de afectar el normal funcionamiento de los órganos de gobierno de la UBA y exhortó a toda la comunidad universitaria a utilizar los mecanismos democráticos para expresar los disensos.

El máximo órgano de conducción de la UNL adhirió a las declaraciones realizadas la semana pasada por en Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) sobre el conflictivo proceso electoral de la UBA.

“La UBA es una referencia en el marco del sistema universitario nacional y por ello el perjuicio a su autonomía y a la posibilidad de elegir sus autoridades democráticamente, son motivo de alerta para el sistema universitario en conjunto”, expresa el documento elaborado por los rectores, quienes a la vez solicitaron a “las autoridades de la UBA que implementen las medidas a su alcance para garantizar el normal desarrollo del proceso electoral y al gobierno nacional que asuma las responsabilidades que le son propias y para las cuales goza de legitimidad: garantizar la seguridad de las instituciones y de las personas y velar para que se aseguren las prácticas democráticas”.